PENÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS ANTES DEL 10-N

Traca final del Gobierno de Sánchez contra el independentismo a 10 días de las elecciones

El Ejecutivo aprueba una batería de medidas para acorralar al separatismo: decreto para cortar la república catalana, impugnaciones ante el TC y defensa de los agentes en los tribunales

Foto: La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, durante su rueda de prensa de este 31 de octubre. (EFE)
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, durante su rueda de prensa de este 31 de octubre. (EFE)

Pedro Sánchez es plenamente consciente de que las elecciones generales del 10-N se juegan en Cataluña. En buena parte, era el escenario que sus estrategas de campaña quisieron, pero también el que ha venido dado por la convulsión producida por la sentencia del 'procés'. El viento, sin embargo, no acaba de soplar a favor del PSOE, según indican las encuestas de institutos privados. Y la oposición conservadora no deja de acusar al presidente de tibieza y de meterle presión para que adopte medidas más duras contra el independentismo. Así que el Gobierno se ha reservado munición gruesa para el penúltimo Consejo de Ministros antes de los comicios. Por un lado, aprueba un real decreto ley para cortar de cuajo los intentos del Govern de construir una república digital.

Por otro, lleva al Tribunal Constitucional dos acuerdos de la Mesa del Parlament que incumplirían sentencias y pronunciamientos previos de los magistrados. Un tercer flanco es que solicita un informe al Consejo de Estado para impugnar otra resolución aprobada por el pleno de la Cámara catalana que cuestiona la sentencia contra los líderes separatistas. Y por último encomienda a la Abogacía General del Estado que asuma la defensa de policías y guardias civiles en los procedimientos que se abran en su contra por su actuación en Cataluña. Una auténtica traca final contra el secesionismo orientada, también, a sortear las críticas de las derechas. Todo ello a diez días del 10-N y a escasas horas de que arranque la campaña electoral. El PSOE intenta crecer por el centro y arañar votos a Ciudadanos, la codiciada bolsa de sufragios que se disputa con el PP.

La primera medida es la que anunció Sánchez este jueves en Onda Cero. Un real decreto ley para impedir la construcción de una república catalana en Internet. Norma que entra en vigor el mismo día de su publicación, el próximo martes, 5 de noviembre (en plena campaña), y que deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mes. Nada se había hablado de él previamente. Era un golpe de efecto que el candidato se había guardado y que activó ahora, a las puertas del 10-N. De hecho, como relató después en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, fue un asunto que llevó él mismo en mano a la reunión semanal del Gabinete.

[Consulte aquí en PDF el contenido del real decreto ley aprobado este jueves]

El real decreto ley de seguridad en materia de Administración electrónica, contratación de las Administraciones Públicas y telecomunicaciones —ese es su nombre completo—, "enjudioso y complejo", ha implicado el trabajo de siete ministerios. Consta de un preámbulo y un texto con seis artículos, una disposición adicional, tres transitorias y tres finales. Entre las medidas recogidas, se encuentra la configuración del DNI, con "carácter exclusivo y excluyente", como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación de todos los ciudadanos españoles.

El decreto pretende configurar el DNI como único documento de identificación válido y garantizar que los servidores de la AAPP estén dentro de la UE


También obliga a que todas las Administraciones Públicas ubiquen sus servidores dentro de la Unión Europea, y no en paraísos digitales. Con ello se pretende garantizar la seguridad pública de los datos personales, tanto a nivel vertical entre administraciones cuando traten datos personales como a nivel horizontal, entre ciudadanos y administraciones. Asimismo, se regula la contratación pública (para reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales) y se introdocen medidas para consolidar la seguridad en materia de telecomunicaciones. Calvo defendió que el Gobierno opera en el "ejercicio estricto de sus competencias" y sin afectar a los poderes de otras administraciones. Las medidas son "adecuadas y proporcionadas" a las necesidades, abundaba una nota posterior de la Moncloa.

