El Constitucional esperará al Gobierno antes de proceder contra el Parlament

Ecos de desobediencia. Tras dos avisos directos del Tribunal Constitucional, los grupos de JxCAT, ERC y la CUP en el Parlament de Cataluña han registrado una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del 'procés' en la que reafirman el derecho del Parlament a debatir o votar la autodeterminación. En la propuesta, se dirigen de forma directa al tribunal de garantías, al que acusan de un intento de "censura claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la Cámara".

El texto se ha registrado después de que, desde el TC, se hayan remitido ya dos requerimientos directos, con la advertencia expresa de abstinencia de cualquier actuación en este sentido, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, subrayan los magistrados. También después de que los letrados de la Mesa del Parlament avisaran expresamente de que su contenido contradice los autos del tribunal.

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Agencias P. B.

Fuentes jurídicas indican que el Constitucional aguardará ahora acontecimientos. No tiene intención de actuar de forma directa sin que se produzca una impugnación directa por parte del Ejecutivo. Y esta no puede llegar hasta que el texto no se vote. Su redacción es, en sí misma, todo un ejercicio que busca soslayar este hecho. Navega entre aguas, con críticas más estéticas que efectivas, y especial cuidado en el respaldo a la autodeterminación.

Los puntos 11 y 12 del escrito son la clave. Aseguran antes de ellos que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a penas de entre nueve y 13 años a nueve políticos catalanes, a los que se presenta como "hombres y mujeres de paz", supone "una profunda regresión en materia de derechos y libertades, no solo para Cataluña sino para todo el Estado español". Como respuesta a esta situación, el texto afirma que “ante las coacciones de los poderes del Estado [...] no hay más opción que defender el derecho a la representación política”.

"Consideramos que ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los temas de debate en el Parlamento de Cataluña no hay más opción que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión de todos los diputados y diputadas. Sin fisuras. Porque si se censura el Parlamento de Cataluña, se desvirtúa el sentido de la institución", dicen. Agregan que, por ello, reiteran y reiterarán, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político.

La redacción de la moción es todo un ejercicio que busca soslayar la desobediencia. Navega entre aguas, con críticas más estéticas que efectivas

Aseguran, además, que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede tratar en el Parlamento de Cataluña, porque los legítimos representantes del pueblo de Cataluña se deben poder posicionar políticamente sobre cuestiones como la invasión de Turquía del Kurdistán, la crisis de los refugiados o la emergencia climática, por poner algunos ejemplos. El texto acaba, sin embargo, con un punto que se desmarca de una defensa de la autodeterminación unilateral. "Instamos al Gobierno a promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional para conseguir una solución democrática del conflicto político entre Cataluña y el Estado".

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Juanma Romero

Torrent y Torra ya han sido advertidos

El TC actuó después de que los diputados catalanes aprobaran el 26 de septiembre una propuesta en la que se ratificaba el "derecho de autodeterminación" y que subrayaba la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumento en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". Entonces, el Constitucional acordó suspenderla y “notificar personalmente" la decisión a las autoridades parlamentarias y al 'president', a los que apercibió "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal". Con esta resolución, el tribunal advertía por segunda vez a la Cámara catalana sobre el riesgo de incurrir en desobediencia.

El Gobierno asegura que recurrirá ante el TC cuando la resolución haya sido votada por el pleno, como ya hizo con los pasados acuerdos de la Cámara

El Constitucional ordenó además que se notificase personalmente su decisión a las principales autoridades catalanas, entre quienes se encuentran tanto Quim Torra como el presidente del Parlament, Roger Torrent. Pese a ello, los partidos de ambos líderes independentistas se encaminan ahora hacia una nueva votación que carga de forma directa contra el tribunal e incide en el "derecho de autodeterminación", propuesta que, en caso de aprobarse, lo más probable es que acabe una vez más en manos del TC.

El presidente, Pedro Sánchez, ya defendió que precisamente esos apercibimientos del TC, posibles gracias a las impugnaciones del Gobierno, funcionarían, frenarían a Torra y Torrent. Puede no suceder así. Pero el Gobierno promete que actuará con firmeza en cualquier caso y acudirá si hace falta al tribunal de garantías.

"El PSC", indicaban fuentes de la Moncloa, "va a presentar un escrito de reconsideración —tiene 48 horas para hacerlo— porque la resolución contiene planteamientos sobre los que ya ha dictaminado en contra el TC. Hay que ver qué decisión toma entonces la Mesa sobre ese acuerdo".

Tardará en votarse

En cualquier caso, prosiguen fuentes gubernamentales, la moción no se vería en el pleno del Parlament "hasta la sesión del 12 o 13 de noviembre", o sea, tras las generales del 10-N. "El Gobierno actúa cuando hay decisiones tomadas por el pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones. Recurre hechos verificables. En este caso, resoluciones", insisten.

Desde el Ejecutivo se remiten a lo ocurrido en la resolución del 26 de septiembre. En cuanto se votó por la Cámara, el Gobierno anunció impugnación, que solo pudo materializar ante el TC una vez que se publicó en el 'Boletín Oficial del Parlament de Catalunya'. También sucedió lo mismo con una moción de julio. El Ejecutivo la analizó y, al observar que incumplía sentencias previas, acudió al Constitucional.