para la defensa del juez llarena

Jueces por la Democracia ve "correcto" que el Estado se persone en Bélgica

Manifiestan "una rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español"

Foto: Los magistrados del Supremo José Ramón Verdugo (izq.) y Pablo Llarena (dcha.). (EFE)
Los magistrados del Supremo José Ramón Verdugo (izq.) y Pablo Llarena (dcha.). (EFE)

La asociación progresista Jueces para la Democracia ve "correcta" el anuncio del Ministerio de Justicia de que se personará en la defensa del juez Llarena en Bélgica "por los actos realizados en ejercicio de sus funciones". Es la salomónica respuesta de la asociación que ha sido la última de las agrupaciones de jueces en pronunciarse con la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, denunciado por Carles Puigdemont ante los tribunales belgas.

Este sábado el resto de asociaciones de jueces y fiscales suscribían un llamamiento al Ministerio para que defendiese al magistrado. Esta opinión se basaba en varios informes, entre ellos uno procedente de los servicios contenciosos de la Abogacía del Estado que aseguraban que las palabras del juez, pronunciadas en febrero en un acto en Gijón, "no son ajenas a su función" y por lo tanto no pertenecen al ámbito privado como asegura la demanda de los independentistas.


En defensa de la jurisdicción española

Es esa pregunta, ¿son las palabras de Llarena privadas o no?, la que evita responder el comunicado de Jueces para la Democracia, limitandose a asegurar que manifiestan "una rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones". "Por eso consideramos correcta y ajustada a derecho la personación de España en el procedimiento".

En la demanda de Puigdemont, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se dice que "desde hace bastantes años, los miembros de las minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales". En todo el escrito hay tres referencias a actividades 'privadas' del juez, que según Justicia estarían fuera de la defensa estatal.

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