La Manada, audios de la ministra, hipotecas... El 'annus horribilis' de la Justicia española

El paso atrás de Manuel Marchena se convierte en la última estocada sufrida por la Justicia española en 2018. El nombramiento del magistrado como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial parecía blindado hasta este martes, cuando ha anunciado su renuncia como única salida para mantener una trayectoria "siempre presidida por la independencia". A falta de poco más de dos semanas para que termine el actual mandato del órgano de gobierno de los jueces, ocupar su presidencia ha pasado de ser un honor a un arma arrojadiza entre Gobierno y oposición, el broche final a un año en el que la imparcialidad de los tribunales se ha puesto en entredicho una y otra vez.

La exposición pública del cambalache y la torpeza de los partidos propinan un nuevo bofetón a la institución y a los tribunales que viene a sumarse a otros muchos evidenciados durante este año. Estos son los peores episodios del año más horrible para los jueces.

La Manada

La Audiencia de Navarra condenó el pasado 26 de abril a los cinco miembros de La Manada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento por los hechos ocurridos durante los Sanfermines de 2016, descartando así que hubiera violación alguna a la joven de 18 años. La polémica llegó a tal punto que miles de personas tomaron las calles para protestar contra la resolución, convirtiéndose así el magistrado Ricardo González, que había pedido con su voto particular la absolución de los jóvenes, en el enemigo público número uno. Cuando la situación no parecía poder ir a peor para la Audiencia de Navarra, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, concedió una entrevista a Herrera en COPE en la que arremetió contra el juez: "Todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", criticó, refiriéndose así al CGPJ. "No hay abierto ningún expediente contra el juez", le respondió entonces el órgano de gobierno de los jueces.

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Beatriz Parera

La extradición de Puigdemont

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en Alemania, decidió el 12 de julio extraditar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por rebelión. De esta manera, la Justicia alemana tan solo abría la puerta a una condena de un máximo de 12 años, mientras que para el resto de políticos procesados por rebelión la condena podía alcanzar los 30. El Supremo rechazó entonces la vuelta del político bajo esas condiciones y, a partir de ese momento, Puigdemont quedó libre de nuevo, lo que le ha permitido seguir recorriendo Europa dando charlas en las que critica la Justicia española.

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Antonio Martínez. Berlín

La defensa de Llarena

Antes de su puesta en libertad, los abogados de Puigdemont pusieron una demanda civil en Bélgica contra el juez Pablo Llarena en la que acusaban a España de ser un “Estado delincuente” y cuestionaban la imparcialidad del magistrado. El instructor del 'procés' estaba citado en septiembre y, después de que el CGPJ reclamara su amparo y defensa, la ministra de Justicia decidió que no iba a asumir su representación en este procedimiento. Las voces de las asociaciones de jueces y el escándalo desencadenado por un criterio tomado en contra del dictamen de la Abogacía del Estado llevaron a la rectificación.

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Rafael Méndez Beatriz Parera

Los audios de Delgado y Garzón con Villarejo

Cuando comenzaban a apagarse las críticas por la gestión en el caso Llarena, la ministra se vio envuelta en un nuevo escándalo. Después de que este diario difundiera su implicación en una de las piezas del caso Villarejo, en manos de la Audiencia Nacional, y el hallazgo de una nota en la que el comisario reflejaba un encuentro con ella con un nombre en clave, Delgado negó relación con el exponente de las cloacas. No obstante, el medio digital 'Moncloa.com' difundió días después la grabación de una comida de 2009 a la que asistió en su etapa como fiscal. Su contenido levantó ampollas en el ámbito judicial, sobre todo por los comentarios en los que insinuaba que una serie de jueces y fiscales a los que no indentificaba intimaron con menores durante unos cursos en Cartagena de Indias. El evidente compadreo de los asistentes con los mandos policiales también resultó escandaloso.

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Roberto R. Ballesteros A. Pérez Giménez José María Olmo

La Abogacía del Estado no acusa por rebelión

El Ejecutivo de Pedro Sánchez levantó otra de las crisis de imagen de la Justicia más recientes que afectó, en este caso, a la Abogacía del Estado. Los abogados estatales recibieron órdenes directas de cambiar su escrito de acusación en la causa sobre el 'procés' y renunciaron a reclamar penas por el delito de rebelión, por el que sí acusa la Fiscalía. La maniobra se interpretó por muchos como un gesto hacia el independentismo en un momento en que los del PSOE trataban de sacar adelante sus Presupuestos y recabar el apoyo de ERC.

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Beatriz Parera Rafael Méndez

El caso de las hipotecas

El más sonado de los agujeros en la credibilidad de la Justicia tuvo lugar hace solo unas semanas, cuando se produjo una batalla campal en el Supremo a causa del impuesto de actos jurídicos documentados, más conocido como el impuesto de las hipotecas. Una de las secciones de la Sala de lo Contencioso cambió la jurisprudencia tradicional y falló a favor de que fueran los bancos quienes asumiran ese pago. Solo unas horas después, el presidente, Luis Díez-Picazo, anunció un pleno para revisar la decisión, que terminó volviendo a la jurisprudencia inicial en que el impuesto lo pagan los clientes.

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Beatriz Parera

Estrasburgo da la razón a Otegi

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio un nuevo varapalo a la Justicia española el pasado 6 de noviembre, cuando consideró que en el procedimiento contra Arnaldo Otegi de 2011 se vulneró el derecho de los acusados a un juicio justo por la falta de imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo. "Los demandantes tenían temores objetivamente justificados sobre el hecho de que estos jueces carecieran de imparcialidad en su caso", consideró la Corte de Estrasburgo, que recogía cómo Murillo había preguntado a Otegi en otra causa anterior si condenaba el terrorismo y, tras su silencio, había afirmado: "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta".

Opinión

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Antonio Casado

La huelga de jueces y fiscales

Un total de 3.234 jueces y 1.004 fiscales secundaron los paros convocados este lunes, lo que supone un 60,9% y un 38,8% del total respectivamente, unos datos que superan los registrados en la convocada del pasado mayo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se enfrentaba a su primera huelga desde que asumió la cartera, se encontraba durante la celebración de la misma en un acto celebrado en Estrasburgo, lo que fue criticado por las asociaciones. "Pese a las advertencias del equipo ministerial al respecto, entendemos que estas cifras son un buen punto de partida para iniciar negociaciones sobre aspectos concretos de nuestras condiciones profesionales, de la mejora de la Justicia y de un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal", sostuvieron las siete asociaciones convocantes en un comunicado.