"Reaccionar cuanto antes mejor"

La pregunta obvia era por qué la urgencia de aprobar ahora el real decreto ley y qué información tiene el Ejecutivo de maniobras últimas de la Generalitat que justifiquen esa premura. La vicepresidenta no quiso ser clara. Se escudó en que la Estrategia de Seguridad Nacional, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2017, identifica las ciberamenazas y el espionaje como uno de los principales riesgos que socavan la seguridad nacional, y ello obliga al Ejecutivo a adoptar medidas. "Es un trabajo que venía de largo pero hay ya situaciones que nos preocupan" y se trata de "reaccionar cuanto antes mejor". No dijo qué situaciones son esas. "Pongámoslo del revés: si este Gobierno en funciones no lo estuviera haciendo, estaríamos faltando a nuestra responsabilidad y a lo que prometimos cuando asumimos el cargo, la defensa de los intereses generales del país", sentenció la número dos.

El Gobierno dice responder a situaciones que le "preocupan" y para prevenir daños "irreparables", pero no concreta cuáles ni detalla la urgencia

Calvo eludió, por tanto, todas las preguntas de los informadores acerca de qué datos tiene el Gobierno de cómo está actuando la Generalitat, si tiene localizadas webs que infringirían la legalidad. Fuentes del Ejecutivo sí reconocieron posteriormente que tienen conocimiento de que hay páginas alojadas en servidores fuera de la UE, en paraísos digitales, como en la Isla de Nieves.

Traca final del Gobierno de Sánchez contra el independentismo a 10 días de las elecciones

El real decreto afectaría de lleno a Republicat.cat, cuyos sistemas que dan servicio estarían situados fuera de la Unión, o IdentiCAT, el proyecto de "identidad digital soberana" que presentó la Generalitat el pasado septiembre y que persigue "empoderar" a la ciudadanía para que, a través de una aplicación de móvil, aquellos que lo deseen gestionen su identidad digital y los datos que ceden a las administraciones públicas o a empresas privadas. "No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea. Tenemos que conocer desde dónde sale la información, quiénes la manejan, con qué fines y por qué", sostuvo la vicepresidenta. Y continuó: "Tenemos que identificar cada vez más y mejor en eso que llamamos ciberamenazas, espionaje, la utilización de datos principalísimos".

Calvo señaló que se trata de proteger también los procesos electorales, aunque fuentes del Ejecutivo apuntaron que no se cierne una amenaza directa sobre los inminentes comicios del 10-N. El decreto ley persigue, por tanto, actuar de manera más rápida y eficaz contra la construcción de un Estado paralelo en las redes. No está pensado para actuar contra plataformas como Tsunami Democràtic, que agita las protestas contra la sentencia del 'procés' y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por terrorismo. Pero si la Generalitat le cediese datos a este tipo de operadores privados entonces sí que se podría castigar.

Un "155 digital"

El Gobierno, en suma, pretende cortar las alas a la república digital catalana antes de que sea más tarde, para prevenir daños "irreparables", y en defensa del interés general. Por eso actúa con carácter de urgencia, siguió Calvo, sobre todo teniendo en cuenta que pueden pasar días o semanas hasta que se forme un nuevo Ejecutivo. Pero hasta que eso ocurra el actual Gabinete en funciones seguirá estando operativo y podrá seguir tomando decisiones, como la adoptada hoy. La vicepresidenta, por tanto, no logró explicar qué mueve a Sánchez a actuar ya mismo, sin demora. La maniobra del presidente-candidato tuvo, no obstante, su inmediata réplica en Cataluña, puesto que el 'conseller' de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, consideró un "golpe de Estado" el decreto ley, un "155 digital".

El Ejecutivo apremia al TC a que se dirija a la Fiscalía para determinar si hay responsabilidad penal en el incumplimiento de sentencias

La ofensiva del Ejecutivo socialista se completó con el resto de medidas aprobadas este jueves contra el independentismo. En primer término, el Consejo de Ministros lleva al Tribunal Constitucional, a través de tres incidentes de ejecución de sentencia, dos acuerdos de la Mesa del Parlament. El primer acuerdo es de 22 de octubre, cuando el órgano rector de la Cámara autonómica admitió a trámite la propuesta de resolución de ERC, Junts per Catalunya y la CUP, que incidía en la reprobación de la monarquía, el derecho de autodeterminación y la "pretendida soberanía del pueblo catalán". Los grupos de la oposición recurrieron esa admisión a trámite, pero la Mesa decidió el pasado 29 de octubre mantener el debate de esa moción en el orden del día, por lo que esta se discutiría en un pleno posterior a las elecciones del 10-N.

