Argel supedita la reconciliación con Sánchez a que respete "el derecho internacional"

España empieza ya a cosechar los primeros frutos del alineamiento con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. Las sanciones encubiertas que impone Argelia, el otro vecino magrebí, siguen, en cambio, aumentando al tiempo que suben los decibelios de los reproches que formula a Pedro Sánchez la diplomacia argelina. Esta supedita la reconciliación a que el presidente del Gobierno actué en conformidad con el derecho internacional que, según Argel, vulneró en su carta al rey Mohamed VI de Marruecos del 14 de marzo.

Sánchez ha contrarrestado estas recriminaciones difundiendo mensajes apaciguadores sobre la crisis bilateral. Lo volvió a hacer el lunes pasado cuando fue entrevistado en el programa 'Espejo público' de Antena 3. “Esperemos que dentro de un breve tiempo podamos resolver esta cuestión diplomática” con Argelia, afirmó. “Tenemos una coordinación y colaboración con el Gobierno de Argelia extraordinarias”, añadió. Puso como ejemplo los flujos migratorios irregulares, pese a que Argel ya no acepta repatriaciones.

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Cada una de las intervenciones del presidente del Gobierno recibe una rápida y contundente contestación por parte de la diplomacia argelina. A diferencia de Marruecos, donde era la prensa oficialista la encargada de responder al presidente español —le llegó a insultar la pasada primavera—, en Argelia la réplica no es anónima. Corre a cargo de Amar Belani, embajador y encargado del Sáhara Occidental en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El cargo que ocupa le ha convertido en el responsable más denostado por los diarios marroquíes, que le describen como el “pistolero” o el “sicario” de El Mouradia, la sede de la presidencia de la República argelina. Antes, Belani fue portavoz de su ministerio y más tarde embajador ante la UE hasta 2020.

Pocas horas después de la entrevista de Sánchez, Belani ya estaba contestándole mediante una declaración a la agencia de prensa argelina (APS). Son “palabras formuladas con una ligereza un tanto desconcertante, achacable a una voluntad de eximirse de la pesada responsabilidad personal en la adopción de este sorprendente giro en la cuestión del Sáhara Occidental que rompe con la tradicional posición de equilibrio de España”, comentó tras escuchar al presidente español. “España tiene una especial responsabilidad, tanto moral como jurídica, en su condición de potencia administradora 'de jure”, un estatus recordado en 2014 por la Audiencia Nacional y en 2002 por Hans Corell, jefe de la asesoría jurídica de la ONU.

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A diferencia de las autoridades marroquíes, las argelinas han expresado en voz alta el precio que ponen para superar la crisis con España. “Los que especulan ingenuamente sobre un 'enfado temporal' de Argelia desconocen la realidad”, subrayó Belani. El regreso del embajador argelino a Madrid solo tendrá lugar “tras unas aclaraciones previas y francas [por parte española] para reconstruir una confianza gravemente dañada sobre la base de unos principios claros (...) acordes con el derecho internacional”.

Acusa así implícitamente a Sánchez de haberse apartado del derecho internacional en la carta que remitió al rey Mohamed VI. “Mi país solo le pide que se exprese en los mismos términos que en Naciones Unidas, en septiembre pasado, cuando abogó por una solución 'mutuamente aceptable' en el Sáhara sin mencionar el plan marroquí de autonomía”, asegura un diplomático argelino jubilado. Sánchez no va a dar marcha atrás. La crisis de España con Argelia va para largo.

Presión de Rabat

Desde principios de año y hasta el 15 de marzo, el día en que le llegó Mohamed VI la carta de Pedro Sánchez anunciando su cambio de postura sobre el Sáhara, desembarcaron en Canarias una media de 74 inmigrantes irregulares diarios, casi todos procedentes de Marruecos o del Sáhara Occidental, bajo control marroquí. Desde que el monarca recibió la misiva y hasta el 15 de abril, solo llegaron 26 al día, pese a que en primavera el tiempo es más propicio para la navegación en el Atlántico.

Desde principios de año y hasta el 15 de marzo, llegaron también por tierra a Ceuta y Melilla, sobre todo a esta última ciudad, una media diaria de 13,8 inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. Desde que el monarca recibió la carta presidencial hasta el 15 de abril, llegaron a las dos ciudades una media diaria de 4,8 'sin papeles'.

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Estos datos, extraídos de la web del Ministerio del Interior de España, ilustran cómo Rabat maneja la inmigración para presionar a su vecino septentrional allí donde más difícil le resulta gestionarla, en el archipiélago canario y en las ciudades autónomas. Ponen también de relieve que desde que se anunció la reconciliación hispano-marroquí, las autoridades de Marruecos hacen esfuerzos para frenar la emigración hacia España.

El Ministerio del Interior marroquí reanudó también a finales de marzo, un año después de haberlas interrumpido, las repatriaciones de inmigrantes irregulares al ritmo de entre 60 y 80 a la semana, es decir, inferior al de las llegadas de este año. Son repatriaciones caras, porque los expulsados solo pueden serlo en avión desde Las Palmas a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Rabat impone ese destino para reafirmar así la 'marroquinidad' del Sáhara. Cada uno de los 'sin papeles' devueltos debe además viajar acompañado por dos policías. Los billetes corren a cargo de Interior.

