ignora dos informes

El Gobierno ignora dos informes y descarta personarse en Bélgica en nombre de Llarena

El Ministerio de Justicia entiende que la demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que Justicia "no puede actuar"

Foto: El juez Pablo Llarena. (EFE)
El juez Pablo Llarena. (EFE)

La Abogacía del Estado no defenderá al juez Pablo Llarena, responsable de investigar la causa del 'procés' contra los exgobernantes catalanes. Así lo ha explicado en una nota remitida a los medios en la que asegura que sí se personará en la causa abierta en Bélgica contra el magistrado con el fin de defender "la inmunidad de jurisdicción" del Reino de España; es decir, la competencia de la Justicia española para seguir instruyendo el procedimiento judicial.

El Gobierno ignora dos informes y descarta personarse en Bélgica en nombre de Llarena

Según fuentes jurídicas, el Gobierno entiende que no puede actuar en nombre de Llarena porque no puede ir en contra del criterio que en su día esgrimió el que fuera juez decano de Madrid, Antonio Viejo, quien se negó a tramitar la citación del magistrado del Tribunal Supremo que el tribunal belga había cursado. Argumentó que no lo hacía porque la consideraba un atentado contra la inmunidad de Llarena y por eso este último nunca la recibió. Actuar ahora en defensa del juez supondría mostrarse en contra de ese criterio. Por otro lado, el Ejecutivo se niega también porque considera que la legislación española concede a los magistrados del Supremo un aforamiento ante el propio alto tribunal español que del modo que pretende actuar la justicia belga no se llevaría a cabo.

Según la nota hecha pública por el Gobierno, el Ministerio de Justicia entiende además que la demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que Justicia "no puede actuar". Según una nota hecha pública por el Ejecutivo, hacerlo "supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra".

Justicia busca un abogado privado para defender la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa por el 'procés'


Justicia sí busca un abogado privado para defender la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por el 'procés', como indica la propia nota del Gobierno. Cuando lo tenga, se personará ante la justicia de Bélgica si, una vez que esta admita a trámite la demanda presentada por el expresidente y cuatro 'exconsellers' de la Generalitat contra el magistrado del Supremo, la autoridad judicial del país menciona aunque sea de pasada entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos.

El caso instruido por el magistrado demandado está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española, según entiende el Gobierno español. De ahí que, si el tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda cuestiona esto, "el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción", como ha transmitido el propio Ejecutivo.

En lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, continúa el Gobierno, "cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio 'acta iure imperii', en virtud del cual los estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país". La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y el Reglamento que la desarrolla, prosigue el Gobierno, no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, añade, "si la evolución de la causa belga recomienda la personación del estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional".

Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, argumenta. "La Convención de Naciones Unidas de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, en su artículo 5, establece que todo estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención", subraya.

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