De La Manada a la trama Gürtel: los juicios estrella de 2018
Los agresores de Alsasua, la condena a Urdangarin, el pacto de Cristiano Ronaldo con Hacienda... Los casos más destacados del último año
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El 2018 termina con una serie de sentencias que han supuesto desde un cambio de Gobierno hasta la condena de tres hombres a prisión permanente revisable. Los fallos más destacados han abordado tramas de corrupción y sucesos de diversas índole, llegando incluso algunos de ellos a provocar manifestaciones multitudinarias en distintos puntos de España contra el Poder Judicial. A continuación se reproducen los casos más reseñables de un año en el que la imparcialidad de los tribunales se ha puesto en entredicho una y otra vez.
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El rapero Pablo Hasel
El 2 de marzo la Audiencia Nacional condenó al rapero Pablo Rivadulla, más conocido como Pablo Hasel, a una pena de dos años de cárcel y a una multa 24.300 euros por enaltecimiento del terrorismo con agravante de reincidencia, injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado, fallo que se basó en 64 de sus mensajes publicados en Twitter y en una de sus canciones. Hásel ya había sido condenado por hechos similares a otra pena de dos años de cárcel en 2014 por el Tribunal Supremo, pero no dudó en responder con contundencia al fallo de la Audiencia Nacional: "Jamás claudicaré, fascistas de mierda", escribió en su cuenta de Twitter. El rapero, sin embargo, se libró de entrar en prisión, pues tiene en suspenso la pena del Supremo al carecer de antecedentes y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebajó finalmente a 9 meses y un día su segunda condena el pasado 14 de septiembre, alegando en este sentido que ETA ya no está en activo.
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La Manada
La Audiencia de Navarra condenó el pasado 26 de abril a los cinco miembros de La Manada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento por los hechos ocurridos durante los Sanfermines de 2016, descartando así que hubiera violación a la joven de 18 años. La polémica llegó a tal punto que miles de personas tomaron las calles para protestar contra la resolución, convirtiéndose el magistrado Ricardo González, que había pedido con su voto particular la absolución de los jóvenes, en el enemigo público número uno. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena el 5 de diciembre, pero al mismo tiempo estimó uno de los recursos presentados: el relativo a la absolución de los inculpados del delito contra la intimidad por la grabación parcial de los hechos. El TSJN ordenó entonces a la Sección Segunda de la Audiencia que una vez sea firme la resolución dicte una nueva sentencia sobre este segundo delito, lo que podría aumentar la pena impuesta a los cinco miembros de La Manada.
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El caso Gürtel
La sentencia de la trama Gürtel se conoció el 24 de mayo y provocó un terremoto político. La Audiencia Nacional impuso condenas a 29 de los 37 acusados, destacando en este sentido la de Francisco Correa a 51 años y 11 meses de cárcel por liderar los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005), así como la de Pablo Crespo a 37 años y medio de cárcel y la de Luis Bárcenas a 33 años de cárcel y 44 millones de euros de multa. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal avaló además la 'caja B' del PP "paralela a la oficial desde el año 1989" y condenó al partido a pagar 245.492 euros como partícipe a título lucrativo, pues consideró que se lucró de los negocios que hicieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, condenados a 14 y 38 años respectivamente. Dada la trascendencia de la sentencia, el PSOE presentó una moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy el 1 de junio, pasando entonces Pedro Sánchez a convertirse en presidente del Gobierno. Diez días después, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una nueva sentencia por la rama valenciana de la trama, imponiendo penas que iban desde los 4 meses de cárcel a los 6 años y 9 meses para 18 de los 20 acusados, varios de los cuales también aparecían en el anterior fallo.
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Los agresores de Alsasua
El 1 de junio la Audiencia Nacional condenó a penas de entre 2 y 13 años de prisión a los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016, hechos que calificó de "notabilísima gravedad". El tribunal, sin embargo, descartó el delito de terrorismo que les imputaba la Fiscalía porque no consideró acreditado que persiguieran tal objetivo ni tampoco su vinculación con organización terrorista alguna, condenándoles entonces por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. El tribunal consideró que todos los agresores se movieron por animadversión y menosprecio al instituto armado, imponiendo por tanto las penas más altas que contempla el Código Penal porque "no puede permitirse que en el siglo XXI y en un estado democrático y de derecho se prive a unas pesonas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua y que solamente puedan acudir a determinados lugares y no salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión". El fallo ha sido ya recurrido por todas las partes.
