La oposición insta a Delgado a comparecer para responder por el "desamparo" a Llarena

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que comparezca en el Congreso para dar cuenta del "desamparo" en el que ha dejado el Gobierno al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, que ha subrayado que esta situación es "auspiciada" por el Gobierno. "Sánchez está en manos de Quim Torra y de partidos como Bildu, que son sus socios de gobierno". De este modo, ha asegurado que también pedirán la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el líder de los populares ha vuelto a exigir al Ejecutivo a que asuma ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del 'procés' en la demanda civil presentada contra él por el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él.

"Solicitamos la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso para que responda del desamparo al Juez Llarena, y requerimos al Gobierno la inmediata personación en el procedimiento de Bélgica para alegar y garantizar la inmunidad e integridad de la jurisdicción española", resalta Casado. Ayer, el presidente del PP también avanzó que había solicitado una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear la oposición de su partido a la "indefensión" que a su juicio sufre el juez Pablo Llarena. Además de una eventual cita con estos colectivos, el PP prevé sacar a la calle una campaña de movilización en defensa del magistrado en la que cuenta con Cs.

Como informó este periódico, uno de los dos informes de la Abogacía del Estado -ambos favorables a defender a Llarena- que la ministra Delgado tuvo sobre su mesa desmentía uno de los puntales de la demanda de Puigdemont y los 'exconsellers' y establecía que "sus declaraciones -en alusión a una intervención en un acto en el que negaba la existencia de "presos políticos"- no son ajenas a su función". Asimismo, existe un convenio de 2010 entre el Poder Judicial y la Abogacía que contempla la defensa de magistrados por ser funcionarios, lo que contradice la postura exhibida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado viernes, cuando señaló que la defensa del juez no corresponde al Ejecutivo.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha insistido en que el Gobierno ha dejado "tirado y desamparado" al juez del Supremo, al no prestarle "todos los recursos del Estado". "En este caso suscribimos el escrito de apoyo que han elaborado los demás jueces del Tribunal Supremo y pediremos la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Justicia para que explique este desamparo".