La Fiscalía abre una investigación sobre la piscifactoría marroquí en aguas de España

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre la piscifactoría impulsada por una empresa de Marruecos en el archipiélago español de las Chafarinas. El diputado del PP por Melilla Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu denunció la pasada semana un delito contra los recursos naturales y, según apuntan fuentes conocedoras del caso, el Ministerio Público ya ha trasladado su escrito a la Guardia Civil para que investigue posibles irregularidades en torno a la granja de acuicultura.

"La referida piscifactoría no cuenta con licencia, concesión, ni autorización administrativa de ninguna autoridad ni Administración pública españolas", advierte la denuncia. "El Reino de Marruecos no tiene competencia alguna en las aguas territoriales españolas y, por tanto, la supuesta concesión de la que se sirve la empresa marroquí es nula".

Como informó El Confidencial el pasado noviembre, la licencia para la creación de la piscifactoría en el archipiélago de las Chafarinas fue concedida a la empresa marroquí Mediterranean Aquafarm SA mediante un decreto del 7 de marzo de 2019, según el 'Bulletin Officiel' (el BOE de Marruecos). Pese a ello, la instalación no empezó a colocarse hasta hace un año y quedó terminada a principios del otoño pasado. En plena crisis diplomática, Rabat lanzaba así un nuevo pulso a Madrid.

El Ministerio de Asuntos Exteriores protestó en noviembre ante las autoridades de Marruecos, pero no surtió efecto: el país vecino no reconoce las aguas territoriales de Ceuta y Melilla, ni tampoco las de los peñones e islas españoles a lo largo de su costa, por lo que no dudó en mantener la mencionada licencia para poner en marcha la piscifactoría a apenas 700 metros del archipiélago de las Charafinas. "Consiste en 16 jaulas flotantes circulares colocadas en dos hileras paralelas de ocho jaulas cada una, formando un recinto rectangular balizado por boyas", explica la denuncia. "Aunque no se observa a simple vista, estas instalaciones van ancladas al fondo marino".

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El diputado del PP recuerda además que las jaulas fueron "suministradas e instaladas 'in situ' por una empresa española", la tarraconense Morenot. Después de que El Confidencial desvelara este dato en noviembre, el Gobierno español dio 20 días a la empresa para que las retirase, pero a día de hoy siguen donde se instalaron.

Los populares apuntan a que los responsables de esta piscifactoría han incurrido en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que se castiga con hasta cinco años de cárcel cuando se perjudica "gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". "Va anclada en el suelo marino de un espacio que cuenta con protección medioambiental y sus actividades son claramente perjudiciales para el hábitat de la zona, pues la explotación conlleva vertidos que desestabilizan el ecosistema", avisan.

Para reforzar esta idea, inciden en un real decreto de 2018 que declara "zona especial de conservación" el archipiélago de las Chafarinas, así como en que se trata de un lugar de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 y zona de especial protección para las aves. Los denunciantes consideran que la piscifactoría pone en riesgo esta especial protección, y ese es el punto de partida para la investigación que la Fiscalía ya ha puesto en marcha.