Marruecos redobla su presión con el mayor salto en Melilla y cifras récord en Canarias

Primero Canarias y ahora Melilla. Marruecos pesca en río revuelto. Cuando la atención de España y de Europa se centra en la invasión de Ucrania por Rusia, Rabat presiona con la inmigración irregular. Unos 2.500 subsaharianos asaltaron este miércoles la valla de Melilla y 491 lograron poner pie en la ciudad, según la Delegación del Gobierno. Entraron por la zona de Villa Pilar, situada entre los puestos fronterizos de Farhana y Barrio Chino, cerrados desde el inicio de la pandemia. Se trata de uno de los mayores saltos de la historia y también uno de los más violentos, a juzgar por el número de heridos entre agentes de la Guardia Civil (25) y de la Policía Nacional (2). A esto hay que sumar las cifras récord de 'sin papeles' en las Islas Canarias, con un aumento del 135% en los primeros meses del año.

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Sabrina Moh, la delegada del Gobierno en Melilla, resaltó la colaboración de las fuerzas de seguridad españolas con las marroquíes para frenar el salto. Este fue masivo y, además, los subsaharianos recorrieron a la carrera desde el monte Gurugú un par de kilómetros hasta alcanzar la verja. Lo hicieron a plena luz del día, por lo que parece poco probable que las fuerzas auxiliares marroquíes desplegadas alrededor de la ciudad se hayan esforzado mucho en pararlo.

El salto migratorio se produjo 24 horas antes de que el Gobierno español presente en Ceuta las líneas maestras de su plan estratégico integral para la ciudad, que deberá estar listo a finales de junio. Una semana después, el 9 de marzo, la vertiente melillense será dada a conocer en la ciudad autónoma. El Ejecutivo de Pedro Sánchez encargó a la empresa pública Tragsatec que lo elabore para intentar garantizar la viabilidad económica y la seguridad de ambos territorios, asfixiados por Marruecos desde hace un lustro.

Ola en Canarias

El asalto a Melilla coincide con la ola migratoria sin precedentes que sumerge desde principios de año las islas Canarias. En los dos primeros meses de este año, desembarcaron en el archipiélago 5.496 inmigrantes irregulares, un 134,8% más que en el mismo periodo de 2021. Si se mantiene este ritmo en los 10 meses restantes de 2022, se batirá un récord migratorio desde 2006. Entonces se produjo la llamada 'crisis de los cayucos'. Al conjunto de España llegaron entre enero y febrero 7.319 'sin papeles', un 73,2% más que en 2021, que ya fue un mal año en materia migratoria.

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A diferencia de aquella crisis o de otras posteriores, la que padece ahora Canarias tiene un marcado carácter marroquí. Hasta mediados de febrero, la mayoría (52%) de los irregulares que desembarcaron en las islas procedía de este país y todas las embarcaciones en las que viajaron los inmigrantes, excepto una, zarparon desde las costas del sur de Marruecos. Sobre todo, desde el Sáhara Occidental, controlado por Rabat.

Esta doble presión migratoria, en Canarias y ahora en Melilla, hace sospechar a las agencias de Inteligencia españolas que las autoridades de Marruecos siguen empeñadas en doblegar al Gobierno de España en el conflicto del Sáhara Occidental. Las crisis diplomática que Rabat desencadenó con España el 10 de diciembre de 2020 dista mucho de estar cerrada. Este análisis de los servicios de Inteligencia y de algunos 'think tanks' contrasta con el discurso conciliador del Gobierno hacia el vecino del sur, empezando por Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Este último ha ensalzado en varias entrevistas recientes, la última el 11 de febrero, la cooperación marroquí en la lucha contra la inmigración irregular.

Opinión

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La presión migratoria busca ante todo que España dé un espaldarazo a la propuesta de Rabat, formulada en 2007, de ofrecer una autonomía al Sáhara Occidental y sortear así el referéndum de autodeterminación acordado en 1991. En esa antigua colonia española se libra, desde noviembre de 2020, una guerra de baja intensidad entre el Ejército marroquí y el Frente Polisario, que lucha por la independencia del territorio.

A ese empeño por lograr un cambio de la tradicional postura de España, que se parapeta detrás de las resoluciones de la ONU, se añade quizás un cierto enfado por una supuesta reunión de Pedro Sánchez con Brahim Ghali, el líder del Polisario, el 17 y 18 de febrero en la cumbre de Bruselas entre la Unión Europea y la Unión Africana. En contra de lo publicado por la prensa de Marruecos, no hubo tal reunión, aunque Ghali sí se acercó al presidente español para saludarle durante el desarrollo de un grupo de trabajo de la cumbre.

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Sánchez, por su parte, también buscó y saludó al ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, pero tampoco mantuvo una auténtica conversación con él. El rey Mohamed VI de Marruecos fue fiel a su costumbre y no participó en la cumbre euroafricana.

Problema energético

Rabat ejerce su presión a pesar de que el Gobierno español le haya resuelto, a principios de febrero, el problema energético que le causó Argelia al no renovar en octubre el contrato del gasoducto Magreb-Europa, que suministraba a Marruecos cerca de 1.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Ahora, el gasoducto va a funcionar en sentido contrario, de España a Marruecos. Bombeará el gas natural licuado (GNL) que llegará a puertos españoles, donde será regasificado para poder ser exportado al vecino del sur a través del gasoducto cerrado desde hace cuatro meses.

El salto migratorio de Melilla ha dado pie a Santiago Abascal, el líder de Vox, a pedir en el Congreso de los Diputados el despliegue del Ejército en las fronteras de Ceuta y Melilla. La semana pasada, la formación presentó en la comisión de Defensa del Senado una iniciativa para instar al Ejecutivo de Sánchez a que solicite a la OTAN que coloque las dos ciudades autónomas bajo su paraguas. A día de hoy no lo están porque así lo negoció el Gobierno de Felipe González hace 40 años, cuando se adhirió a la organización transatlántica de defensa. González sí incorporó a la OTAN a Canarias, pero no a Ceuta y Melilla, para no enfadar a Marruecos La propuesta de Vox fue respaldada por el Partido Popular, pero aun así fue rechazada en la comisión de la Cámara Alta.