De Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox

De multa a 74 años de cárcel: las peticiones de condena para los doce acusados del 'procés'

Después de cuatro meses de deliberación, el Supremo notificará su sentencia esta semana

Foto: Imagen de archivo de los presos del 'procés' en la cárcel de Lledoners
Imagen de archivo de los presos del 'procés' en la cárcel de Lledoners

A los siete magistrados ya solo les queda estampar su firma en la sentencia. Tras 52 sesiones de juicio y cuatro meses de deliberación, el tribunal notificará esta semana su resolución a los doce acusados. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox han puesto cinco delitos sobre la mesa para calificar los hechos de septiembre y octubre de 2017, acusaciones que van desde pedir una multa hasta los 74 años de cárcel que solicita el partido de Santiago Abascal para los pesos pesados del 'procés'.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras se erige como principal acusado en el juicio del 'procés'. El 14 de febrero, él mismo se encargó de diferenciarse del huido Carles Puigdemont ante los magistrados: "¿Qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir por el referéndum para que no las asuma nadie más". La Fiscalía pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación para el exvicepresidente catalán por el delito de rebelión como promotor y por malversación de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación por sedición y malversación. La acusación popular ejercida por Vox pide por su parte 74 años de cárcel al incluir dos delitos de rebelión, un delito de organización criminal y otro de malversación.

En prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, la mayor petición de condena por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado recae sobre él. En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público destaca las reuniones con los Mossos días antes del 1-O, en las que los mandos de la policía autonómica le avisaron de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial que prohibía el referéndum". Pese a ello, Junqueras y el resto de políticos que acudieron a estas citas optaron por "seguir adelante con el referéndum, dando instrucciones a los mandos de los Mossos d’Esquadra para que facilitaran su realización", decisión que fue acompañada por "varios llamamientos públicos para que la ciudadanía acudiera en masa a votar".

El 14 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Junqueras se negó a responder a la Fiscalía y se presentó como un pacifista. "Siempre hemos rechazado la violencia. Siempre. La violencia siempre es indecente si lo que se quiere es conseguir un objetivo, aunque sea político", defendió. El político de ERC aseguró que son "independentistas respecto a Cataluña y federalistas respecto a Europa", alegato que incluyó además un mensaje que acaparó titulares: "Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad". El 11 de junio, su abogado Andreu Van den Eynde cargó contra las acusaciones como broche final a su línea de defensa: "Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis. No les gusta la realidad, les gusta el ruido", afirmó. "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión".

Carme Forcadell

En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía destaca "la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos" en el 'procés': el parlamentario, el ejecutivo y el social. Carme Forcadell se erigió como máxima responsable del primer eje. La política de ERC está acusada de ser promotora de la rebelión por la Fiscalía, que pide 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para ella. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicita por su parte que la expresidenta del Parlament sea condenada a 10 años de prisión y a 10 de inhabilitación por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 62 años de cárcel por dos delitos de rebelión y uno de organización criminal.

"La acusada Forcadell, aun siendo plenamente consciente de que incumplía su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional, [...] como Presidenta de la Mesa votó, en unión de la mayoría de sus miembros, sistemáticamente a favor de la admisión, permitiendo de ese modo que se tramitaran las resoluciones parlamentarias y las normas legales que se dirán, todas ellas tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la República catalana, a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales", sostiene la Fiscalía.

El 26 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', la política de ERC acusó al Tribunal Constitucional de cambiar su jurisprudencia a su antojo y actuar desde la política y no desde la ley, asegurando además que su voto favorable para la tramitación del referéndum del 1 de octubre estaba protegido por la "inviolabilidad parlamentaria". "No participé en ninguna estrategia, me limité a cumplir con mis obligaciones", defendió. Su abogada, Olga Arderiu, insistió a su vez el 12 de junio en que "se le juzga por quien es y no por lo que ha hecho", para lo que dijo no entender "la diferencia entre Forcadell y el resto de miembros de la Mesa", que no tuvieron que sentarse en el banquillo del Supremo.

Jordi Cuixart

"No tengo ningún arrepentimiento, lo volvería a hacer". En su turno de última palabra en el juicio del 'procés', el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se negó a dar un paso atrás y lanzó esta afirmación ante los magistrados. El líder independentista está acusado de ser promotor de la rebelión por la Fiscalía, que pide 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenado a ocho años de prisión y a ocho de inhabilitación por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 62 años de cárcel por dos delitos de rebelión y uno de organización criminal.