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Iñaki Urdangarin y el caso Nóos
El 12 de junio el Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena impuesta por la Audiencia de Palma a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos, dejándola así en cinco años y diez meses de cárcel. La reducción se basó en su absolución por el delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, considerando el alto tribunal que no estaba probada su intervención. El Supremo mantuvo además la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de su marido, pero no en los delitos fiscales, lo que supuso una reducción a casi la mitad de la cuota que se le atribuía, quedando entonces en 136.950 euros. De todos modos, ambos ya la habían consignado para entonces dicha cantidad de forma solidaria: 265.000 euros cada uno. Tras el fallo del alto tribunal, Urdangarin entró en la cárcel abulense de Brieva el 18 de junio.
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Cristiano Ronaldo y su pacto con Hacienda
El 26 de julio Hacienda aceptó que Cristiano Ronaldo pagara una multa de 18,8 millones de euros y una condena de dos años de prisión a cambio de que no entrara en la cárcel. El pacto se remontaba a un mes antes, cuando el jugador acordó estos términos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para frenar la acusación de la Agencia Tributaria, que le imputaba cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 que alcanzaban la cantidad de 14.768.897 euros defraudados: 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,2 en 2013 y 8,5 en 2014. Ronaldo ya tuvo que declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón el 31 de julio de 2017 por estos hechos, comparecencia en la que aseguró que no había cometido delito alguno: "La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos", dijo entonces ante la jueza. A punto de cumplirse un año desde esta declaración, el futbolista optó por llegar a un acuerdo para evitar una condena mayor que pudiera implicar su entrada en prisión.
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El asesinato de un bebé en Vitoria
La Audiencia Provincial de Álava condenó el 26 de septiembre a Daniel Montaño, profesor de música, a prisión permanente revisable por el asesinato de una bebé de 17 meses en Vitoria, crimen que cometió al lanzar a la pequeña por la ventana la madrugada del 25 de enero de 2016. La sentencia sostuvo que Montaño mató al bebé después de que su madre, a la que conoció por internet y tan solo tenía 18 años, se negara a mantener relaciones sexuales con él en su piso, vivienda en la que la joven se quedó a dormir junto a su hija después de que se hiciera demasiado tarde y no tuvieran cómo volver a casa. Pasadas las tres de la mañana, el hombre entró en el cuarto en el que la joven dormía con la niña y apretó el pecho de la menor, lo que hizo que su madre se despertara. Lejos de aceptar el rechazo de la joven, Montaño se lanzó sobre ella y la arrastró al salón, tras lo que regresó al cuarto a por la menor y la lanzó por la ventana.
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El máster de Cifuentes, Casado y Montón
La jueza que investiga el máster de Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, archivó el 1 de octubre la parte de la causa en la que se investigaba a 19 personas por los delitos de prevaricación y cohecho impropio, pero optó por continuar con aquella que afecta a la expresidenta madrileña y a otros cuatro imputados por el delito de falsedad documental. La magistrada tomó esta decisión tres días después de que el Tribunal Supremo optase por no investigar al líder del PP, Pablo Casado, al que se acusaba de prevaricación administrativa y de cohecho por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos; decisión similar a la que la propia Rodriguez Medel tomó el pasado 28 de noviembre al archivar el caso contra la exministra socialista Carmen Montón por su máster. En lo que se refiere a Cifuentes, la jueza consideró que el delito de falsedad documental no puede descartarse por el acta del máster que exhibió Cifuentes ante los medios en un intento de frenar las dudas en torno a sus estudios y que, según avanzó El Confidencial, contenía dos firmas falsas. La causa contra Cifuentes seguirá por tanto en 2019.
