Interior aceleró la expulsión de un militar argelino para complacer a Argel

"Argelia es un país de dictadores militares y no aceptan otras opiniones”. “Quiero pedir al señor Marlaska y Pedro Sánchez que revisen sus decisiones y me salven la vida". Desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia), Mohamed Benhlima, de 33 años, un exmilitar argelino, grabó, el pasado martes con su móvil, esta súplica y subió el vídeo a su canal de Youtube.

Descubierto, el móvil le fue retirado y el jueves 24 por la tarde embarcó a la fuerza en un avión fletado por Interior a la compañía Iberia para trasladarle, junto con media docena de inmigrantes irregulares, a Argel. Un vídeo grabado a su llegada muestra como baja la escalerilla del avión rodeado de policías argelinos, esposado y con las manos atadas. Su le ve asustado. Le introducen en el asiento trasero de un todoterreno negro donde le colocan una versión moderna de la camisa de fuerza para inmovilizarle aún más.

Los inmigrantes irregulares argelinos son expulsados a su país por Interior en ferry desde Alicante o Almería, pero el jueves el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska otorgó un “tratamiento VIP y acelerado”, según un funcionario policial, al excaporal Benhlima. Le deportó en un avión en el que viajó vigilado por policías españoles.

La Justicia argelina había solicitado su extradición, pero Interior optó por expulsarle como si se tratase de un inmigrante irregular más. Se dio prisas en hacerlo. Ingresó en el CIE el 17 de marzo. Al día siguiente volvió a solicitar el asilo, que ya pidió en febrero de 2020 en San Sebastián, pero a las 72 horas se le denegó nuevamente. El jueves 24 fue repatriado a la fuerza.

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“No había tiempo para esperar al próximo barco” a Argelia, aseguran fuentes de Interior justificando el flete del aparato de Iberia cuyo vuelo, curiosamente, no aparece en el registro del aeropuerto de Argel del jueves. El ministerio podía retener aún legalmente a Benhlima otros 53 días -la estancia máxima es de 60 días- pero tuvo mucha prisa en entregarle.

La celeridad de Grande-Marlaska se explica, según fuentes diplomáticas conocedoras de la relación hispano-argelina, por su empeño por dar satisfacción a Argelia, un vecino con el que España está en crisis desde el 19 de marzo. Ese día el embajador argelino en Madrid, Said Moussa, fue llamado a consultas por su Gobierno en protesta por la carta que envió el presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI alineándose con las tesis de Rabat en el conflicto del Sáhara Occidental. Desde que estalló la crisis el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, no ha cejado de elogiar la fiabilidad de Argelia como suministrador de gas.

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Benhlima fue condenado “in absentia” en enero de 2021 a 10 años de cárcel por un tribunal argelino que le consideró culpable de pertenecer y financiar un grupo terrorista que ponía en peligro la seguridad del Estado y la unidad nacional. El grupo es Rachad, un movimiento islamista moderado y no violento cuyo líder, Larbi Zitout, un exdiplomático, reside en Londres, junto con otro miembros de la dirección, sin que Argel haya obtenido su extradición.

Los vídeos de Benhlima en Youtube, donde contaba con 155.000 seguidores, son una constante denuncia de la corrupción en las fuerzas armadas y la elite gobernante en su país, pero no se detecta en ellos la menor veleidad terrorista ni hace apología de la violencia. Interior rehusó explicar a su abogado, Jaume Durá, porque su estancia en España podía constituir un peligro para la seguridad.

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El caporal desertó, según su relato, cuando supo que figuraba en una lista elaborada por los servicios de seguridad sobre los militares que habían participado en las manifestaciones del Hirak que aspiraban a provocar un cambio del régimen argelino. Llegó provisto de un visado a España, en septiembre de 2019, y cinco meses después pidió protección en la Oficina de Asilo y Refugio de San Sebastián.

Durante todo su periplo para conseguir el asilo y evitar su expulsión Benhlima ha estado respaldado por Aministía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y otras ONG. Hasta el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados se pronunció en un informe porque le concedieran protección.

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“Las autoridades españolas son muy conscientes del sombrío destino que le espera a Mohamed Benhlima si lo deportan”, advirtió Aministía en un comunicado la semana pasada. “En los últimos años, las autoridades argelinas han intensificado su descarada persecución de activistas en un intento de aplastar toda forma de disidencia”, recordaba.

Benhlima se alarmó porque le fue denegada su solicitud y, sobre todo, porque, el 21 de agosto pasado, el Ministerio del Interior deportó a Argelia en ferry a un compatriota suyo, el exgendarme Mohamed Abdallah, que llegó a España en patera, en 2018, junto a su mujer y su hijo. Él también se convirtió en youtuber y en su canal, con 265.000 seguidores, formulaba las mismas denuncias sobre corrupción. Abdallah fue condenado a principios de semana, por un tribunal argelino, a cinco años por pertenencia a un grupo terrorista que atenta contra la seguridad del Estado, según la prensa de Argel.

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El excaporal huyó entonces a Francia donde también solicitó el asilo, pero allí le recordaron que la normativa europea obliga a hacer el trámite en el primer país de la UE que pisa el exiliado. Cruzó de vuelta los Pirineos, probó fortuna en Portugal, pero, al final, regresó a España. A mediados de mes fue detenido en un control policial de carretera, supuestamente rutinario, cerca de Zaragoza. De ahí fue enviado al CIE de Valencia.

Desde que lo dirige Grande-Marlaska, Interior ha deportado a Argelia a dos exmilitares argelinos con mucha audiencia en redes sociales, pero también atendió al menos una petición de Marruecos. El activista saharaui Hussein Bachir Brahim desembarcó de una patera, en enero de 2019, en Lanzarote, pero no pudo ni solicitar asilo. A la semana ya estaba de vuelta en Marrakech.

El Tribunal de Apelación de esa ciudad le condenó, en noviembre de 2019, a 12 años por el asesinato de un joven marroquí durante una pelea entre estudiantes en el campus de la universidad. El activista siempre negó los hechos que se le imputaban y sus letrados alegaron durante el juicio que no existía ninguna prueba que avalase la acusación.