Al igual que ocurre con el expresidente de la ANC, la Fiscalía destaca su papel en "los violentos sucesos" de la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, fecha tras la que "ambos acusados se representaron y aceptaron la deriva violenta que pudiera producirse en las movilizaciones al incitar a los partidarios de la secesión a movilizarse en la calle y a oponerse a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en aras a impedir la celebración del referéndum". En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público sostiene que "sus llamamientos se hicieron con conocimiento de que las movilizaciones desembocarían nuevamente en actos violentos, más aún si se consideraba la trascendencia que la votación tenía para ese sector de la población".

El 26 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', el líder de Òmnium Cultural no dudó en lanzar una advertencia al Gobierno. "Va a pasar lo mismo si aplican más 155: el sentimiento de autogobierno va más allá del independentismo". También defendió el papel que jugó su organización en el 'procés' frente al "dilema entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales". Su abogada, Marina Roig, insistió en esta idea el 12 de junio al asegurar que "en 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones de Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió al conflicto como responde una sociedad democrática: saliendo a la calle, pidiendo a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto".

Jordi Sànchez

La Fiscalía sitúa a los Jordis como los responsables de la movilización social en el 'procés'. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana está acusado de ser promotor de la rebelión por la Fiscalía, que pide 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenado a ocho años de prisión y a ocho de inhabilitación por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 62 años de cárcel por dos delitos de rebelión y uno de organización criminal.

La Fiscalía destaca su papel en la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, protesta en la que Sànchez acabó subido a un coche de la Guardia Civil y que se considera clave a la hora de apuntalar que en el 'procés' hubo violencia. "Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y alentaban a los catalanes para que se movilizaran, diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar", sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones definitivas.

El 21 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Sànchez se mostró tajante: "Me considero un preso político y esto es un juicio político. [...] Estoy convencido de que todos los hechos que mantiene la Fiscalía contra mi persona son absolutamente falsos y no tengo temor a responder", lanzó en el Supremo. El 12 de junio, en su turno de última palabra, el expresidente de la ANC se dirigió de forma directa a los magistrados: "El Poder Judicial no puede resolver un problema político, pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política", defendió, presentándose como "víctima de una injusticia y de un dolor causado por el Estado".

Raül Romeva

El 'exconseller' de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, está acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenado a 11 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía lo sitúa en reuniones en las que se discutieron "los aspectos relativos al proceso para la independencia y la construcción de un Estado propio", destacando además el papel que jugó a la hora de promocionar el 'procés' en el extranjero: "Con tal propósito, en febrero de 2016 se creó el Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, denominación impugnada por el Gobierno de la Nación y que, tras la sentencia de 21 de junio, pasó a denominarse Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, y de Transparencia, dirigido por el acusado Raül Romeva". Según explica el Ministerio Público en su escrito de conclusiones definitivas, desde esta institución se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior, la campaña internacional de la Generalitat y diversas páginas web, así como de la contratación y financiación de observadores internacionales para el 'procés'.

El 19 de febrero, en su declaración ante el juicio del 'procés', Romeva se negó a contestar a la Fiscalía y se presentó como un "preso político". Su abogado, Andreu Van den Eynde, le preguntó por el 1-O y su respuesta fue tajante: "Vi violencia. La que ejercieron de forma incomprensible e injustificada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lamentablemente hubo violencia, algo que nos va a costar olvidar durante mucho tiempo por la crudeza y su carácter claramente contraproducente", lanzó en el Supremo. El 12 de junio, en su turno de última palabra, el político de ERC incidió en que "la solución que existe se llama política, y, más allá, democracia". "Seguiremos mirando a los ojos de nuestros hijos e hijas con dignidad, con la misma con la que millones de personas en todo el mundo se baten por defender los derechos fundamentales", lanzó ante los magistrados.

Joaquim Forn

Como responsable político de los Mossos el 1-O, se le considera uno de los pilares en la preparación del referéndum. El 'exconseller' de Interior y actual concejal en Barcelona por JxCat, Joaquim Forn, está acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide para él 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta. En prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenado a 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía pone el foco en que, días antes del 1-O, los mandos de los Mossos le avisaron de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial que prohibía el referéndum, de modo que la seguridad solo se podía garantizar mediante la suspensión de la votación". En su escrito de conclusiones definitivas, subraya que, pese a esta advertencia, "la decisión de los miembros del Govern fue seguir adelante con el referéndum, dando instrucciones a los Mandos de los Mossos d’Esquadra para que facilitaran su realización a pesar de su manifiesta ilegalidad".

