Sánchez intenta capitalizar la respuesta dura del Estado frente al nuevo pulso separatista

Faltaban 14 minutos para las siete de la mañana. El Gobierno de Pedro Sánchez adelantaba que media hora después enviaría el enlace de un vídeo en el que varios ministros explicaban las fortalezas del sistema democrático y elogiaban el salto experimentado por el país desde la dictadura franquista en varios idiomas. Inglés, francés, ruso, alemán, castellano. El mensaje era evidente: el Ejecutivo quería tomar la delantera, capitanear la respuesta del Estado en una jornada clave, en la que, como ya advertían la víspera desde la Moncloa, España se la jugaba como país. Dentro y fuera de nuestras fronteras. Quería combatir la propaganda separatista, la que fue capaz de permear muchas cabeceras europeas hace dos años, desde el primer minuto, asentar en la percepción pública internacional que España es una democracia consolidada. Un Estado de derecho garantista. "La casa de todos", la traducción del 'hashtag' patrocinado durante toda la jornada, #EverybodysLand. Todo respondía a una estrategia en absoluto improvisada, y menos a cuatro semanas escasas de las generales del 10-N.

El Gobierno iba preparando así el terreno algo más de dos horas antes de que el Tribunal Supremo notificase una sentencia histórica, la del 'procés': condena de 13 años al 'exvicepresident' Oriol Junqueras y penas de prisión de entre 9 y 12 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los Jordis y cinco 'exconsellers'. Los siete magistrados aprecian por unanimidad que hubo sedición y malversación, pero no rebelión, porque, aunque sí hubo violencia en el otoño de 2017, esta no fue "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios" para conseguir la secesión de Cataluña, cuando la independencia nunca fue un objetivo real del Govern, sino más bien una quimera, un "señuelo" para forzar al Gobierno central a negociar. Una sentencia que provocó la indignación de la Generalitat y del Parlament y numerosas protestas en las calles, además del colapso del aeropuerto de El Prat y la cancelación de más un centenar de vuelos, disturbios respondidos con fuertes cargas policiales, muchas de ellas de los Mossos, dependientes de una Generalitat que empujó a los ciudadanos hacia la desobediencia civil.

Para cuando la sentencia ya estaba empezando a inundar los medios, el Gobierno disponía de una voz, un peso pesado, que ofrecía la primerísima respuesta. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y número tres del PSOE, entrevistado en 'Los desayunos de TVE'. Él era quien persiguió enterrar desde por la mañana un debate con el que la oposición conservadora ha fustigado constantemente a Sánchez. ¿Indultará o no a aquellos cabecillas del 'procés'? "No procede" hablar ahora de ello porque no es la voluntad del Ejecutivo, respondió.

La secuencia: vídeo en defensa de la democracia española en varios idiomas, negativa a los indultos en TVE, comparecencia en la Moncloa a mediodía

El secretario de Organización despejaba así un molesto balón para el presidente antes de que este compareciera en la Moncloa. Había, no obstante, pocas dudas de que el PSOE iba a cerrar la puerta al perdón a los condenados: nunca la abrió Sánchez, aunque evitaba siempre dar una respuesta contundente para no interferir, decía, en las deliberaciones de los tribunales, por mucho que otros dirigentes, como Miquel Iceta o Teresa Cunillera, primer secretario del PSC y la delegada del Gobierno en Cataluña, no hubieran descartado el indulto. La sentencia [aquí en PDF] le echa por cierto un capote cuando afirma que hablar de ello cuando no hay aún condenas "es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional". La Moncloa y Ferraz, en cualquier caso, han ido endureciendo el tono contra el independentismo desde hace meses, más aún en una precampaña, la del 10-N, en la que los socialistas intentan posicionarse en la centralidad del tablero, arañar votos de un Ciudadanos al que los sondeos pintan en ruinas.

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Pasadas las 10:30, el Gobierno anunciaba la declaración institucional de Sánchez para el mediodía. Otro paso más en una estrategia diseñada desde hace semanas, que busca potenciar la figura del presidente como garante de la "estabilidad" del país. Al final, el líder socialista compareció sobre las 12:20, después de que lo hubiera hecho Quim Torra. En el primer minuto de su discurso, en castellano y en inglés, Sánchez colocaba su mensaje: el Ejecutivo manifestaba su "absoluto respeto y acatamiento" de la sentencia del Supremo. "Y, como corresponde en un Estado social y democrático de derecho, el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento", subrayó. El jefe del Ejecutivo no pronunciaba la palabra "indulto" —no hubo forma de atornillarle, porque no admitió preguntas—, pero en realidad ya había alejado esa hipótesis de manera coordinada con su ministro Ábalos. La construcción "cumplimiento íntegro" del fallo dejaba pocas puertas abiertas.

