Consulta, un vicepresidente, Guardia Civil, peajes, trenes... el coste de investir a Sánchez

Queda un tirón de cuatro días. Solo cuatro días en los que, vista la sucesión vertiginosa y atropellada de noticias ocurrida en una sola tarde, la de este viernes, todo puede suceder. Los socialistas confían en que la investidura de Pedro Sánchez prospere el martes por mayoría simple, pero la presión sobre ERC, el aliado más sensible a las turbulencias externas e internas, puede arruinar todo el castillo de naipes. Un edificio cuya construcción ha sido muy trabajosa y nada gratuita porque los siete acuerdos firmados con distintas fuerzas, desde Unidas Podemos al BNG, pasando por el PNV, han tenido coste para el PSOE. Precio que se ha traducido en una mesa de diálogo con el Govern de Cataluña y una consulta de "validación" posterior, bonificación de peajes, trenes y autovías, traspaso de competencias (como la de Tráfico a Navarra, hasta ahora en manos de la Guardia Civil) o inversiones en infraestructuras.

Encajar un puzle complejísimo como el resultante de las urnas del 10-N —y sin "opción B", porque Sánchez se afanó en buscar los apoyos a su izquierda y con los partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas— arrojará el martes un resultado ajustado, de 167 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe), 164 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, CUP, Navarra Suma, Foro Asturias y PRC) y 19 abstenciones (ERC, EH Bildu y Coalición Canaria). Suficiente para permitir la investidura de Sánchez después de más de ocho meses de parálisis. Suficiente para acabar con el bloqueo pero no tanto para procurar una legislatura estable y plácida para el Gobierno de coalición que liderarán el secretario general socialista como presidente y Pablo Iglesias como vicepresidente. UP se hará con cuatro ministerios (no tres, como iba a tener en julio): previsiblemente, Trabajo (para Yolanda Díaz), Igualdad (Irene Montero), Universidades (Rosa Lluch) y, con probabilidad, Turismo o Comercio (Alberto Garzón).

La coalición es la fórmula que el candidato no quiso durante meses y con la que tuvo que transigir después de salir más debilitado tras la repetición electoral del 10-N, los comicios en los que buscaba reforzarse y liberarse de ataduras. Pero las urnas le propinaron un revés que ha subido el precio de su investidura.

Singularmente con ERC. Ya el portavoz republicano, Gabriel Rufián, advirtió en julio a PSOE y Unidas Podemos de que el momento era aquel. Que el otoño, con la sentencia del 'procés', lo complicaría todo. Pero entonces no hubo entendimiento. Tras las segundas generales, la formación de Oriol Junqueras exigió una mesa entre gobiernos, de igual a igual, un calendario claro, sin vetos y con garantías de cumplimiento, para dar el paso a la abstención.

El PSOE ya ha subrayado que una consulta no es un "referéndum de autodeterminación" y ha garantizado que no sobrepasará la Constitución

Los socialistas se embarcaron en una negociación ardua y blindada con ERC durante casi dos meses de la que resultó un pacto de folio y medio. Por él, el PSOE reconoce que el problema catalán es un "conflicto" de naturaleza "política" y asume la creación de un foro de diálogo 'ad hoc' entre el Gobierno central y el Govern de Cataluña, que empezará a funcionar 15 días después de la constitución del nuevo Ejecutivo bipartito y en que cada parte podrá plantear sus propuestas. Los acuerdos a los que se llegue serán llevados a una consulta ciudadana en Cataluña "de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político". El nuevo Gobierno se abre, pues, a introducir modificaciones legales para encajar esa consulta que, según reiteró José Luis Ábalos este viernes en Ferraz —en la primera explicación pública del acuerdo por parte de los socialistas—, "no es un referéndum de autodeterminación".

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Validado el acuerdo con ERC

Sánchez no encontró problema para que la ejecutiva ratificase este viernes el acuerdo con ERC (y los pactos firmados con Unidas Podemos y otras seis fuerzas), consciente de que sus contrarios están prácticamente desactivados y, desde luego, no se sientan en la cúpula federal. Solo el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, avisó a través de un comunicado oficial de que no caben las "consultas por separado" que no sean las preceptivas por las reformas estatutarias, previa aprobación por las Cortes Generales, como no es posible "negociar" un referéndum de autodeterminación.

Los socialistas confían en que ERC no se echará atrás y mantendrá su abstención. Denuncia un "ataque sin precedentes" contra la investidura

Pese a todo, Page mostró su confianza en las palabras de Ábalos, en el sentido de que el Ejecutivo de Sánchez no se saldrá un centímetro de la Constitución. Texto que el acuerdo con los republicanos no menciona explícitamente pero que, como remarcó el número tres de la nomenclatura socialista, jamás será desbordado.

