Sánchez señala a Torra por "banalizar la violencia" y el Gobierno acude otra vez al TC
El presidente reitera que el Estado no puede "ceder al impulso de la exaltación" y que cualquier decisión que haya que tomar en Cataluña "está prevista". El Consejo recurre otra medida del separatismo
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El Gobierno sigue pensando que la mejor receta contra el independentismo es la "moderación" en la respuesta, el no dejarse llevar por "el impulso de la exaltación", porque sería contraproducente, aunque a la vez reitera que actuará con firmeza si hay un desbordamiento de la legalidad. Desde esas coordenadas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no mueve por ahora más fichas ni activa medidas excepcionales. Pero, en un difícil equilibrio, también aumenta la presión contra el independentismo, y singularmente contra Quim Torra y su Govern. Sánchez, desde Bruselas, acusó este viernes al 'president' de "banalizar la violencia y su Consejo de Ministros, desde Madrid, aprobó plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una decisión del Ejecutivo catalán, su plan de actividad exterior. Es la tercera impugnación que el Gobierno lleva al TC, en tres semanas consecutivas, contra el secesionismo.
El líder socialista compareció desde la capital comunitaria al término de la reunión del Consejo Europeo para hacer la valoración de la cumbre pero él mismo introdujo Cataluña en su exposición inicial. "El Estado no puede ceder al impulso de la exaltación", señaló, en la misma línea que su breve rueda de prensa del pasado miércoles, cuando recibió en la Moncloa a los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Entonces hilvanó esa idea con otras palabras: "La moderación es otra forma de fortaleza". Lo que el presidente quiere trasladar es que no se puede responder a los disturbios con una sobreactuación del Estado de derecho, porque eso daría argumentos al soberanismo y calentaría más los ánimos.
[Consulte aquí en PDF la intervención del presidente en Bruselas]
De nuevo, Sánchez se aferró a su posicionamiento ya reiterado: cualquier decisión que se vaya a tomar en Cataluña está "prevista" y se ha diseñado bajo los principios de "firmeza democrática", "unidad" de los partidos y "proporcionalidad". Pero es "importante", sostuvo, que la ciudadanía "entienda" cuándo deben aplicarse medidas extraordinarias, porque son las propias normas y la doctrina del Tribunal Constitucional los que indican cuándo hay que activar la Ley de Seguridad Nacional o un nuevo 155. Es decir, que esas iniciativas han de tener también "legitimidad social" y no desplegarse sin ton ni son.
"Que nadie tenga la menor duda: no habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto", reitera el presidente
Pero esa "moderación" invocada no quiere decir que no se persigan las conductas criminales. Ayer y hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hoy también el presidente en funciones subrayaron que no habrá espacio para la "impunidad". Todos aquellos que hayan perpetrado esos actos "vandálicos", por tanto, serán perseguidos. "La regla es muy clara, quienes cometen una ilegalidad responden por ello más pronto que tarde, pero responden. Y que nadie tenga la menor duda, no habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña", avisó.
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"Después de la sentencia, convivencia"
Sánchez reprochó entonces a Torra que no esté a la altura. En lugar de proponer un nuevo referéndum de autodeterminación para esta legislatura, que es tanto como repetir "un camino de frustración, de fracaso", toca, tras la sentencia del 'procés', "abrir una nueva etapa", a la que el Gobierno "siempre estará dispuesto", pero siempre dentro del respeto a la legalidad. El jefe del Govern debería, a su juicio, aspirar a "gobernar para el conjunto de la sociedad catalana", y no a una parte, "por cierto cada vez más radical".
"Ante esa frivolización de la violencia, lo que decimos a los catalanes es que esta crisis se va a superar y que la tranquilidad se restablecerá", dice
En ese punto cargó contra el 'president' por su actitud: "Hemos visto del señor Torra en los últimos días es la banalización de la violencia, frivolizar sobre la violencia, minusvalorar los efectos graves de esa violencia, no solo sobre la economía, sino también sobre la convivencia, y ante esa banalización y frivolización de la violencia, lo que decimos a la sociedad catalana es que esta crisis se va a superar y que la tranquilidad y la convivencia en Cataluña se restablecerá. El Estado va a aplicar siempre la legislación para garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña".
En definitiva, su receta es esta: "Después de la sentencia, convivencia". Y para conseguirlo es preciso que el Estado no sobreactúe: "La ponderación contribuye a calmar los ánimos y reconducir las situaciones. Eso es lo que va a hacer el Gobierno de España".