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El parricida de Oza-Cesuras
El 17 de octubre la Audiencia de A Coruña condenó a prisión permanente revisable a Marcos Miras por matar a palazos a su hijo de 11 años con el fin de provocar "el mayor daño psíquico a su mujer". Miras cometió el asesinato el 7 de mayo de 2017, fecha que coincidió con el día de la madre: llevó al niño a un bosque apartado del municipio de Oza de los Ríos y le asestó varios golpes en la cabeza con una pala de obra, porrazos "de tal intensidad que le provocaron heridas determinantes en la muerte", sostuvo la sentencia. El fallo subrayó además que el crimen fue premeditado, pues un año antes el hombre envió un mensaje al hermano de su exmujer a través de Facebook en el que amenazaba con que "la última palabra no está dicha en esta historia (...) todo tiene un punto y final (...) el caso es que nos guste a todos".
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El impuesto de las hipotecas
Aunque no es un juicio propiamente dicho, se trata del más sonado varapalo a la credibilidad de la Justicia en 2018, por lo que merece mención. El caso se remonta al pasado 6 de noviembre, cuando se produjo una batalla campal en el Supremo a causa del impuesto de actos jurídicos documentados, más conocido como el impuesto de las hipotecas. Una de las secciones de la Sala de lo Contencioso cambió la jurisprudencia tradicional y falló a favor de que fueran los bancos quienes asumieran ese pago. Solo unas horas después, el presidente, Luis Díez-Picazo, anunció un pleno para revisar la decisión, que terminó volviendo a la jurisprudencia inicial en que el impuesto lo pagan los clientes: los 28 magistrados de lo Contencioso del Tribunal Supremo se inclinaron, por una estrecha mayoría de 15 votos a 13, por avalar que el cliente siga pagando el impuesto de las hipotecas.
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El 9-N de Artur Mas
El 12 de noviembre el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente catalán Artur Mas a pagar de forma solidaria con otros nueve miembros del Govern 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Además de Mas, también tendrán que afrontar partes menores de este pago la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, así como cargos funcionariales de la Generalitat. El Tribunal de Cuentas abordó la jurisdicción contable, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se hizo cargo de la jurisdicción penal, por la que condenó al expresidente a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional. De todos modos, el Tribunal Supremo rebajó el pasado 17 de diciembre a un año y un mes la condena de inhabilitación a Mas.
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El crimen de Pioz
El brasileño Patrick Nogueira Gouveira se convirtió el 15 de noviembre en la quinta persona en ser condenada a prisión permanente revisable en España. La Audiencia Provincial de Guadalajara le impuso esta pena por los asesinatos de sus dos primos, María Carolina, de tres años, y David, de un año, así como por matar a su tío Marcos Campos. En lo que se refiere al asesinato de su tía Janaina, el tribunal le condenó a 25 años más de prisión. Nogueira, de 21 años, se encontraba en España para jugar al fútbol y aunque en un principio residía con sus tíos, estos optaron por mudarse a otra casa porque no querían seguir viviendo con él. El joven se desplazó entonces a la nueva vivienda de sus familiares, donde les asesinó y descuartizó. La Guardia Civil halló los cadáveres en el interior de bolsas de basura en la entrada del chalé en la calle Los Suaces de la urbanización La Arboleda en Pioz, en Guadalajara, arrancando así la investigación de un suceso que conmocionó a España.
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Ana Botella y los fondos buitre
El Tribunal de Cuentas condenó el pasado 28 de diciembre a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas al buitre Blackstone por debajo del precio de mercado. El fallo sostuvo en este sentido que la exalcaldesa y su equipo "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" con la venta de más de 5.000 inmuebles de titularidad municipal a dicho fondo de inversión por 128,5 millones, apuntando en este sentido a que el Ejecutivo podría haber ingresado en torno a 150 millones. El Tribunal de Cuentas estimó así parcialmente la demanda presentada en noviembre 2017 por el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, contra la exalcaldesa de la capital y su entonces equipo de Gobierno municipal por la venta de los inmuebles.
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El 2018 termina con una serie de sentencias que han supuesto desde un cambio de Gobierno hasta la condena de tres hombres a prisión permanente revisable. Los fallos más destacados han abordado tramas de corrupción y sucesos de diversas índole, llegando incluso algunos de ellos a provocar manifestaciones multitudinarias en distintos puntos de España contra el Poder Judicial. A continuación se reproducen los casos más reseñables de un año en el que la imparcialidad de los tribunales se ha puesto en entredicho una y otra vez.