Según avanzaba el viernes, la investidura parecía encarrilarse. En cuanto el BNG confirmó que no votaría en contra del candidato —horas más tarde anunció su sí—, el camino quedaba despejado. En paralelo, la tormenta política iba creciendo tras las dos resoluciones de la Junta Electoral Central. En una de ellas, por siete votos a favor y seis en contra, el organismo arbitral decidió quitar el acta de diputado a Quim Torra, inhabilitándole como 'president' de la Generalitat. En la segunda, y por siete votos a favor y cinco en contra —no participó la magistrada del 'procés' Ana Ferrer—, dictaminó dejar sin escaño en el Parlamento Europeo a Junqueras.

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En los dos casos, la JEC actuaba a instancias de PP, Ciudadanos y Vox. Torra pidió la convocatoria de un pleno extraordinario en la Cámara catalana, que el presidente, el republicano Roger Torrent, convocó para este sábado a las 17:00 —mientras en el Congreso continúe el debate de investidura de Sánchez—, y ERC anunció una ejecutiva urgente, también para hoy, para analizar las decisiones de la JEC "y valorar las consecuencias en el calendario político inmediato".

Los socialistas habían recibido horas antes la confirmación de que la investidura quedaba "blindada", según fuentes de Ferraz, pasara lo que pasara en la JEC. Pero el impacto fue de tal calibre que por la noche la sensación de certidumbre quedaba tocada. Distintos miembros de la cúpula señalaban que la lógica debía llevar a ERC a ratificarse en su decisión de abstenerse, a la vista de que si no facilita la reelección de Sánchez y hay nuevas elecciones, vendrá una derecha que será implacable con el independentismo. La dirigencia del PSOE se sentía víctima de "un ataque sin precedentes en democracia en la formación de una mayoría progresista". "Hay que resistir a estas derechas despendoladas", valoraba un alto cargo del Ejecutivo en funciones.

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Esa ira la dejó traslucir Adriana Lastra, principal negociadora socialista, en unas brevísimas declaraciones a los medios (sin preguntas), en las que denunció el "boicoteo" de las derechas a la investidura, pero "la democracia se va a abrir paso" tras el arranque del pleno de investidura y será posible "esa España que quiere avanzar". Antes, la número dos había echado un capote a ERC: aseguró que el PSOE tiene "serias dudas" de que la JEC tenga "competencias" para destituir a Torra y retirar el acta a Junqueras, puesto que es un órgano "administrativo", y no jurisdiccional. Ahora, el que tiene que hablar, dijo, es el Supremo, y "cuanto antes".

Se estudiarán las selecciones deportivas vascas o se elaborará una propuesta de financiación autonómica en los primeros ocho meses

La portavoz parlamentaria, poco antes de esas palabras, había cerrado el último de los acuerdos con los grupos minoritarios. Con el BNG. Antes lo había hecho con Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias. El lunes se cerraron las alianzas con ERC —aunque el contenido se hizo público este jueves—, el PNV y Unidas Podemos. Algunos de los principales puntos acordados con los minoritarios son los siguientes:

• Traspaso de las competencias pendientes a Euskadi y transferencia de Tráfico a Navarra. Se trata de una concesión al PNV. Pedro Sánchez firmó con el presidente del partido 'jeltzale' un documento de 12 puntos, de folio y medio. Uno de ellos supone el traspaso al País Vasco de las competencias estatutarias pendientes, y también la cesión a Navarra —cuyo Gobierno preside la socialista María Chivite, pero del que forma parte el PNV a través de su marca en la comunidad, Geroa Bai— de las competencias de Tráfico. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, explicó que no supondría en ningún caso la salida de la Guardia Civil de Navarra, pero para la oposición conservadora se trata de su desaparición allí. Sin embargo, este ya era un compromiso contraído por Sánchez con la anterior presidenta foral, Uxue Barkos (de GBai). Más aún, este era un traspaso, como recordó el ministro Marlaska, acordado entre el presidente José María Aznar y el regionalista Miguel Sanz, jefe del Ejecutivo navarro, aunque no se llegó a llevar a cabo.
• Selecciones vascas. El PSOE firmó con el PNV "abrir cauces para promover la representacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural".
• Financiación autonómica inminente. Compromís arrancó el compromiso de los socialistas de presentar en los primeros ocho meses una nueva propuesta de financiación autonómica "y mientras no se produzca esa reforma" del modelo, los Presupuestos del Estado garantizarán a la Generalitat valenciana la "prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". El Ejecutivo también cumplirá con la cláusula de inversiones territorializadas introducida en el Estatuto de autonomía para que "contemple una inversión equilibrada y sostenible" en la comunidad.

