El Gobierno exhibe mano dura antes del 10N: impugnará los acuerdos del Parlament

Pedro Sánchez no dejará pasar ni una a los independentistas. Ya advirtió de que no quería que su Gobierno dependiera de los secesionistas, ya avisó de que si llegaba el caso aplicaría el artículo 155 sin vacilación. El Ejecutivo en funciones quiere lanzar un mensaje de firmeza, de total contundencia ahora además que sabe que se juega mucho en Cataluña (y por Cataluña), a poco más de un mes de las elecciones del 10-N.

El Gobierno anunció en la noche de este jueves que ya estaba estudiando el contenido de las distintas resoluciones aprobadas horas antes en el Parlament catalán, referidas a varias cuestiones con visos de inconstitucionalidad: la que alude al compromiso de la Cámara de liderar una respuesta institucional a la sentencia del 'procés', la que plantea impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos (con petición de amnistía total), y la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña. El Ejecutivo se prepara, pues, para "impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones", según indicaron fuentes de la Moncloa en un comunicado remitido a los medios.

Las mismas fuentes gubernamentales aclaraban también que lo que se manifestaba este jueves es la "decisión política" de recurir esos textos, pero necesitará su trámite, por eso es complicado que estén cumplidos para el Consejo de Ministros de este viernes. Hay que tener en cuenta, añadían, que esas resoluciones del Parlament no están aún publicadas. Y aunque el Gobierno, de manera oficial, no avanza ante qué instancia impugnará esos acuerdos, desde la Moncloa sí se afirmaba que se hará, lógicamente, ante el Tribunal Constitucional.

La respuesta del Ejecutivo llegaba tras una sesión bronca en el Parlament. Otra más. La Cámara se reunía para votar las decenas de resoluciones presentadas por los grupos que ponían punto final al debate de política general que había comenzado el miércoles. Pero mientras se seguía el debate trascendió la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón había enviado a prisión a siete de los nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes acusados de terrorismo, por integrar una organización "jerarquizada" que busca instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluidas las violentas".

La resolución de la CUP, apoyada por JxCAT y ERC, reivindica el 1-O y avala la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" como respuesta

Las resoluciones aprobadas por la Cámara autonómica supone la vuelta a la desobediencia a las puertas de la sentencia del 'procés', que el Supremo dará a conocer en la primera quincena de octubre. Uno de los textos de la CUP, que recibió el apoyo de los diputados de Junts per Catalunya y ERC y el voto en contra de PSC, populares y comunes —los parlamentarios de Ciudadanos no votaron—, reivindica el 1-O como un "referéndum legítimo y legal" y avala la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". La resolución de la CUP llevaba previamente los avisos de los letrados del Parlament, puesto que invocaba textos separatistas previos que ya habían sido tumbados por el TC.

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JxCAT, ERC y CUP también se unieron para impulsar una resolución que reclama la "retirada" de los agentes de la Guardia Civil desplegados en Cataluña, además de la dimisión de la delegada del Gobierno en la comunidad, la socialista Teresa Cunillera, que apoyó la operación policial contra los CDR, la que ha indignado al mundo soberanista pero que este jueves tuvo su traducción judicial: cárcel incondicional y sin fianza para siete activistas. Texto que contó con la abstención de Catalunya en Comú.

Otros textos piden la retirada de efectivos de la Guardia Civil y la dimisión de Cunillera o plantean la amnistía para los eventuales condenados por el TS

También las tres formaciones separatistas, con la abstención de los comunes y el voto en contra de Cs, PSC y PP, sacaron adelante una resolución que defiende una respuesta institucional a la sentencia del 'procés' que pase por el "ejercicio del derecho de autodeterminación". Y si el fallo del Supremo es condenatorio, se buscarán "soluciones para conseguir la libertad" de los penados "a través de la aplicación de una amnistía". También JxCAT, ERC, CUP y comunes acordaron una declaración en la Cámara que denuncia una "campaña de criminalización" del movimiento independentista, exige el fin de la "represión" y demanda la puesta en libertad de los "presos por sus ideas políticas".

Pero la tensión se desbordó en el pleno cuando se conoció que el juez de la Audiencia Nacional García Castellón decretó la prisión provisional para los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo. Los cuatro diputados de la CUP abandonaron el hemiciclo para protestar por la medida adoptada por el magistrado. JxCAT y ERC pidieron entonces la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces, tal y como habían demandado los anticapitalistas, para abordar una respuesta a la decisión del juez. Enseguida, los diputados independentistas prorrumpieron en aplausos, algunos de ellos de pie, y gritaron "¡libertad!". El propio 'president', Quim Torra, se unió a los coros, aunque a su lado el número dos del Govern, el republicano Pere Aragonès, adoptaba un tono visiblemente más contenido.

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A los gritos de respaldo de la bancada separatista respondió el portavoz de la fuerza mayoritaria en la Cámara, Carlos Carrizosa, de Cs. "Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. ¡Nos sentimos amenazados! ¡Vergüenza en el Parlament de Catalunya!". Automáticamente, la tangana se apoderó del hemiciclo. Los diputados se cruzaron reproches —Ernest Maragall (ERC) llegó a encararse con el portavoz naranja— mientras crecía el nerviosismo entre aquellos que habían pedido la palabra. El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), abrió el micrófono para darle voz a Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que lanzó un mensaje a Cs, al reclamarle respeto a la presunción de inocencia, y a los secesionistas, demandándoles "serenidad" y que el Legislativo no entre en "colisión" con el Poder Judicial. Torrent llamó al orden a Carrizosa por seguir interviniendo sin disponer del uso de la palabra hasta que, a la cuarta, le expulsó del salón de plenos. El diputado se marchó, pero con él todo su grupo, mientras dirigía críticas en voz alta a la bancada soberanista.

Sánchez ya había advertido a Torra de que si quiere que no se vincule independentismo con violencia lo tiene fácil: que condene los actos violentos

El Gobierno de Sánchez no quiere hacer pasar por alto lo sucedido este jueves. Ni tampoco consentirá que los separatistas traspasen la legalidad. Desde Nueva York, antes de su regreso a España, ya lanzó un mensaje claro a Torra, que se desligue de los violentos, que condene sus actos, si no quiere que todo el movimiento soberanista se manche: "Si no quiere que haya ningún tipo de duda sobre ningún tipo de vínculo entre el independentismo y cualquier tipo de acción radical violenta, lo que tiene que hacer es condenar cualquier hipótesis de que eso se pueda producir por algún grupo vinculado con el independentismo. Eso es así de sencillo y eso es lo que me gustaría escuchar por parte del señor Torra".