El Supremo desnuda la estafa del 1-O y el "engaño" del Govern a los catalanes

Todo fue una farsa. La sentencia que el independentismo iba a convertir en su caballo de batalla, la que debía demostrar la represión del Estado frente al ejercicio del derecho de autodeterminación, al final ha servido para quitar la careta al Govern que en 2017, hace ahora dos años justos, protagonizó los hechos que le han costado 13 años de prisión a Oriol Junqueras. Ni siquiera la cúpula de la Generalitat creía entonces que ejercer ese derecho era algo real. Solo lo emplearon como un truco de ilusionismo (ahora lo ves, ahora no lo ves) para engañar a una parte de la población catalana.

La condena, sin embargo, no se impone por esta estafa masiva. No se pena la mentira. Se castigan todas las acciones ilegales que desplegaron los ahora ya condenados para amparar este trampantojo inmenso que la resolución va describiendo con toda una ristra de sinónimos. Desde quimera hasta señuelo. Era todo de mentirijillas, sí. Pero para vestir la mentira se ejecutaron actos delictivos que, en opinión unánime del tribunal, equivalen a un delito de sedición combinado con otro de malversación. Se impulsaron movilizaciones, se armó un lego legislativo con vocación constituyente y se dio por bueno el enfrentamiento de la población contra el Estado.

La sentencia entera está cuajada de frases casi literarias sobre este hecho. "Eran conscientes, en fin, de que la ruptura con el Estado exige algo más que la obstinada repetición de consignas dirigidas a una parte de la ciudadanía que confía ingenuamente en el liderazgo de sus representantes políticos y en su capacidad para conducirles a un nuevo Estado que solo existe en el imaginario de sus promotores", indica por ejemplo.

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Y hubo violencia. Lo que esgrimían entonces Junqueras, Rull, Turull, Forn, Forcadell, Bassa, Sànchez y Cuixart sí era un arma, resuelven los jueces. Pero no la que podía parecer. La violencia, el clima, la fuerza se empleaba desde arriba no para forzar la independencia, objetivo que nunca fue real, sino para apretar las tuercas del Estado presidido entonces por Mariano Rajoy.

La resolución, que roza los 500 folios, da por probada la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión. Se detiene tanto en el 20 de septiembre como en el 1 de octubre. Respecto a lo sucedido ante la Consellería de Economía, asegura que se trató de una movilización multitudinaria "puesta al servicio" de la finalidad de los acusados. "Se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario", dice.

Lo sucedido el 1-O frente a decenas de colegios electorales se describe como "enfrentamientos que derivaron en lesiones". De nada valió el desfile de votantes, policías y guardia civiles que allá por abril testificaron sobre sus impresiones. Precisamente por eso, su versión no se valora, demasiada "carga emocional", demasiado sentimiento, considera el tribunal.

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Pero, no obstante, la violencia no se considera suficiente para el tipo penal de rebelión. Asegura la sentencia que asumirlo de ese modo sería realizar un análisis "reduccionista". Para que haya rebelión, la violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios. Una violencia, violencia, vamos. No dos actos paradigmáticos de violencia, que se sitúan en los días 20 de septiembre y 1 de octubre del mismo año. Lo que hubo, en definitiva, fue violencia "para crear un clima o un escenario en que se hiciera más viable una ulterior negociación".

Arriaron las velas

La resolución ahonda en el comportamiento de los principales protagonistas durante aquellos días. Y no los deja nada bien. "La conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155", dice para describir cómo Carles Puigdemont —ahora centro de una nueva orden europea de detención y entrega— y el resto se apresuraron a arriar las velas ante la mera sospecha de que se aproximaba de marejada a fuerte marejada.

Presentir que el viento soplaba ya y dejar el palo mayor desnudo fue todo uno. El anuncio del 155 determinó a algunos de los procesados a emprender repentina huida. Los acusados que decidieron permanecer —ya sea por decisión personal, ya por la efectividad de las medidas cautelares de prisión que fueron adoptadas— desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido.

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El despliegue, los fuegos artificiales previos, fue así pura retórica. La inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta. El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. "Es claro que los alzados no disponían de los más elementales medios para, si eso fuera lo que pretendían, doblegar al Estado pertrechado con instrumentos jurídicos y materiales suficientes para, sin especiales esfuerzos, convertir en inocuas las asonadas que se describen en el hecho probado". Y lo sabían.

"Es insalvable la contradicción en que incurre quien se dirige a la ciudadanía proclamando que ha accedido a su propio espacio de soberanía e inmediatamente deja sin efecto la declaración de independencia para volver al punto de partida y reclamar, no la independencia, sino la negociación con un ente soberano del que afirma haberse desgajado, aunque solo temporalmente durante unos pocos segundos". Durante unos pocos segundos.