Crearía un censo al margen de España

Torra gastará 700.000€ en una identidad digital catalana de dudosa legalidad

El despliegue de identidad biométrica, los análisis de seguridad informática y el coste de mantenimiento operativo quedan sin presupuesto concreto, aunque son la base del proyecto

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un desayuno este jueves en Madrid. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un desayuno este jueves en Madrid. (EFE)

La Generalitat de Quim Torra gastará cerca de 700.000 euros en explorar vías para crear una identidad digital catalana de dudosa legalidad y que operaría al margen de cualquier Administración, al utilizar la tecnología de certificación informática Blockchain, según han avanzado fuentes del sector de telecomunicaciones. Esta identidad digital catalana permitiría, en el momento de estar plenamente operativa, disponer de un censo de los catalanes que se hubiesen inscrito y que sus miembros pudiesen votar o interactuar con una Administración de forma invulnerable a la intervención de cualquier Gobierno. El proyecto lo impulsa el 'conseller' de Políticas Digitales y de Administraciones Públicas, Jordi Puigneró.

Torra gastará 700.000€ en una identidad digital catalana de dudosa legalidad

Este proyecto, en el fondo, supone solo una exploración, ya que los 700.000 euros, que surgirían de un convenio firmado entre la Conselleria de Políticas Digitales y el Consorcio Administración Oberta de Catalunya, serían solo la punta de lanza, el primer paso en esta dirección. De hecho, fuentes de la 'conselleria' explican que esa partida presupuestaria deja fuera el despliegue de identidad biométrica, los análisis de seguridad informática y el coste de mantenimiento operativo. Es decir, el 90% del proyecto nace sin presupuesto concreto. Se ha presentado una batería de preguntas a la Conselleria de Políticas Digitales, pero sus portavoces han declinado realizar cualquier comentario, alegando que el proyecto se presenta de manera oficial este sábado.

Lo peor no es la falta de realismo del nuevo plan informático que Torra presentará este sábado, ni la lentitud del despliegue —son 700.000 euros en tres años, entre 2019 y 2021— sino la ausencia de una garantía legal de que este dinero vaya a servir para algo. Hasta ahora, esta tecnología Blockchain no se ha impuesto en ninguna Administración. El intento más serio en este sentido lo ha intentado llevar a cabo el Ayuntamiento suizo de Zug, pero no ha prosperado.

La intención de la Generalitat es que la nueva identidad digital de los catalanes que se apunten a este fenómeno pueda servir para interactuar con la Administración española y con la europea. Pero para operar en el marco de la UE se necesita que un país miembro reconozca el sistema como tal, y la Generalitat carece de garantías en este sentido.

Pero la Generalitat habría fomentado por esta vía la creación de un censo de catalanes sobre el que ninguna Administración, tampoco el Gobierno español, podría hacer nada. En teoría, esta identidad digital funcionaría tanto en el ámbito público como en el privado, operando a través de un 'wallet' desde el teléfono móvil.

El 'conseller' de Políticas Digitales y de Administraciones Públicas, Jordi Puigneró. (EFE)
El 'conseller' de Políticas Digitales y de Administraciones Públicas, Jordi Puigneró. (EFE)

Zug lanzó su proyecto pero no consiguió que fuese adoptado por el resto de administraciones suizas, y este tipo de tecnología si no se extiende fracasa. De hecho, en los servicios jurídicos de la Generalitat hay serias dudas de que la propia Generalitat, como Administración española que es, pudiese interactuar con el sistema que ella misma habría lanzado, ante la falta de un marco legal que le diese cobertura, según apuntan fuentes de la Administración catalana.

Concurso público

Otras fuentes no oficiales de la Conselleria de Políticas Digitales explican que la intención es lanzar una especie de concurso público denominado “compra pública pre-comercial”, de manera que el proyecto se encarga de manera total o parcial a varias empresas privadas y la Generalitat puede ver quién de los licitantes puede desarrollar la tecnología necesaria para llevarla a cabo.

No hay precedentes en España de un sistema así, que además resulta más caro, porque a los que no ganen también hay que acabar pagándoles el trabajo realizado hasta el momento en que queden descartados. Sin embargo, en entornos de alta tecnología se considera un modo más competitivo de llevar a cabo proyectos de alta complejidad.

Sin embargo, el principal problema estriba en el enorme riesgo de que el proyecto de identidad digital catalana no cumpla sus objetivos más básicos.

Paralelismo con Waterloo

El proyecto de identidad digital catalana de la Generalitat tiene inquietantes paralelismos con el registro digital que impulsa el Consell per la República que preside Carles Puigdemont desde Waterloo. Ambos utilizan tecnología Blockchain y de identificación biométrica, ambos estructuran un censo de catalanes y los dos permitirían, en teoría, llevar a cabo votaciones a través del móvil con total seguridad.

Puigneró es un asiduo visitante de la mansión de Waterloo. Y tanto Puigneró como Puigdemont han defendido siempre la necesidad de que exista una “república digital”, un entorno informático aislado de España donde la comunidad catalana pueda ejercer su identidad sin cortapisas. Portavoces de la conselleria de Políticas Digitales también han evitado aclarar las posibilidades de convergencia tecnológica de ambos proyectos.

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