Sánchez anuncia una respuesta "proporcional" pero "firme" y "desde la unidad", y se apresta a contactar con Casado, Rivera e Iglesias para sumar fuerzas

Además, Sánchez denunciaba el "fracaso" de la estrategia independentista, el "naufragio de un proceso político" que "deja tras de sí un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña". Y aunque confía en que se abra a partir de ahora "una nueva etapa" en la que se puedan reconstruir la convivencia, apostando por el diálogo siempre dentro de la ley, advertía de que el Gobierno permanecerá "atento" a la respuesta del separatismo a la sentencia.

Velará, dijo, por la "seguridad", la "convivencia" y el cumplimiento de la legalidad, y no dudará de adoptar medidas extraordinarias si es necesario. Porque, aunque está en funciones, tiene "todas las atribuciones", advirtió, para restaurar el orden en Cataluña si el secesionismo retorna a la vía unilateral o no es capaz de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. El mensaje no necesitaba más explicaciones: el presidente ya ha reconocido en múltiples ocasiones que contempla "todos los escenarios", y su respuesta será "proporcional", aunque "firme", al desafío que se plantee, por lo que podría activar la Ley de Seguridad Nacional para dar órdenes directas a los Mossos, o bien desplegar de nuevo el 155.

Respuesta también "desde la unidad" de las fuerzas constitucionalistas, completó Sánchez. Es otra de las claves, la que precisamente le permite ejercer ese papel de liderazgo, que en la cúpula socialista creen rentable a cuatro semanas de las urnas. Concluida la comparecencia de la mañana, fuentes del Gobierno aplaudían la reactivación de la euroorden contra el fugado 'expresident' Carles Puigdemont por parte del juez Pablo Llarena y ya avanzaban que el presidente llamaría por la tarde a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para recabar su respaldo en caso de tener que adoptar medidas extraordinarias. Las tres conversaciones se desarrollaron en un marco "constructivo". Pero hubo diferencias.

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Que no "sobreactúen"

Mientras que en los jefes de PP y Ciudadanos encontró un clima de "lealtad", "apoyo" y "unidad", en el secretario general de Podemos no halló esa misma receptividad. Sánchez trasladó a Iglesias que "siempre buscará la unidad de acción" de las fuerzas comprometidas con la Carta Magna y le dijo que "si fueran necesarias medidas excepcionales, estas deberían ser compartidas" por los principales partidos. Aunque la comunicación del presidente con los tres líderes seguirá en función de cómo marchen los acontecimientos, 'a priori' es difícil pensar que pueda recabar el aval de la formación morada a la aplicación de instrumentos extraordinarios, porque esta no los comparte. Iglesias, de hecho, acusaba este mismo lunes a Sánchez de haberse "riverizado".

El Gobierno también se moviliza cara al exterior. La Moncloa y Ferraz habían previsto un escenario con Sánchez en el centro, garante de la "estabilidad"

Casado y Rivera, entretanto, bajaron el tono de las hostilidades. El presidente del PP no quiere centrar la campaña en Cataluña —a diferencia de lo que ocurrió en las generales del 28 de abril—, sino en la economía, y el líder naranja necesita hacer creíble su último giro, con el que ya no rechaza de plano facilitar la investidura del socialista, si este es el más votado. Rivera no le demandó la aplicación inmediata del 155, por ejemplo, sino que el Gobierno proteja a los ciudadanos, que incremente la seguridad en Cataluña y que acepte una reunión a tres que Sánchez no ve urgente ya mismo, pero que no descarta. Entretanto, Ábalos comparecía en Ferraz, como el rostro de una declaración institucional, de nuevo sin preguntas, con la que pedía a los partidos que no "sobreactúen" y arropen al Ejecutivo, igual que el PSOE hizo con Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición.

El ministro pidió al PP que no aproveche para pedir cambios en el Código Penal sobre el delito de rebelión, si bien Sánchez lo reclamó cuando solo era secretario general de su formación. Por la tarde, también el Gobierno convocó al cuerpo diplomático acreditado en España a una "sesión informal" para analizar la sentencia del 'procés' convocada por la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano. Este martes, es el titular de Exteriores, Josep Borrell, el que reúne en su ministerio a los embajadores de la UE en España, aunque es una cita, dicen en su entorno, "prevista desde hace meses, no relacionada" con el fallo.