El 14 de febrero, en su comparecencia ante el tribunal del 'procés', el 'exconseller' defendió que la declaración unilateral de independencia del Parlament fue "una declaración política" y aseguró que el 1-O "los Mossos cumplieron la ley". Sobre la mencionada reunión con los mandos de la policía autonómica, reconoció que les "manifestaron la preocupación por lo que podría suceder", pero acusó a la Fiscalía de hacer "relatos peliculeros". El 12 de junio, en su alegato final, puso "en duda que no se persigan ideas políticas" y cargó una vez más contra el Ministerio Público al decir que "la realidad de los hechos les desmienten". "Nunca comprometí la seguridad de los ciudadanos", afirmó ante los magistrados.

Josep Rull

El 'exconseller' de Territorio, Josep Rull, está acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenado a 11 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía lo sitúa en las reuniones de "altos cargos de la administración autónoma y algunas relevantes personalidades relacionadas con el mundo del independentismo para discutir los aspectos relativos al proceso para la independencia y la construcción de un Estado propio", encuentros en los que "llegaron al convencimiento de que el Estado jamás negociaría bilateralmente la celebración de un referéndum de autodeterminación, por lo que decidieron convocarlo de forma unilateral". En su escrito de conclusiones definitivas, destaca además que "en su condición de consejero de Territorio prohibió arbitrariamente que un barco con efectivos policiales pudiera atracar en el puerto de Palamós" de cara al 1-O.

El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', defendió el referéndum como una acción democrática. "Estábamos vinculados al mandamiento de las urnas, del programa electoral, al mandato del Parlament... La gente vota y es una costumbre buena que se cumpla lo que votan los ciudadanos". También sostuvo que hay una permanente utilización del Tribunal Constitucional por el Estado y que este se ha dejado instrumentalizar", presentándose así como alguien que se movió "en el triángulo entre el imperio de la ley, el principio democrático y el principio de legitimidad". El 12 de junio, en su turno de última palabra, aseguró que en un futuro espera vivir en "una república catalana donde sea imposible que alguien sea encarcelado por sus ideas".

Carles Mundó

El 'exconseller' de Justicia, Carles Mundó, está acusado de malversación y desobediencia por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden para él 7 años de prisión y una multa de 30.000 euros. La acusación popular ejercida por Vox suma a la lista el delito de organización criminal y pide 24 años de cárcel.

La Fiscalía sitúa al 'exconseller' en reuniones entre "altos cargos de la administración autónoma y algunas relevantes personalidades relacionadas con el mundo del independentismo para discutir los aspectos relativos al proceso para la independencia y la construcción de un Estado propio", encuentros en los que "llegaron al convencimiento de que el Estado jamás negociaría bilateralmente la celebración de un referéndum de autodeterminación, por lo que decidieron convocarlo de forma unilateral". En su escrito de conclusiones definitivas, apunta a que en estos encuentros "se estaba cristalizando de forma abierta y ostensible una insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden jurídico establecido, perfectamente organizada desde el poder constituido de la Comunidad autónoma".

El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', el político de ERC aseguró que siempre pensaron que el referéndum era legal: "No solo creíamos que no era delito, sino que estábamos absolutamente convencidos de ello. Ese era un elemento relevante". También incidió en que "el referéndum no se financió con dinero público". Tres meses después, en su turno de última palabra, argumentó que el hecho de "que una cuestión que tiene origen en una base de naturaleza claramente política se haya convertido en juicio penal es un fracaso colectivo", alegato en el que afirmó que todavía queda tiempo para buscar "caminos que nos acerquen a soluciones y no a callejones sin salida".

Santi Vila

"Para defender mi lealtad a la Constitución, he recibido también mis palos en Cataluña". El 12 de junio, el 'exconseller' de Empresa, Santi Vila, lanzó esta frase ante el tribunal del 'procés', una afirmación con la que se desmarcó del resto de acusados. El político dimitió antes de la declaración unilateral de independencia del Parlament, pero está acusado de malversación y desobediencia tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que piden para él 7 años de prisión y una multa de 30.000 euros. La acusación popular ejercida por Vox retiró por su parte los delitos de organización criminal y malversación en el último momento, dejando solo el de desobediencia, que no conlleva pena de cárcel.

La Fiscalía apenas menciona al 'exconseller' de Empresa en su escrito de conclusiones definitivas: su nombre solo aparece tres veces. El 21 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Vila explicó que se desvinculó de la idea del referéndum cuando comenzó a comprobar que se había convertido en una "movilización política" y habló de discrepancia, que le llevó a renunciar a su cargo. "Era nuestra obligación ser el Gobierno de los más de dos millones de catalanes que se habían quedado en casa, muchos de ellos abrumados", aseguró. "Formé parte de esos políticos que interlocutaron continuamente con altos dirigentes del PSOE y altos dirigentes del gobierno de España que también tenían un alto interés en la conciliación".

