COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

Sánchez sigue con sus avisos al separatismo antes del 10-N y recurre una moción de julio

El Gobierno lleva al TC dos incidentes de ejecución de sentencia contra dos incisos de una resolución de hace dos meses y medio porque el momento es el "oportuno". Advierte a la Mesa por "desacato"

Foto: Isabel Celaá, con los ministros Luis Planas y Nadia Calviño, este 4 de octubre tras el Consejo de Ministros, en la Moncloa. (EFE)
Isabel Celaá, con los ministros Luis Planas y Nadia Calviño, este 4 de octubre tras el Consejo de Ministros, en la Moncloa. (EFE)

Otro paso más en la estrategia de mano dura del Gobierno contra el independentismo en plena precampaña del 10-N. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sorprendió este viernes con la impugnación de dos puntos de una resolución aprobada por el Parlament de Catalunya en julio —o sea, hace dos meses y medio—, que se suma al recurso ya anunciado contra varias mociones de la Cámara autonómica votadas la semana pasada, y a las advertencias, del propio presidente, de que no le temblará la mano si le toca aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el 155. No solo eso: el Gabinete socialista advierte al jefe del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de que podrían incurrir en "desacato" si desobedecen pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC).

Cataluña se está convirtiendo en el asunto central de debate de cara al 10-N. En buena medida, una consecuencia lógica derivada de la Diada del pasado 11 de septiembre, del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y, sobre todo, de la inminente sentencia del Supremo contra los cabecillas del 'procés'. Pero también porque el PSOE está convencido de que puede capitalizar a su favor las turbulencias que se puedan producir en Cataluña, dada la posición institucional de Sánchez. Por eso el líder del Ejecutivo va dando pasos gradualmente en su estrategia contra el soberanismo. Y este viernes le apretó algo más las tuercas. El mensaje es claro: señales de dureza porque pretende captar el voto descontento de Ciudadanos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz en funciones, Isabel Celaá, informó de que el Gobierno había decidido en su reunión de este viernes llevar al TC dos incidentes de ejecución de sentencia, ambos referidos a una misma resolución del Parlament, la 534/XII, aprobada el pasado 25 de julio. Una moción con "propuestas para la Cataluña real", se titulaba. Un recurso se refiere a algunos incisos que hablan del derecho de autodeterminación (I.1 y I.2), y el segundo alude a otros sobre la reprobación al rey Felipe VI (I.1, I.2 y I.3).

El Ejecutivo opta por una vía más rápida, que es una fórmula para que el TC haga cumplir sus sentencias sobre un asunto sobre el que ha hablado ya


La promoción de un incidente de ejecución de sentencia, abundó el ministro de Política Territorial y de Agricultura, Luis Planas, está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aunque "se ha utilizado poco" por el actual Gobierno, que en cambio sí ha tirado más de la impugnación convencional. La diferencia es que la primera, la del incidente de ejecución, es más rápida, porque "evita tener que plantear un nuevo recurso en relación con un tema sobre el que el alto tribunal ya ha asentado doctrina". Es decir, lo que se le pide al TC es que haga cumplir sus propias decisiones.

Suspensión automática

Así, con la resolución 534/XII del Parlament, el Gobierno entiende, en primer lugar, que se incumplen las sentencias 259/2015 y la 136/2018, ya que la Cámara vuelve a defender el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y en esa resolución también señala que no se acata la sentencia del TC 98/2019, puesto que se ataca la figura del Rey, al reafirmarse en su reprobación y al propugnar la abolición de la monarquía. Fue este mismo Gobierno de Sánchez el que recurrió hace un año una primera resolución del Parlament sobre este mismo asunto, aun con el dictamen en contra del Consejo de Estado, y el TC le dio la razón (en ese fallo 98/2019). De ahí que ahora se trate de un incidente de ejecución de sentencia, puesto que los magistrados ya se han pronunciado, y muy recientemente, sobre este mismo asunto.