Sánchez no cree que la "moderación" pueda ser interpretada como una debilidad del Estado de derecho. Para el Gobierno, es lo contrario. Es su fortaleza. Es, añadió, la "la mejor manera de hacer frente con eficacia a este tipo de crisis".
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"Mando y estrategia evidentes"
Precisamente, en una jornada como la de este viernes, de huelga general en Cataluña y de marchas contra la sentencia del Supremo, ese ejercicio del derecho de manifestación es la "prueba viva de la fortaleza de nuestra democracia". "Quienes la ponen en duda pueden comprobar directamente que en España son respetadas todas las libertades, todos los derechos y todas las opiniones, y nadie es sancionado por sus ideas, solo por sus acciones cuando estas son, precisamente, contrarias a la legalidad democrática", apuntó, en un mensaje también dirigido al exterior. Ese derecho de manifestación debe ser "protegido" por los poderes públicos y debe ser ejercido "de modo absolutamente pacífico", sin afectar a los derechos de los demás ciudadanos.
Sánchez destaca de nuevo la cooperación con los Mossos y la labor de Exteriores y de las embajadas para contrarrestar la propaganda separatista
Tras día y medio reunido con los líderes de la Unión en Bruselas, señaló que sus conversaciones con ellos sobre Cataluña "no han ido más allá" de responder a las preguntas por los "hechos vandálicos". No pudo percibir más que "el interés mediático" que lógicamente tienen estas imágenes de violencia. En ese sentido, reconoció la labor que el Ministerio de Exteriores y las embajadas han hecho para contrarrestar la propaganda independentista y para explicar la posición del Gobierno, "con un mensaje claro de defensa del Estado social y democrático de Derecho y de defensa de la fortaleza de la democracia española". Sánchez se reconoció "muy satisfecho" con la gestión del cuerpo diplomático y del departamento que dirige Josep Borrell.
El presidente, igual que Marlaska —que compareció antes en la Moncloa para hacer un balance de la situación—, subrayaron la "extraordinaria cooperación" de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Igual que ha venido haciendo el Gobierno todos estos días. El Ejecutivo quiere hacer ese subrayado por contraposición a Torra, que el miércoles, el día de protestas violentas más complicado, compareció de madrugada y sin agradecer su trabajo a los agentes autonómicos.
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El ministro del Interior también quiso lanzar el mensaje de que todos los cuerpos policiales están coordinándose y todo está "previsto" y bajo control en una jornada que se espera como la más "sensible" y difícil de toda la semana. Marlaska informó de que a los 97 detenidos hasta el jueves se suman 16 arrestos practicados ayer y otros cuatro ingresos en prisión por delitos de desórdenes públicos, lesiones y atentado contra la autoridad. A los 194 agentes heridos hay que añadir otros diez más (cinco 'mossos' y cinco policías nacionales). El ministro reiteró que los incidentes violentos están siendo protagonizados por "grupos minoritarios pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes". Sus declaraciones se produjeron antes de que la Audiencia Nacional abriera una investigación contra Tsunami Democràtic por indicios de terrorismo.
El contexto de un "proceso independentista"
En Madrid, el Consejo de Ministros, presidido por Carmen Calvo, la número dos del Gobierno, aprobó plantear un conflicto positivo de competencia contra el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022, aprobado por la Generalitat en junio. El ejecutivo considera que el plan del Govern "excede del ámbito de actuación de la Generalitat en materia de acción exterior, menoscaba las competencias del Estado, entre otras, en materia de relaciones internacionales reconocida en el artículo 149.1.3 de la Constitución y vulnera el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias".
El Gobierno recurre el plan de acción exterior del Govern por invadir las competencias del Estado. Es la tercera vez consecutiva que acude al TC
El Gobierno acude al Tribunal Constitucional con el respaldo de un dictamen favorable del Consejo de Estado, y le pide que suspenda el plan de acción exterior del Govern. La portavoz del Gabinete, Isabel Celaá, explicó que se ha decidido ir al TC después de que la Generalitat contestara negativamente al requerimiento de incompetencia que le hizo el Ejecutivo el pasado 23 de agosto. El Consejo de Ministros se apoya en que el tribunal de garantías, en varias sentencias, ha dispuesto que la acción exterior de las comunidades, además de quedar circunscrita al ámbito de sus competencias, ha de respetar el poder del Estado en materia de relaciones internacionales y dirección de la política exterior.
