el ejecutivo enmienda a delgado

De abandonar a Llarena a arroparlo: Moncloa vira para sofocar el incendio de Justicia

El Gobierno prepara la rectificación tras anunciar Carmen Calvo que no podía defender al magistrado en Bélgica. La ministra de Justicia queda desautorizada

Foto: Pablo Llarena, ponente de una mesa redonda celebrada en julio. (EFE)
Pablo Llarena, ponente de una mesa redonda celebrada en julio. (EFE)

El Gobierno ha dejado solo al juez Pablo Llarena, el hombre que simboliza la defensa del Estado frente al 'procés', el juez del Supremo blanco de los independentistas. La idea, tan simple y tan poderosa, tan sencilla de entender, una bomba electoral de efectos incalculables, es la que desde el jueves por la noche ha recorrido España. Entonces, el Ministerio de Justicia anunció que no le pagaría un abogado en Bélgica para defenderse de una extraña demanda civil de Puigdemont y otros exconsejeros fugados. Y lo hacía en contra de dos informes de la Abogacía del Estado y con un argumento que enseguida se vino abajo —que el Ejecutivo no puede defender a jueces—. En tres días de agosto, el Gobierno ha virado y emprendido un camino a la rectificación, según fuentes del Ejecutivo. Pero tras descender varios pisos en la caótica comunicación, los mensajes seguían siendo confusos.

El juez Pablo Llarena ha tenido que abandonar su casa de veraneo en Cataluña por los escraches, su familia vive con escolta y en cada manifestación independentista queman fotos suyas. "Puede que haya cometido errores, como empeñarse en acusar por rebelión, pero es el tipo que se ha enfrentado al 'procés", comenta una fuente judicial. La estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy de fiarlo todo a la Justicia suponía en realidad fiarlo todo a un juez: Llarena.

Desde Bélgica, Puigdemont y otros exconsejeros presentaron una demanda civil contra él acusándole de vulnerar su honor. Solo piden un euro y le acusan por unas manifestaciones en una conferencia en que decía que en España no hay presos políticos. En el texto de la demanda, esa alusión a unas declaraciones personales del juez es casi marginal, ya que todo el escrito cuestiona actos de su instrucción, como la denegación de permisos para acudir al Parlament o de peticiones de libertad. Se reproducen párrafos completos de sus autos para tratar de demostrar con ellos su "parcialidad".

La supuesta acusación por actos privados sirvió de trampolín para saltar el principio universal que indica que la Justicia de un país no se puede inmiscuir en la de otro. El efecto es símbólico, pero eso no implica que sea poco importante. La demanda dice cosas como que España es comparable a Kazajistán. Es verdad que sus efectos prácticos son nulos incluso si Llarena fuera condenado. Es un tema civil en el que si el juez optara por no darse por enterado, nadie le perseguiría. Pero para los independentistas sería un triunfo memorable. La Justicia belga habría condenado al juez español que acusó a Puigdemont y compañía. Desde su punto de vista, la demanda ya ha sido un éxito y, de prosperar, el fallo engalanaría las plazas de todos los pueblos de la Cataluña interior.

Como cualquier otro funcionario, Llarena tiene derecho a pedir que le defienda un abogado del Estado, dependiente de Justicia. Así es desde 2010, cuando Carlos Dívar y el socialista Francisco Caamaño firmaron un acuerdo para extender al Poder Judicial la defensa de la que ya gozan otros funcionarios. El Poder Judicial pidió al Gobierno activar el mecanismo y la Abogacía del Estado consideró que se daban las circunstancias para contratar a un abogado que llevara la defensa. Sostenía que le atacaban por ser el juez Llarena, no por ser el ciudadano Pablo Llarena.

El caso podría haberse quedado ahí. La Abogacía del Estado defiende desde hace años a técnicos de Medio Ambiente que aprobaron el proyecto Castor y a muchos otros funcionarios. Cuando es el caso de un empleado de un consulado, por ejemplo, se contrata a un despacho de abogados de ese país. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de carrera, tenía entonces un camino sencillo: pagarle un abogado a Llarena. Y así parecía. La justificación habría sido sencilla: que así lo consideraba la Abogacía del Estado. Es lo mismo que dijo Pedro Sánchez para incumplir su promesa de publicar la lista de la amnistía fiscal. En la oposición la había calificado una y otra vez como "la lista de la vergüenza", pero si lo decía la Abogacía del Estado la dejaba bajo llave. Punto final.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)
La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)

Pero Dolores Delgado decidió que no, que el Gobierno no iba a pagar ningún abogado a Llarena por lo que hubiera dicho en una conferencia, que eso eran actos privados y que se defendiera él. No solo eso. Sino que no iba a intentar que la Abogacía del Estado contratara a un despacho para que se personara y defendiera la jurisdicción española. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, intentó mantener que había que defender a Llarena. Hubo una tensa reunión, pero solo arrancó la segunda condición: que España se personaría para defenderse, pero no en nombre del juez. Puede ser un brindis al sol, porque no está claro que España vaya a poder personarse, pero era algo.