[Consulte aquí en PDF los detalles de la impugnación ante el TC]

El Ejecutivo considera que con estos acuerdos la Mesa incumple dos providencias del TC y varias sentencias, así que le pide que actúe. Calvo recordó que, a instancias del Gobierno, el tribunal de garantías ya había apercibido al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, al secretario general y a los demás miembros de la Mesa de que no podían tramitar iniciativas que incumpliesen sentencias previas. Tenían el deber de paralizarlas, y no lo hicieron.

Traca final del Gobierno de Sánchez contra el independentismo a 10 días de las elecciones

"Obviamente, estamos hablando de la posibilidad de cometer delitos", incidió la número dos del Gabinete. Por eso el Consejo de Ministros solicita al TC que estudie si el órgano rector de la Cámara traspasó la línea y se dirija a la Fiscalía para que estudie si hay responsabilidad penal en el incumplimiento reiterado de sus resoluciones.

Recurre antes del debate en pleno

La novedad estriba en que el Gobierno no se espera a que el pleno del Parlament debata la moción independentista. Esa era la idea de la Moncloa hace muy pocos días: entonces, fuentes gubernamentales señalaban que el Ejecutivo actúa a partir de "hechos", resoluciones aprobadas. Calvo argumentó que el Gabinete entiende que es el momento de "atacar jurídicamente", porque la Mesa incluyó en el orden del día la discusión de esta moción de ERC, JxCAT y la CUP a sabiendas de que no podía hacerlo y habiendo sido apercibida por el TC. Dicho de otro modo, los integrantes del órgano rector sabían que no podían tramitar una iniciativa que hable del derecho de autodeterminación, que "no existe", o de la reprobación del Rey. Y además, se ha "agotado la vía previa", porque los grupos pidieron a la Mesa que reconsiderara su decisión y esta lo rechazó.

El Gabinete solicita informe al Consejo de Estado por si la moción aprobada contra la sentencia del 'procés' es contraria a la Constitución

El Consejo de Ministros, además, decidió solicitar al Consejo de Estado dictamen para impugnar otra moción (la 123/XII del Parlament) que sí fue aprobada ya por el pleno, en este caso el pasado 24 de octubre. La resolución, que salió adelante con los votos de ERC y JxCAT y de la CUP en algunos puntos y de los comunes en otros, rechaza la sentencia del 'procés', califica el juicio llevado a cabo por el Supremo de "proceso arbitrario y sesgado" y sostiene que la gestión del presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena, fue "más propia de un sistema judicial autoritario".

El presidente del Parlament, Roger Torrent (i), junto al 'president' de la Generalitat, Quim Torra (c), y el 'vicepresident' del Govern, Pere Aragonès, este 30 de octubre, durante la celebración del encuentro fundacional de la llamada Asamblea de Cargos Electos impulsada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE)
El presidente del Parlament, Roger Torrent (i), junto al 'president' de la Generalitat, Quim Torra (c), y el 'vicepresident' del Govern, Pere Aragonès, este 30 de octubre, durante la celebración del encuentro fundacional de la llamada Asamblea de Cargos Electos impulsada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE)

El Gobierno considera que esta moción es impugnable porque cuestiona la independencia judicial. Porque las decisiones de jueces y magistrados, aunque puedan ser criticadas, no pueden ser rechazadas por el poder legislativo. Dicho de otro modo, la labor de la Justicia no puede estar sometida a la "reprobación" de otro poder del Estado. Como no es una materia sobre la que se haya pronunciado el TC en sentencia, el Gobierno tiene que recurrir al camino largo: solicitud de informe no vinculante al Consejo de Estado como paso previo para acudir al tribunal de garantías y pedir su suspensión cautelar.

