Cinco asesinos cumplen prisión permanente revisable (y otros cinco se la juegan)

Todos son hombres, la mayoría de ellos acabaron con las vidas de niños y actuaron movidos por el deseo de hacer daño a sus parejas. Cinco asesinos cumplen actualmente la pena de prisión permanente revisable en distintos centros penitenciarios de España. Así lo confirman fuentes oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que aseguran que solo uno de estos cinco castigados ha sido condenado mediante sentencia firme. Las demás resoluciones están aún pendientes de ser ratificadas por el Tribunal Supremo, pues las defensas de los homicidas recurrieron sus respectivos fallos.

De momento, el único condenado en firme es David Oubel, que asesinó a sus dos hijas —de cuatro y nueve años— con una sierra radial y un cuchillo de cocina en julio de 2015. La Audiencia Provincial de Pontevedra le condenó al máximo encierro que contempla el Código Penal desde la reforma que experimentó el compendio apenas cuatro meses antes del homicidio. En concreto, el PP promovió en el Congreso la inclusión de la figura de la prisión permanente revisable el 26 de marzo de ese mismo año en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó la Cámara Baja y motivado por la repercusión de casos tan mediáticos como los de Mariluz Cortés, Marta del Castillo o los niños de Córdoba asesinados por su padre, José Bretón.

Ninguno de estos últimos fue condenado a esta pena porque la comisión de sus respectivos crímenes tuvo lugar antes de la reforma legislativa. El caso de Oubel fue el que inauguró la nueva figura jurídica. Según establecieron los jueces, cumplía con los requisitos que exigía el nuevo texto normativo. El condenado degolló a sus hijas menores de 16 años —Amaia y Candela— sin escrúpulos, después de obligarles a ingerir fármacos, y con alevosía, pues atacó hasta una decena de veces a la mayor. Con la primera característica, sin embargo, hubiera bastado para castigar al culpable con prisión permanente.

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Que la víctima sea un niño, de hecho, es uno de los requisitos que exige la ley para aplicar esta figura. El resto son que el asesinado sea una persona vulnerable por algún motivo (discapacidad, enfermedad, etc.), que antes del homicidio haya habido un delito contra la libertad sexual u otro de secuestro, que el acusado cometa asesinatos o violaciones múltiples, que sea miembro de una organización criminal, que mate al rey de España, a cualquiera miembro de su familia o a un dirigente extranjero, que exista genocidio o lesa humanidad, que el culpable haya ocultado el cadáver u obstruya su hallazgo, que haya abusado sexualmente de un menor o le haya torturado o que haya causado la muerte de gente por un incendio o el ataque a cualquier infraestructura crítica (medios de transporte, centrales de energía o de otro tipo).

Al menos una de estas exigencias, de hecho, cumplían también los otros cuatro asesinos condenados a prisión permanente aún sin sentencia firme. Daniel Montaño, que tiró por la ventana a una bebé de 17 meses y trató de matar a su madre —a quien había conocido por internet— durante la madrugada del 25 de enero de 2016 en Vitoria, fue condenado a la pena máxima que contempla el Código Penal por la Audiencia Provincial de Álava. La sentencia resolvió que la mujer, de apenas 18 años, se negó reiteradamente a mantener relaciones sexuales con Montaño en el piso de este último, pero como era muy tarde y no podía regresar a casa en autobús, decidió quedarse a dormir en una habitación aparte junto a su hija. Su anfitrión, sin embargo, no aceptó el rechazo y pasadas las tres de la mañana se levantó, fue al cuarto contiguo y apretó el pecho de la pequeña, gesto que despertó a la madre, momento en el que el acusado se lanzó sobre la chica y la arrastró hasta el salón. Luego regresó a por la bebé y la lanzó por la ventana.

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Sergio Díaz, por su parte, que clavó 30 veces el mismo puñal al abuelo de su pareja el 14 de enero de 2016, también recibió el mismo castigo, aunque esta vez de la Audiencia de Tenerife, que entendió que la víctima era especialmente vulnerable por su incapacidad para defenderse después de haber sufrido un ictus. En concreto, según la sentencia, Díaz fue a las 12:30 del mencionado día a casa de Salvador Valentín Luis González, en el barrio de El Mayorazgo de la localidad de Icod de los Vinos, y "le asestó puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por pérdida grave de sangre". En total, le dio más de 30 cuchilladas por todo el cuerpo y le golpeó con un palo, una piedra y varias figuras de cerámica que encontró en la vivienda.

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Marcos Miras, por su parte, fue declarado culpable por la Audiencia de A Coruña tras matar a palazos a su hijo de 11 años en 2017 con el fin de provocar "el mayor daño psíquico a su mujer". Según el fallo del alto tribunal provincial, el 7 de mayo de ese año (que coincidió con el día de la madre), el hombre se llevó al niño a un bosque apartado del municipio de Oza de los Ríos y le asestó varios golpes en la cabeza con una pala de obra. Los porrazos eran "de tal intensidad que le provocaron heridas determinantes en la muerte", según la resolución, que recuerda que el crimen fue premeditado, ya que un año antes el filicida envió un mensaje al hermano de su exmujer a través de Facebook en el que amenazaba con que "la última palabra no está dicha en esta historia (...) todo tiene un punto y final (...) el caso es que nos guste a todos".

Por último, Patrick Nogueira, que asesinó a sus tíos y a sus primos menores en la localidad de Pioz, también fue condenado por la Audiencia de Guadalajara a la pena de prisión permanente. El chico, de nacionalidad brasileña, vivía en España porque quería triunfar como jugador de fútbol. Al principio residía con sus tíos, pero luego estos se mudaron a otra casa porque no querían seguir viviendo con él. El joven se desplazó un día a la nueva vivienda de sus familiares preparado para asesinarles. Cuando llegó, le recibieron su tía, Janaína Santos, y sus primos pequeños. Comió con los tres y, al finalizar, les asesinó a sangre fría. Luego esperó a que llegara su tío, Marcos Campos, para acabar igualmente con su vida a cuchillazos. El asesino descuartizó los cadáveres y retransmitió toda la escena a un amigo suyo de Brasil. Su caso cierra la terrible lista de criminales castigados con esta conflictiva pena que enfrenta actualmente a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y cuyo futuro está a la espera de ser avalada aún por el Tribunal Constitucional después de que el PSOE recurriera a esta instancia la reforma del Código Penal de 2015.

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Mientras este alto tribunal se pronuncia, los jueces siguen aplicando la figura y los fiscales continúan reclamándola. El ministerio público, de hecho, solicita actualmente esta pena máxima para cinco personas involucradas en dos salvajes asesinatos. En concreto, la Fiscalía de Huelva pide la prisión permanente para J. A. R., D. L. O. P., H. M. S. M. y A. R. A., los cuatro hombres acusados de asesinar a un anciano de 78 años cuyo cadáver apareció en una finca de El Campillo (Huelva) en la que trabajaba el 1 de septiembre de 2016. La Fiscalía de Toledo, por su parte, reclama lo mismo para Jorge Rafael García, el presunto asesino y esposo de Cristina Martín Tesorero-Contador, una mujer de 38 años que iba en silla de ruedas y que perdió la vida tras ser brutalmente acuchillada en la localidad de Mora el 5 de febrero de 2017.