La normalización de la relación con Marruecos ha supuesto también la reanudación, desde el 12 de abril, del tráfico de pasajeros a través del Estrecho. Desde el lunes 18, estos pueden además embarcar sus coches a bordo de los ferris. La suspensión del tráfico perjudicaba a los cinco puertos andaluces desde donde zarpan barcos rumbo a Marruecos, pero también a cuatro puertos marroquíes. Las principales víctimas de esa larga interrupción, que empezó en marzo de 2020 por motivos sanitarios —Rabat la prorrogó en 2021 por razones políticas—, han sido los inmigrantes marroquíes en Europa que solían regresar a su país de vacaciones en el marco de la operación Paso del Estrecho.

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De las demás medidas que dejaba entrever el comunicado conjunto hispano-marroquí, publicado tras la visita de Pedro Sánchez a Rabat, no hay aún noticias. No se sabe qué día ni en qué condiciones reabrirán las fronteras terrestres de las ciudades autónomas ni cuándo se reactivará la aduana comercial de Melilla, que Rabat cerró de un plumazo en 2018, ni cuándo se inaugurará la de Ceuta, que nunca contó con ella y por eso no pudo exportar legalmente a Marruecos.

Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, diputado del Partido Popular por Melilla, se muestra escéptico. “Me choca que nadie hable del grupo de trabajo que se constituyó en septiembre de 2018 entre direcciones generales de aduanas para tratar específicamente de resolver el asunto de la aduana comercial melillense”, comenta al teléfono. “Mucho me extrañaría que con la declaración de buenas intenciones de la carta (...) fuera suficiente para desandar todo el camino desde 2018”, cuando se clausuró esa aduana abierta desde hacía siglo y medio. El comunicado hispano-marroquí del 7 de abril no menciona la reactivación de ese grupo de trabajo.

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Si se exceptúa la suspensión del tráfico de pasajeros en el Estrecho y retirar a las empresas melillenses su condición de europeas para poder exportar a Marruecos (rechazo del certificado EUR1 que presentaban), las autoridades marroquíes no tomaron medidas económicas contra intereses españoles durante los 15 meses de crisis. No lo hicieron porque su economía es más abierta que la de Argelia, en la que el sector público es hegemónico. Gran parte de su relación con la Unión Europea pasa a través de España. Si hubiesen golpeado económicamente a España, la Comisión Europea se habría visto obligada a tomar cartas en el asunto.

Medidas de Argelia

Sin darles publicidad, Argelia sí que ha tomado medidas de todo tipo, incluidas de índole económico, desde que el 19 de marzo llamó a consultas su embajador en España, Said Moussi, en protesta por el apoyo brindado por Sánchez a Marruecos, del que la diplomacia argelina se enteró a través del comunicado real marroquí publicado la víspera.

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El 29 de marzo, el Ministerio de Transportes argelino denegó a Iberia incrementar sus frecuencias entre Madrid y Argel; el 1 de abril, Toufik Hakkarel, el presidente de la empresa pública de hidrocarburos Sonatrach, dejó caer que subiría más los precios del gas exportado a España que a otros clientes; el 2 de abril, tuvo lugar la última repatriación por barco de inmigrantes irregulares argelinos llegados a España y Argel no expedirá ya más salvoconductos para facilitar devoluciones; el 13 de abril, Asoprovac, la asociación que reagrupa a los productores españoles de vacuno, constató que Argelia no importaría más carne española, a la que sustituirá por francesa. Importaba unas 20.000 toneladas anuales. “Hay más medidas en preparación”, indicó una fuente diplomática argelina.

Cuando Europa trata de reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos, Argelia, tercer exportador de gas a Europa después de Rusia y Noruega, se ha convertido en un país cortejado. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, visitó Argel el 11 de abril. Al término de su estancia, la empresa pública italiana ENI anunció que, a través del gasoducto Transmed, recibiría hasta 9.000 millones más de metros cúbicos de gas argelino al año, una cantidad equivalente a la que dejó en noviembre pasado de suministrar a España a través del gasoducto Magreb-Europa, que cruzaba Marruecos y desembocaba en Cádiz. Tres días después, Jean-Yves Le Drian, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, viajaba también a Argel para explorar las posibilidades de comprarle más gas.

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Tanto la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reaccionaron a esas amenazas argelinas con mensajes apaciguadores que, a veces, distorsionaban la realidad. Insistieron, por ejemplo, en que las conversaciones sobre el precio del gas se desarrollaban entre empresas privadas. Sonatrach es pública y negociar con ella equivale a hacerlo con el Estado argelino.

Albares afirmó el lunes que España es “insustituible” en el mercado gasístico internacional y un “punto de referencia” en el mercado europeo. Aun así, el Gobierno español debe de estar preocupado por ese reforzamiento de la relación entre Argelia e Italia que da parcialmente al traste con su sueño, expresado en voz alta por Sánchez, de convertir España en un 'hub' energético en el sur de Europa.

Diplomáticos españoles e italianos mantuvieron conversaciones para que el salto cualitativo que Argelia e Italia habían dado en su relación energética no perjudicase a España, según reveló la agencia de prensa Bloomberg al día siguiente de la visita de Draghi a Argel. “España constata un riesgo de que el suministro argelino decaiga y que el gas que actualmente le llega pueda ser desviado hacia Italia”, declaró a la agencia Matteo Villa, investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos de Milán. España posee una gran capacidad de regasificación del gas licuado y podría reemplazar el gas argelino por GNL procedente de EEUU, como está en parte sucediendo desde principios de año. El GNL suele ser, sin embargo, más caro que el gas que llega a través de un gasoducto.