No puede proteger a los Mossos

La última medida aprobada por el Consejo de Ministros de este jueves tiene que ver con una encomienda del Ministerio de Justicia a la Abogacía General del Estado, para que se persone en las causas penales que se sigan contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por actuaciones "en el ejercicio de sus funciones", cuando frenaron los disturbios violentos en Cataluña. Además, prestará asistencia jurídica a los efectivos policiales que hayan sufrido "agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas" contra ellos. También la Abogacía se personará en nombre del Gobierno en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños o perjuicios en bienes del Estado en el ámbito de su competencia.

Sánchez quiere lanzar el mensaje de que, frente al Govern, sí da "protección" a las Fuerzas de Seguridad y defiende su "profesionalidad"

En resumen, que el Ejecutivo se dispone a dar "protección a las Fuerzas de Seguridad del Estado", en palabras de Calvo. Y aunque esa encomienda no requería de un acuerdo del Consejo de Ministros, se ha querido seguir este procedimiento para darle mayor relevancia. Otro mensaje al independentismo, justo en la semana en la que el Govern de Quim Torra decidió abrir la mayor investigación de la historia contra los Mossos, para verificar si se extralimitaron en sus funciones los días de los altercados violentos en la comunidad como respuesta a la sentencia del 'procés'.

Agentes de los Mossos d'Esquadra en la Gran Vía de Barcelona, el pasado 16 de octubre. (EFE)
Agentes de los Mossos d'Esquadra en la Gran Vía de Barcelona, el pasado 16 de octubre. (EFE)

La vicepresidenta precisó a los periodistas que la decisión solo afecta a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y no los cuerpos autonómicos (como los Mossos), porque supondría "invadir competencias" de una comunidad autónoma. Pero el Gobierno, añadió, quiere lanzar el mensaje de que tiene una "posición clara" de defensa de las Fuerzas de Seguridad, y les acompañará en las "dificultades que encuentren en el ejercicio de sus funciones". "Nos sentimos orgullosos de la profesionalidad" de los agentes, enfatizó.

Calvo cuida sus palabras y no responde a la Junta Electoral

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves —se celebró hoy porque mañana, 1 de noviembre, es festivo nacional— la pilotó en exclusiva la vicepresidenta, Carmen Calvo, encargada de la coordinación del Ejecutivo y cuyo peso dentro del Gabinete es creciente. Ella detalló todos los acuerdos adoptados en la reunión del Gabinete y procuró ser lo más aséptica posible, precisamente para evitar una nueva advertencia o expediente por parte de la Junta Electoral Central. 

Ayer miércoles, el órgano que vela por la limpieza de las elecciones resolvió abrir expediente sancionador contra Pedro Sánchez y la ministra portavoz, Isabel Celaá, por usar la Moncloa para fines "electoralistas". Este jueves, el presidente en funciones indicó en Onda Cero que no hacía nada diferente a sus antecesores, pero si la JEC está "cambiando" su doctrina, él acatará las normas y reglas del juego, aunque recurrirá. 

La vicepresidenta fue preguntada si no cree el Gobierno suficientemente "grave" que la JEC expediente, por "primera vez" en la historia, según la oposición, a un jefe del Ejecutivo. "En la rueda de prensa del Consejo de Ministros no se habla de la Junta Electoral Central", dio por toda respuesta. 

También se le preguntó a Calvo por la condena por abuso, y no por agresión sexual, al grupo de jóvenes que violó a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona). "El Gobierno no comenta sentencias y su posición es muy conocida en este asunto", respondió, evitando comentar el fallo y evitando también referirse a la posición del Ejecutivo y del PSOE, que se ha comprometido a reformar el Código Penal para garantizar que el consentimiento de la víctima es clave en los delitos sexuales, para asegurar que "solo sí es sí". "A quien corresponda" el Ejecutivo tras las urnas podrá acometer las reformas pertinentes, dijo la vicepresidenta, "si está entre sus objetivos políticos". 

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