El Constitucional advierte al Parlament de que puede incurrir en desobediencia

El Constitucional vigila de cerca el Parlament ante el riesgo de que incurra en un delito de desobediencia. El pleno del tribunal ha admitido a trámite el incidente promovido por el Gobierno y ha suspendido varios preceptos de los acuerdos que la Cámara catalana aprobó en julio, en los que reafirmaba la reprobación de Felipe VI y refrendaba el derecho de autodeterminación. “Se requiere al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlament, respectivamente, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados", advierte.

El Constitucional acuerda además “notificar personalmente la presente resolución al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general, Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros”. Según explica en su escrito, todos ellos tienen la "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. Con esta advertencia, los magistrados ponen el delito de desobediencia sobre la mesa.

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La obcecación del Parlament con Felipe VI se remonta a octubre de 2018, cuando aprobó una resolución en la que, de un lado, censuraba al Rey por su posición en el "conflicto catalán" y, de otro, reafirmaba "el compromiso con los valores republicanos" y defendía la abolición "de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". El Gobierno acudió entonces al Constitucional, que el 17 de julio acordó por unanimidad anular la declaración de la Cámara catalana en una sentencia en la que destacaba que “la persona del Rey es inviolable y está exenta de toda responsabilidad por sus actos".

Lejos de acatar el pronunciamiento del Constitucional, el Parlament volvió a la carga el 25 de julio y se reafirmó tanto en la reprobación del monarca como en la defensa del derecho de autodeterminación "como instrumento de acceso a la soberanía catalana". En el texto, la Cámara subraya una vez más "su reprobación a Felipe VI por su posicionamiento y su intervención en relación con el conflicto democrático que genera la negación de derechos civiles y políticos por parte del Estado español a Cataluña", denuncia que salió adelante con los votos de JxCAT, ERC y la CUP.

El 4 de octubre, el Gobierno anunció que impugnaría la nueva resolución del Parlament, destacando su portavoz en funciones, Isabel Celaá, que vulnera "directa y frontalmente" diversas sentencias del Constitucional. El Ejecutivo solicitó además que se advierta personalmente al presidente del Parlament y a la Mesa de las responsabilidades en las que pueden incurrir si no cumplen los fallos, petición que ha sido atendida por el pleno del tribunal. En su resolución, el Constitucional también ordena “dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlament de la petición de declaración de nulidad de la resolución, con el objeto de que en el plazo de 10 días presenten las alegaciones que estimen convenientes”.