Castro, recién nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez —a lo que ayudó su buena relación con la Unión Progresista de Fiscales, de la que procede Dolores Delgado—, aceptó la jerarquía. Para el político, un buen abogado del Estado es aquel que hace un informe que justifica su decisión. Y lo ideal es hablarlo antes de ponerse a redactar. Dejar dos informes por escrito para luego adoptar una decisión contraria es un fallo de primero de política.

El jueves por la tarde, Justicia comunicó que no iba a defender a Llarena. Es agosto y un jueves por la noche las noticias pueden morir rápidamente. Pero aquí la marea empezó a crecer. En una primera nota de prensa a las 19:38, el ministerio incluyó un párrafo elocuente: "La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra". En el texto, Justicia compraba la argumentación de la defensa de Puigdemont e incluso apuntaba nuevas acciones contra Llarena.

Solo 20 minutos después, en una nueva comunicación, Justicia eliminó ese párrafo pero mantuvo el resto del argumentario: "El Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el expresidente y cuatro 'exconsellers' de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos".

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El viernes, tras el Consejo de Ministros, una periodista de 'ABC' preguntó a la vicepresidenta, Carmen Calvo, por qué dejaban solo al juez. Calvo, doctora en Derecho Constitucional, echó gasolina al fuego: "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el amparo establecido en el ámbito de su propio poder, que es el poder judicial. Al poder ejecutivo no le corresponde esa función". Y añadió: "La protección de cualquier miembro del poder judicial le correponde a su poder, al poder judicial, siendo como somos poderes distintos e independientes". La vicepresidenta insistió en que España contratará un abogado para intentar personarse y defender su jurisdicción.

Pese a ese argumento, desde 2010, la Abogacía del Estado defiende a jueces gracias a un acuerdo firmado por un Gobierno socialista con el Poder Judicial. La pregunta era previsible, así que es improbable que Calvo improvisara. Ese era el argumento del Gobierno. La decisión no era ya solo cosa de Delgado y de Justicia sino de todo el Ejecutivo.

Llarena estaba oficialmente solo y así lo evidenció en las declaraciones publicadas por este periódico. Se sentía abandonado por el Ejecutivo frente a la estrategia de Puigdemont. Asociaciones de jueces y fiscales, que ya estaban molestas con la decisión del Gobierno, se incendiaron aún más. Algunos se ponían en la piel de Llarena y se imaginaban buscando un abogado en Bélgica al que pagar de su bolsillo por una extraña demanda en el extranjero tras dar la cara por el Estado.

A lo largo del sábado, magistrados conservadores y progresistas criticaron la decisión del Gobierno. Solo la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, tradicionalmente cercana al PSOE, mantuvo silencio y el domingo apoyó la decisión, aunque de forma templada. El sábado, con el Gobierno reunido en Quintos de Mora y mientras hablaban a las cámaras de Moncloa y lanzaban cortes enlatados a los medios, una portavoz de Vicepresidencia afirmó que se mantenía el criterio de Calvo del día anterior.

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La oposición olió sangre. Llarena es un símbolo. Ha superado a los jueces estrella de la Audiencia Nacional ahora que los sumarios de corrupción suenan a antiguo. El PP y Ciudadanos se lanzaron a la yugular del Ejecutivo. El Gobierno les daba un arma con la que no contaban ni en sus mejores planes electorales y era un misil con capacidad de destrozar al PSOE en media España. Un lujo que un Gobierno con 84 diputados, que puede convocar elecciones en cualquier momento y con previsibles comicios en Andalucía en otoño, tiene que calibrar.

El domingo por la tarde, hora propicia para sembrar la confusión, Moncloa —no Justicia— emitió una ambigua nota en la que afirmaba en el titular que iba a defender a Llarena pero en el texto que todo seguía igual. Salvo por un matiz para avanzados: aseguraba que se actuaría "en los términos trasladados por el Poder Judicial" que solicitó un apoyo económico a Llarena y, en concreto, que se cubrieran su defensa y el pago de las costas si resulta condenado. Aunque un portavoz de Moncloa y otro de Justicia afirmaron que no había ningún cambio, fuentes del Ejecutivo insistían en que el viraje estaba en marcha, que se trataba de desactivar la bomba electoral que el Ministerio de Justicia había colocado bajo el asiento de Pedro Sánchez.

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