todo sigue en el aire

El TS mantiene hasta el 5 de noviembre la incertidumbre sobre los gastos hipotecarios

La sentencia establecía que debe ser el banco y no los hipotecados los que deben pagar el gasto tras la nueva legislación al respecto

Foto: La compra de casa se complica: las hipotecas del futuro serán más caras (Foto: Corbis).
La compra de casa se complica: las hipotecas del futuro serán más caras (Foto: Corbis).

La decisión sigue en el aire. Tras la reunión de urgencia mantenida este lunes por la mañana en el Tribunal Supremo para acercar posturas entre la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que falló a favor de que fuera la banca y no el cliente quien asuma el impuesto de gastos hipotecarios, y el presidente Luis María Díez-Picazo, que convocó un pleno inédito para revisar el nuevo criterio, el presidente del Tribunal Supremo ha decidido que el pleno jurisdiccional en el que se tomará una decisión sobre el impuesto de los gastos hipotecarios tendrá lugar dentro de dos semanas, el 5 de noviembre.

Si la sentencia que dio un giro de 180 grados a la jurisprudencia sobre el impuesto de gastos hipotecarios provocó el pánico de las entidades bancarias, la interpretación posterior de que la maniobra de Picazo se lanzaba para modificarla ha sumido al tribunal en el enfrentamiento directo. El encuentro de este lunes estaba pensado, precisamente, para tratar de evitar que la brecha se ahonde aún más.

La sentencia establecía que debe ser el banco y no los hipotecados los que deben pagar el gasto tras la nueva legislación al respecto. Ocasionó grandes caídas en bolsa de los principales bancos españoles. En una insólita reación, Díez-Picazo paralizó por sorpresa la decisión del Supremo y empleó un recurso nunca antes utilizado para apagar el incendio que provocó la sentencia.

Peticiones de dimisión

La decisión del magistrado ha sido duramente criticada por las asociaciones como JJpD, que solicitan su dimisión. "Sorprende la actuación del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, en una actuación sin precedentes, al día siguiente de conocerse la sentencia y ante 'su enorme repercusión económica y social', acordó, 'con carácter urgente', “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar", y "avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado", dice la asociación progresista que recuerda que él mismo participó en la admisión a trámite del recurso que generó el fallo.

En una insólita reación, Díez-Picazo paralizó por sorpresa la decisión del TS y empleó un recurso nunca antes utilizado para apagar el incendio

Agrega que su actuación da a entender "incompetencia", incomprensión y genera mala imagen de la Administración de Justicia, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable. La reunión del Pleno que ahora invoca tuvo que ser anterior, defiende.

La Francisco de Vitoria también se muestra dura. "No tenemos conocimiento de que se haya producido ningún precedente similar en el que el presidente de una Sala avoque a pleno un asunto después del prácticamente inmediato dictado de una sentencia y cuando la misma ha provocado importantes efectos sociales y económicos. Pero, sobre todo, sin el dictado (o al menos para nosotros desconocido) de una resolución jurisdiccional motivada en un asunto concreto", dice en un comunicado.

En opinión de esta asociación Picazo "era conocedor de lo que sucedía" y tendría que haber realizado la avocación desde el mismo momento de la admisión. La decisión posterior y la nota dictada, "crea confusión y no contribuye a la imagen de independencia del poder judicial", asegura. "La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos", agrega.

La decisión de los seis jueces fue contraria a la jurisprudencia habitual del Supremo que hasta ese momentos había determinado justo lo contrario, con el aval posterior del Tribunal Constitucional. Esta reunión es de carácter interno y servirá únicamente para analizar la situación creada después de la citada sentencia y de la nota posterior en la que se convocaba una reunión plenaria de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo para confirmar o no la jurisprudencia creada.

La decisión de Díaz-Picazo ha sido duramente criticada por las asociaciones como JJpD, que solicitan la dimisión del magistrado

En la sentencia se habla de la "necesidad de modificar la jurisprudencia sobre el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria". Y señala que "aun reconociendo la solidez de buena parte de los argumentos en los que descansa la jurisprudencia actual, debemos corregirla porque, frente a la conclusión extraída por esa jurisprudencia, entendemos que el obligado al pago del tributo en estos casos es el acreedor hipotecario, sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución".

Los objetivos de la reunión son hacer un control de daños debido al "giro radical en el criterio jurisprudencial" y "habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social", según el comunicado que Díez-Picazo envió este viernes solo unas horas después de la sentencia dictada por el Supremo.

Según las asociaciones de consumidores, el impuesto que pesa sobre la elevación a escritura pública de un crédito hipotecario afecta, a ocho millones de personas y supondría un desembolso de 3.000 euros por persona. Estas asociaciones esperan este lunes que comience la avalancha de solicitudes para que les sea devueltos este dinero ya que considera que la sentencia dictada por el Supremo "no ha sido revocada, anulada ni suspendida".

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