El 12 de junio, en su turno de última palabra, incidió en la misma idea. "¿Cómo hemos podido llegar a este punto? ¿A este despropósito? ¿Y cómo lo podemos enderezar?", se preguntó ante los magistrados. "Creo que siempre me comprometí como político respetando el espíritu y la letra de la Constitución de 1978, la que definió España como una nación, pero como una nación de naciones, de nacionalidades y regiones. He procurado ser fiel a esta convicción y lo he defendido en privado y en público", sostuvo en el Supremo.

Jordi Turull

El 'exconseller' de Presidencia, Jordi Turull, está acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenado a 11 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía sostiene que participó en el diseño del plan del 'procés' y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O. "Con miras a publicitar el referéndum ilegal y a favorecer la participación en el mismo se articularon desde el departamento de Presidencia, dirigido por el acusado Jordi Turull, campañas y acciones", explica en su escrito de conclusiones definitivas, en el que se le relaciona con la financiación de la creación de páginas web, la publicidad institucional, la cartelería, el gasto en papeletas, el censo electoral y las citaciones a los miembros de las mesas de votación.

El 19 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', defendió que "no es un delito hacer un referéndum" y que "no es ninguna anormalidad hacer por la vía pacífica" lo que prometieron a los ciudadanos. "Los ciudadanos de Cataluña no están militarizados, no son ovejas. Tienen criterio, da igual que sean independentistas o de extrema derecha. Es de un desconocimiento total de la sociedad catalana...", lanzó en el Supremo. Respecto a la supuesta malversación, aseguró que no gastaron "ni un euro público en el referéndum". El 12 de junio, en su turno de última palabra, se dirigió de forma directa a los magistrados: "En este juicio está en juego la amplitud que damos a los derechos y las libertades fundamentales para nosotros y nuestros hijos".

Dolors Bassa

La 'exconsellera' de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, está acusada de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pide 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para ella. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicita por su parte que sea condenada a 11 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía sostiene que, en los días previos al referéndum, fue una de las políticas que "hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos —mediante entrevistas, en actos públicos y a través de las redes sociales— a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral". En su escrito de conclusiones definitivas, también apunta a que se encargó de "garantizar la disponibilidad de los centros de votación que estaban comprometidos con la celebración del referéndum" y que "desarrolló una base de voluntarios para participar en la celebración del 1-O".

El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Bassa aseguró que siempre buscaron una independencia pactada: "La prueba es que estamos aquí y no hay independencia", lanzó en el Supremo. También dijo que la declaración unilateral de independencia en el Parlament "fue un acto político, pacífico", para lo que destacó que no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín Oficial del Parlament. "No se hizo nada", concluyó. El 12 de junio, en su turno de última palabra, la 'exconsellera' defendió su inocencia: "Niego los hechos que me han sido imputados. Ninguna de las pruebas presentadas que hagan referencia a una actuación delictiva mía es cierta. Las acusaciones carecen de fundamento". Su alegato concluyó con un mensaje a los magistrados: "Su sentencia no será solo mi libertad, sino la de muchas generaciones".

Meritxell Borrás

La 'exconsellera' de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borrás, está acusada de desobediencia grave y malversación de fondos públicos por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden para ella 7 años de prisión y una multa de 30.000 euros. La acusación popular ejercida por Vox suma a la lista el delito de organización criminal y pide 24 años de cárcel.

En su escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía apenas menciona a la 'exconsellera': su nombre solo aparece tres veces. El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Borrás no quiso protagonizar un choque de trenes e incluso soltó alguna lágrima al recordar la muerte de su padre durante el interrogatorio. La política se distanció del tono agresivo de otros acusados y aceptó contestar a todos salvo Vox. Para ella, la declaración unilateral de independencia del Parlament no fue más que "un preámbulo" que "no obliga a nada ni establece nada".

El 12 de junio, en su turno de última palabra, la política lanzó entonces una petición directa a los magistrados: "Alguien debería tener en cuenta, y pienso humildemente que también este tribunal, que hay nuevos políticos y que el anhelo de una buena parte del pueblo de Cataluña de definir su encaje en la Europa moderna continuará. En democracia debemos encontrar entre todos una solución adecuada, dialogada y que nos pueda satisfacer a todos".

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