• Infraestructuras en Valencia. Compromís celebró que el acuerdo contemple prioridades "muy importantes" para la Comunidad Valenciana, como las inversiones en la red de Cercanías (principalmente en Castellón), la conexión del aeropuerto de l'Altet con Alicante y Elx/Elche y el túnel pasante de Valencia.
• No al cierre de taquillas de billetes de tren. El nuevo Gobierno aplazará al menos durante seis meses, a petición de Teruel Existe, el cierre anunciado de la venta de billetes e información presencial en 142 estaciones de ferrocaril en la España vaciada.

Se aplazará el cierre anunciado de taquillas de tren o se desarrollará la red viaria de Teruel, y también se cumplirá el REF canario

• Desbloqueo de varias infraestructuras en Aragón. El Ejecutivo de coalición impulsará "decididamente" el desarrollo de la red viaria en Teruel. El documento firmado con Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, recoge el compromiso de licitación de varios tramos de la autovía A-68, la ejecución del corredor de la A-40 (autovía Cuenca-Teruel) —paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2008—, la construcción de las variantes de la N-211, o la licitación de la autovía A-25 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo o de la A-24, entre Campo Romanos y Calatayud.
• Corredor Cantábrico-Mediterráneo. El Gobierno de coalición impulsará el desarrollo del corredor Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Zaragoaza-Teruel-Sagunto como "un corredor ferroviario de altas prestaciones", con el mismo nivel técnico y de prestaciones que el que se está realizando en el tramo entre la capital aragonesa y el Cantábrico.

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• Más banda ancha para la España vaciada como uno de los elementos básicos para la vertebración del territorio. Otro de los compromisos suscritos con Teruel Existe. La formación también pide un aumento de la dotación de guardias civiles y la mejora de las infraestructuras del cuerpo.
• Cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal canario. El PSOE sí suscribió un documento de acuerdo con Nueva Canarias, socios suyos en el Ejecutivo de las islas, pero que concurrieron el 10-N con Coalición Canaria, que sin embargo se queda en la abstención. Los recursos contemplados en el REF no contarán en el reparto de los fondos de la financiación autonómica. Además, el Gobierno bipartito defenderá la singularidad de Canarias como región ultraperiférica en el nuevo marco presupuestario plurianual 2021-2027.

• Precios máximos de referencia en los vuelos de las islas con la Península. El pacto con Nueva Canarias califica de "logro histórico" el 75% de descuento en el transporte aéreo y marítimo, pero ante el posible incremento de los billetes por parte de las compañías aéreas, se precisará de "decisiones claras" como el establecimiento de precios máximos de referencia en líneas declaradas de servicio público.
• Mismo estatus para Galicia. El BNG consigue que el PSOE asegure a Galicia el mismo estatus que Cataluña y Euskadi, si hay modificaciones en la estructura del Estado. Se activará la transferencia de las competencias pendientes.

Se traspasarán las competencias pendientes a Euskadi o Galicia y se bonificará el 100% del peaje de la AP-9 a los usuarios recurrentes

• Potenciación de las infraestructuras en Galicia. El pacto con los nacionalistas gallegos contempla la bonificación del 100% del peaje de la AP-9 para los usuarios recurrentes (los que la utilicen dos o más veces al día). El coste se repercutirá a partir de los Presupuestos de 2020. Además, se establecerá la gratuidad del tramo entre Vigo y Redondela. Además, se modernizará la red ferroviaria interior de Galicia y se actuará sobre la red de Cercanías.

La investidura arranca este sábado a las 9:00. Todo parece ya estar listo para que Sánchez se convierta en presidente con plenas capacidades el martes, 7 de enero. Pero aún cabe margen para la sorpresa. Con un panorama tan convulso solo en los primeros tres días de este 2020, se aventura una legislatura, si nace finalmente, de montaña rusa.

Un Ejecutivo "dialogante" y que representa "la España que avanza" frente al bloqueo

El candidato socialista ha estado preparando en las últimas horas su discurso de investidura. Este se vertebrará, según adelantaron fuentes socialistas, sobre cuatro pilares: 

1. "La España que avanza frente a la España del bloqueo". La oposición entre "los que construyen y quieren avanzar frente a los que quieren bloquearlo todo". 

2. Pedro Sánchez describirá cómo serán las señas de identidad de la coalición progresista: la "justicia social, la defensa de los servicios públicos, la libertad y cohesión y diálogo territorial".

3. El tipo de Gobierno. Será "un Ejecutivo de valores progresistas, con una actitud dialogante y cuyo método será activo, ejecutivo, resuelto".

4. Presentará un programa de Gobierno "centrado en las principales transformaciones que necesita el país para liderar una modernización como ya ha hecho en otras ocasiones en su historia": 

• Crecimiento, empleo digno y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
• La digitalización de la economía.
• La transición ecológica justa.
• La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
• La justicia social.
• El "diálogo y el entendimiento de una España unida y diversa comprometida con una Europa fundada en los derechos humanos".