España y Argelia preparan una guerra jurídica con el corte del suministro de gas de fondo

Moncloa y Asuntos Exteriores han dejado de poner paños calientes a la crisis abierta a fiales de marzo con Argelia, a la que el presidente Pedro Sánchez y su ministro José Manuel Albares restaban importancia o que prácticamente ignoraban, como sucedió el miércoles en el Congreso de los Diputados al hablar de política exterior de España en el Magreb. Para que le otorguen la debida importancia, ha sido necesario que Argel adopte contra España unas represalias que ni siquiera tomó con Francia en los momentos más tensos de su relación con la antigua metrópoli: en este caso, suspendió el tratado de amistad de 2002 y, a continuación, cortó todo el comercio entre ambos países excepto la exportación del gas.

Varios indicios apuntan a que, si el Gobierno español no rectifica en las próximas semanas su alineamiento con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, las autoridades argelinas acabarán también cerrando el gasoducto Medgaz —el único que aún funciona entre ambos países— y dejarán de suministrar gas a España.

Albares y su colega de Hacienda, María Jesús Montero, siguieron insistiendo este jueves en que no había “ningún riesgo” de que se cortara el suministro de hidrocarburos argelinos, pero la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se mostró ya tan segura. Dejó claro, en una entrevista en Onda Cero, que si hubiera algún problema, el Ejecutivo acudiría a los tribunales y a los mecanismos de arbitraje internacional.

Si cortan la relación energética con España, las autoridades argelinas no se plantean romper los contratos que vencen dentro de una década porque saben que es ilegal, señalan fuentes conocedoras del sector. En la negociación en curso sobre revisión de precios, optarían por subirlos tanto que a sus interlocutores españoles, especialmente la empresa Naturgy, ya no les salga a cuenta abastecerse en Argelia.

“¿Hacia la no reconducción del contrato de suministro de gas de Argelia a España?”, titulaba el miércoles en portada el diario digital 'Algérie Patriotique', propiedad de Lofti Nezzar, hijo del general Khaled Nezzar, que fue jefe de Estado Mayor y ministro de Defensa y es uno de los militares más influyentes del país. En Argelia, los uniformados siguen teniendo mucho peso. El presidente Abdelmajid Tebboune no tomó el miércoles en solitario la decisión de sancionar a España. Lo hizo tras reunir al Alto Consejo de Seguridad, en el que participan siete militares, empezando por el jefe de Estado Mayor, y seis civiles.

“Una renuncia al contrato gasístico por parte de Argelia y el consiguiente cierre del gasoducto Medgaz se produciría en un contexto muy delicado para los países europeos”, advierte el periódico 'Algérie Patriotique'. Para evitarlo, invita “al rey Felipe, al Parlamento y a la oposición a empujar a ese temerario socialista [Pedro Sánchez] hacia la puerta de salida antes de que todo el país quede sumido en la oscuridad”. La frase es, en todo caso, reveladora de la animadversión que suscita Sánchez entre las autoridades argelinas hasta el punto de entrometerse en la política interior española para pedirle que se le expulse del poder.

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Argelia sabe que hoy en día, cuando varios países europeos tratan de reducir su dependencia del gas ruso, no tendría problema para encontrar clientes alternativos. En España se sabe, aunque no se reconocía hasta ahora, que la espiral de enfrentamientos en el Magreb podría tener peores consecuencias aún que el cierre, en octubre de 2021, del gasoducto Magreb-Europa. De ahí que la importación de gas argelino haya caído en picado mientras se disparaba la del norteamericano. El jueves se incendió la planta de Freeport, en Texas, desde donde se importaba casi la mitad del gas estadounidense que consume España desde principios de año. Es una mala noticia, pero de corta duración. La planta de gas natural licuado debería estar reparada a finales de este mismo mes.

La reacción española a la embestida argelina, declaró Albares, será “serena, constructiva, pero firme”. El ministro llamó el miércoles a Josep Borrell, el alto representante de la UE, para pedirle apoyo y este no tardó en brindárselo. Un portavoz comunitario declaró que la institución estaba “extremadamente preocupada” e instó a Argel a revisar su decisión. Horas después, Albares canceló su viaje a Los Ángeles para participar en la cumbre de Las Américas. Viaja hoy viernes a Bruselas para reunirse con Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Comercio.