El Gobierno pide a los magistrados que adviertan a Torrent y a la Mesa de que pueden incurrir en responsabilidad penal, la de desobediencia

El Gobierno estima que el Parlament vulnera de manera clara esos tres citados pronunciamientos previos del TC y solicita la nulidad de esos incisos y su inmediata suspensión. El Alto Tribunal procederá a esa parálisis porque cuando se trata de una impugnación del Ejecutivo central ese bloqueo es automático hasta que toma la decisión definitiva.

En ambos incidentes, el Gobierno pide al TC que en esa providencia en la que decrete la suspensión de la resolución incluya una advertencia al presidente de la Cámara, Roger Torrent; al secretario general, Xavier Muro, y a los miembros de la Mesa, de su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, en su caso, acordada, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del TC sobre estos asuntos y la decisión que dicte", en caso de que estime los dos incidentes de ejecución de sentencia. El Ejecutivo pide al TC además que aperciba a Torrent, Muro y a los integrantes del la Mesa, de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Se trata, como dijo Planas, de una "clara advertencia" a los miembros del órgano rector de la Cámara catalana. Y muy importante de cara a futuras ocasiones, si el TC sigue el criterio del Ejecutivo. Porque el Parlament aprobó la semana pasada varias resoluciones que el Gobierno ya anunció que recurriría de inmediato —la que plantea una respuesta "institucional" a la sentencia del 'procés', la que pide un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos y la que demandaba la salida de la Guardia Civil de Cataluña— y que promovería esa advertencia a la Mesa para que no permitiera debate ni aprobación de iniciativas similares.

Publicación durante la rueda

"Vamos a respetar y hacer respetar la Constitución y la ley en el conjunto de España", aseguró Planas, por lo que "lo mejor para todos sería que la Mesa del Parlament cumpliera lo que le indica el Constitucional". Si no lo hace, podría incurrir en un delito de "desacato", hoy llamado desobediencia. Fuentes del departamento precisaron después que el titular de Política Territorial se refería a ese ilícito penal.

Planas indica que no hay "plazo" para la presentación de incidentes de ejecución y reconoce que se ha buscado el "momento oportuno"

Al ministro se le preguntó por qué el Gobierno recurría esta resolución, aprobada hace dos meses y medio. Él señaló primero que no hay un "plazo" para la interposición de los incidentes de ejecución de sentencia, y estos también requieren de una "preparación jurídica" antes de llevarlos al TC. Pero no negó que hay una intencionalidad política: "Hemos considerado que es el momento oportuno". En otras ocasiones, el Ejecutivo ha actuado de manera más veloz.

Mientras seguía la rueda de prensa en la Moncloa, la Cámara autonómica publicó en su 'Boletín Oficial' las resoluciones independentistas aprobadas la semana pasada. Los periodistas advirtieron en ese momento a Celaá y Planas. "Qué bien cronometrada está la actuación del Parlament, también la de este Gobierno", dijo el ministro, evidenciando que no era casual que la institución catalana hubiera esperado a que pasara el Consejo de este viernes. En cualquier caso, se prevé que la próxima semana el Ejecutivo impugne ante el TC esas mociones más recientes.

Isabel Celaá, Luis Planas y Nadia Calviño, este 4 de octubre a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE)
Isabel Celaá, Luis Planas y Nadia Calviño, este 4 de octubre a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (EFE)

Celaá insistió en que el Gobierno en funciones, aunque tiene mermadas sus competencias, debe seguir velando por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos y el interés común. Es "de todos y para todos". Por tanto, es su "obligación constitucional" atender las emergencias por las lluvias, la incertidumbre generada por el Brexit o la respuesta a la sentencia del 'procés'. El Gabinete socialista contempla así "todos los instrumentos" para actuar en caso de una quiebra de la legalidad en Cataluña. La Generalitat, dijo la portavoz, es la "única institución que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad", la que puede obligar a activar la Ley de Seguridad Nacional o un nuevo 155 si traspasa la frontera de la ley. No quiere que esa puerta se abra y confía en que no se haga, pero el mensaje que desea lanzar el Gobierno es que tiene todo listo en caso de que haya que actuar. Y lo hará con firmeza. "Serena firmeza", en palabras de Sánchez.

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