Los Jordis podrán salir en Reyes y Junqueras, en enero de 2021

Pedro Sánchez ya avisa de que garantizará el cumplimiento íntegro de la sentencia, con penas de entre nueve y 13 años de prisión para nueve políticos catalanes. Pero la realidad es que estos cumplen condena en cárceles situadas bajo el paraguas de la Generalitat. El Supremo ha declinado invadir competencias para forzar que permanezcan cada uno de los días de sus condenas en prisión y las defensas ya empiezan a hacer sus cómputos. Las cuentas, contando con un acceso al tercer grado cuando cumplan una cuarta parte de las condenas, sitúan en la calle a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en enero, cerca de Reyes. Junqueras tendrá que aguardar hasta la Navidad de 2021.

Nadie duda, ni siquiera los propios afectados, de que no pasarán en prisión ni un minuto más de esa cuarta parte que recoge el Reglamento Penitenciario como norma general para que un recluso pueda acceder al régimen abierto que favorece la salida diaria y obliga a pernoctar en la celda. Juristas consultados avisan, sin embargo, de la existencia de una salida más rápida, en solo dos meses, que no se correspondería con la legalidad e incluso rozaría la prevaricación: la progresión automática al tercer grado.

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El 104.3 del Reglamento Penitenciario prevé, siempre como excepción, una clasificación anticipada si se cumplen una serie de requisitos. Dice así: "Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes (...), especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado".

La tentación es alta. Pero el recorrido, escaso. Y lo es por los recursos. La Fiscalía ha anunciado que se opondrá a cualquier intento de saltarse el cumplimiento. Será el Tribunal Supremo, como sentenciador, el que decida. En su sentencia, el tribunal del 'procés' no ha acogido la solicitud formulada por el Ministerio Público para blindar el cumplimiento de las condenas de Oriol Junqueras y el resto de encausados. La Fiscalía había reclamado expresamente reflejar en la sentencia que los políticos catalanes que resulten condenados no obtengan el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena de cárcel. Tras ratificarse en su acusación de rebelión y en su petición de penas de 25 años en la franja más alta, que afecta a Junqueras, pidió que se dejara constancia en sentencia de la obligada aplicación del artículo 36.2 del Código Penal.

En él se especifica que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. No obstante, los magistrados han determinado que el asunto no es de su competencia y entra en un terreno penitenciario en el que no pueden irrumpir sin un pronóstico evidente de peligrosidad. Al margen del tercer grado, existe otra llave para la libertad anticipada, el 100.2 del Reglamento Penitenciario, que introduce el llamado principio de flexibilidad y permite combinar aspectos característicos de cada uno de los grados de clasificación. Este tampoco se adivina sencillo, ya que requiere de ratificación por parte de un juez de vigilancia penitencia y, además, también es susceptible de recurso. La libertad condicional no llegará hasta 2023 para los 'Jordis' (en el tramo más bajo de las penas) y 2026 para Junqueras, que recibe la condena más alta.

El indulto y la amnistía

En la rueda de prensa que ofreció este lunes, el presidente Pedro Sánchez garantizó el "cumplimiento íntegro" de la sentencia, descartando así la aplicación de indultos a los condenados. Nada impide que el Gobierno ejerza el derecho de gracia, pero su aplicación no es sencilla. Para que se produzca, es necesario que concurran "razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del tribunal sentenciador y del Consejo de Estado", lo que conlleva que el Ejecutivo tenga que explicar por qué se concede. Además, los líderes independentistas han asegurado que no pedirán el indulto.

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El Parlament, sin embargo, ya trabaja en una posible alternativa. El 26 de septiembre, Junts per Catalunya, ERC y la CUP sacaron adelante una propuesta en la que se comprometen "a trabajar para encontrar soluciones para conseguir su libertad a través de la aplicación de una amnistía". El objetivo no es sencillo: exige aprobar una ley específica en el Congreso, como ocurrió en la Transición, y el Gobierno del PSOE ha manifestado su "absoluto respeto y acatamiento" de la sentencia, comprometiéndose incluso a adoptar "medidas excepcionales" con PP y Ciudadanos en Cataluña si es necesario.