El plan del Govern, relató, vulneraría el marco constitucional porque "omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación" que este realiza. También la Generalitat habría invadido las competencias estatales y también evita mencionar a los "restantes sujetos de la acción exterior, a la normativa aplicable y a la necesidad de coordinación con el Estado". Celaá reconoció que el análisis del plan catalán no puede "dejar de lado el contexto en que se aprueba", y es el de un "proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España".
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Es la tercera semana consecutiva en la que Consejo de Ministros lleva al Constitucional resoluciones o iniciativas del separatismo. Ya recurrió una resolución del Parlament de julio sobre la autodeterminación y la reprobación al Rey y otra de septiembre pasado donde incidía en el derecho a decidir y en la legitimidad de la desobediencia civil e institucional. Además de la suspensión, que es automática, el TC apercibió, a petición del Gobierno, a la Mesa y al Govern. Ahora el Ejecutivo de Sánchez da un paso más.
La JEC suspende la campaña del Gobierno 'Everybody's Land'
La Junta Electoral Central (JEC) vuelve a dar un varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso, por la campaña 'Everybody's Land' ('España, la casa de todos') que el Ejecutivo lanzó el pasado lunes, horas antes de que el Tribunal Supremo notificara la sentencia del 'procés'. Con los vídeos que difundió a través de la web y en redes sociales, pretendía proyectar, sobre todo de cara al exterior, la fortaleza de la democracia española. En la primera grabación, aparecían varios ministros hablando en diversos idiomas, y en la que elogiaban el salto dado por España desde la dictadura.
Junts (JxCAT) denunció el vídeo ante la JEC y ERC pidió su retirada. El árbitro electoral responde a ambos partidos por separado pero con un acuerdo semejante: estima su recurso y suspende la campaña gubernamental.
La JEC resuelve que el vídeo viola el artículo 50.2 de la Ley Electoral "en tanto que con el mismo se produce un resultado publicitario elogioso y electoralmente favorable para una parte de los candidatos, lo cual provoca la patrimonialización de la campaña en beneficio de una de las formaciones políticas contendientes [el PSOE], con la consiguiente quiebra del principio de igualdad (art. 8.1 de la LOREG), a la par que se quebranta el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos durante todo el periodo electoral". Y es que todos los ministros que aparecen en la grabación son a su vez candidatos electorales el 10-N, salvo Nadia Calviño, que no está en las listas.
El Gobierno estava de campanya. Ho vam denunciar a la Junta electoral central. Vam demanar que es retirés per electoralisme. Adjuntem la Resolució de la JEC en què ens donen la raó. Acorden la suspensió temporal de la difusió del video durant el període electoral. pic.twitter.com/5xyBgwY9RX
El Gobierno pidió a la JEC que aclarara cómo suspende una campaña que está en redes sociales y que, por tanto, tiene vida propia. Fuentes oficiales indicaron a este periódico que el vídeo se grabó en dependencias de la Secretaría de Estado de Comunicación y fue editado por ella, de tal modo que no se gastaron recursos públicos ni se compraron espacios publicitarios en medios de comunicación. Se trataba simplemente, alegan, de subrayar la fortaleza del sistema democrático español, sin pretender lanzar una campaña contra las formaciones soberanistas. Se preguntan desde el Ejecutivo si es electoral que los ministros remarquen que España es una democracia de pleno derecho.
La JEC procede a "la consiguiente suspensión temporal de la difusión del vídeo denunciado durante el periodo que resta de proceso electoral, sin que proceda incoar el expediente sancionador solicitado". Es la tercera advertencia que el órgano hace al Ejecutivo. Ya apercibió a Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, primero, y a todo el Gabinete, después, por hacer "electoralismo" desde las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.
El Gobierno sigue pensando que la mejor receta contra el independentismo es la "moderación" en la respuesta, el no dejarse llevar por "el impulso de la exaltación", porque sería contraproducente, aunque a la vez reitera que actuará con firmeza si hay un desbordamiento de la legalidad. Desde esas coordenadas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no mueve por ahora más fichas ni activa medidas excepcionales. Pero, en un difícil equilibrio, también aumenta la presión contra el independentismo, y singularmente contra Quim Torra y su Govern. Sánchez, desde Bruselas, acusó este viernes al 'president' de "banalizar la violencia y su Consejo de Ministros, desde Madrid, aprobó plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una decisión del Ejecutivo catalán, su plan de actividad exterior. Es la tercera impugnación que el Gobierno lleva al TC, en tres semanas consecutivas, contra el secesionismo.