Este es el escenario que buscaba la Moncloa. El de un Sánchez en el centro de la escena, apuntalado por su condición de presidente, que pueda ser visto por los votantes como el palo mayor al que aferrarse en momentos de zozobra. Por la noche, mientras se sucedían las imágenes de las protestas en Barcelona y de la batalla campal en El Prat —ese colapso buscaba imitar los métodos y estrategias de los activistas de Hong Kong contra Pekín—, en el equipo del presidente recordaban el vaticinio que semanas atrás había hecho el director de Gabinete del presidente, Iván Redondo: "La mayoría cautelosa decide". Los ciudadanos que, a la vista de un recrudecimiento de la tensión en Cataluña, busquen refugio en quien sienten que puede ofrecerles mayor seguridad, el Gobierno. Eso es, al menos, lo que reza el manual de campaña socialista.

En Ferraz indicaban que la cadena de movilizaciones y disturbios consecuencia del fallo del 'procés' discurrían por los parámetros esperados. No veían necesidad de aplicar ya medidas coercitivas. "Hay que esperar", advertían. "Estamos preparados para todo. A ver cómo se desarrollan estos próximos días", indicaba una dirigente del núcleo de confianza del presidente.

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La ocasión para mostrar firmeza

Fuera de la sede federal, se aplaudía la actitud del Ejecutivo. "Buena, firme, sobria, institucional", reconocían en el entorno del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, con el que Sánchez ha coordinado la respuesta en los últimos días y con el que la sintonía es total. El jefe de los socialistas catalanes no sacó los pies del tiesto. No reclamó indultos: no le consta que los condenados los hayan pedido, dijo, pero en todo caso apoyará las decisiones del Gobierno. Punto final. Nada de distorsiones por parte del partido hermano. En el PSC no chirría la posición de "firmeza" adoptada por el presidente, porque le puede ayudar a recuperar votos que antaño se fueron a Ciudadanos. No obstante, advierten de que "aún queda mucho" para las urnas y para conocer el impacto de la sentencia. Y para calibrar, también, cómo afectará un Brexit caótico, el enfrentamiento de la economía o el mensaje reiterado de que España necesita "un Gobierno fuerte y coherente".

Ni Sánchez ni su núcleo duro han explotado un argumento servido en bandeja por el TS: avaló las tesis de la Abogacía del Estado, no de la Fiscalía

Para la cúpula socialista, el plan trazado a partir de la sentencia se venía cumpliendo: presencia de Sánchez y del Gobierno desde el primer momento, liderando la respuesta de Estado frente al nuevo pulso independentista. Intentando capitalizarla. "Hablando claro, hablando idiomas, hablando fuerte en Europa y en el mundo", completaban en el PSC.

Sí llamó la atención que ni Sánchez ni Ferraz hicieran bandera de un argumento servido en bandeja por el Supremo: la condena por sedición, como pedía la Abogacía del Estado, y no por rebelión, como reclamó la Fiscalía. El Gobierno fue muy criticado por PP y Cs por haber rectificado el criterio de los servicios jurídicos del Estado como gesto hacia el separatismo. El cambio en la calificación se llevó por delante al abogado que llevaba el caso desde el principio, Edmundo Bal, que suscribía los argumentos del Ministerio Público pero, sobre todo, rechazó firmar un escrito que no contenía alusiones a la violencia. La sala sí cree que la hubo, pero sostiene que no fue organizada ni estructural. Bal al final acabó como diputado de Cs y portavoz adjunto del grupo en el Congreso.

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"Ya tendremos tiempo de recordarlo. Ahora tenemos que dirigirnos a los catalanes. No lo hemos hecho porque somos el partido del Gobierno. Y estamos llamando a la unidad. Debemos mostrar, Gobierno y oposición, firmeza ante el independentismo. Y eso se hace con unidad", explicaba a este periódico un miembro del núcleo duro del presidente. Quien sí se afanó en recapitular lo sucedido fue el portavoz de la dirección socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a través de las redes sociales.

Es pronto aún para saber qué puede ocurrir en los próximos días y cómo será la respuesta lanzada por el Gobierno, en teoría con el consenso de al menos PP y Cs. Pero la precampaña ha virado forzosamente para situar Cataluña en el centro de la escena. Era lo que esperaba la Moncloa. La ocasión para mostrar mano dura, "firmeza democrática", con "proporcionalidad" y "desde la unidad". La receta que no se caerá de la boca del presidente, del Gobierno y de los mandos socialistas hasta el 10-N.