La diplomacia española difícilmente puede llevar a Argelia a los tribunales, porque no tiene una economía abierta y no es miembro de la Organización Mundial de Comercio, pero sí puede denunciar ante el consejo de asociación UE-Argelia un doble incumplimiento por Argel del acuerdo que suscribió con Bruselas en 2005.

Argelia no tiene derecho, según el artículo 17 de ese acuerdo, a establecer restricciones cuantitativas a las importaciones de productos de ningún Estado miembro de la UE. Otro artículo, el 37, estipula además que está obligada a autorizar en monedas convertibles los pagos relativos a transacciones corrientes, algo que prohibió a partir de este jueves, pero solo con relación a España.

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Si, como parece probable, la diplomacia española denuncia a Argelia, demostrará una cierta doble vara de medir. El Gobierno español tuvo, desde 2018, numerosas posibilidades de llevar a Marruecos ante los órganos comunitarios o los tribunales de Justicia. Pudo hacerlo por el cierre de la aduana de Melilla; por la negativa de la aduana marroquí de aceptar el formulario EUR 1 para las exportaciones procedentes de esa ciudad; por discriminar en 2021 a los puertos españoles en beneficio de los franceses (Marsella y Sète) y de un italiano (Génova); por instalar una piscifactoría en las aguas españolas del archipiélago de Chafarinas; por aprobar por ley una zona económica exclusiva que se solapa con la solicitada por España para Canarias, etcétera. Nunca lo hizo para no dificultar la anhelada reconciliación con Rabat.

Si el 10 de junio de 2021, hoy hace un año, el pleno del Parlamento Europeo aprobó con una holgada mayoría una resolución reprobando a Marruecos su invasión migratoria de Ceuta, a la que envió a miles de menores, fue porque un eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, tomó la iniciativa de proponerla. Los eurodiputados del PSOE no tuvieron un papel activo, pero tampoco se opusieron y, al final, votaron a favor.

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Como acabará siendo requerida por la Comisión Europea para dar explicaciones, la diplomacia argelina ya ha empezado a preparar su respuesta. Va a tratar de demostrar que fue Sánchez quién transgredió el acuerdo de asociación y el tratado de amistad bilateral y que, en consecuencia, las medidas argelinas con España tienen fundamentos jurídicos.

“El acuerdo de asociación no es meramente comercial”, explica un diplomático argelino que estuvo acreditado en Bruselas. “Prevé expresamente el fortalecimiento del diálogo político y subraya la importancia clave del respeto del derecho internacional” de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, añade. “El Gobierno de Sánchez ha incumplido estos puntos”, prosigue.

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“En ningún momento se informó a Argel de la intención o de la decisión de cambiar radicalmente la posición del Gobierno español sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en contra de lo afirmado, en un principio, por el ministro Albares, que luego se desdijo de sus declaraciones iniciales”, recuerda el diplomático. “No hubo, por tanto, ningún diálogo político con Argelia, país socio de la UE y además afectado por todo lo relacionado con el Sáhara”, se lamenta.

“En segundo lugar, en lo referente al respeto del derecho internacional, el Gobierno de Sánchez lo ha pisoteado al ignorar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia [octubre de 1975] y las dos sentencias del Tribunal General de la Unión Europea [septiembre de 2021], que dejan bien claro que el Sáhara no es Marruecos y no puede ser incluido en los acuerdos que la UE firme con Rabat”. “Tampoco se puede, por tanto, reconocer, como prácticamente lo hizo el presidente español en marzo, la soberanía marroquí” sobre esa excolonia española tan extensa como el Reino Unido.

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“Sánchez ha vaciado de contenido los compromisos adquiridos por la parte española al ratificar ese acuerdo de asociación y, poco antes, el tratado de amistad”. “La suspensión del tratado por Argelia y las medidas que la acompañan no son más que la consecuencia lógica de estos graves incumplimientos”, concluye el diplomático.

España y Argelia afilan sus armas para librar una batalla jurídica que alargará una crisis que puede aún empeorar si la mayor potencia económica del Magreb corta el suministro de gas.