LA ABOGACÍA DEL ESTADO APOYa EL AMPARO

El Gobierno cuenta ya con dos informes a favor de defender al juez Llarena en Bélgica

El Ejecutivo debe dar ahora otro paso: adoptar un acuerdo formal para impulsar la contratación de un abogado belga y formalizar la personación en este país

Foto: Quema de fotos de Llarena. (EFE)
Quema de fotos de Llarena. (EFE)

El Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta ya con dos informes de la Abogacía del Estado en los que se defiende que se debe amparar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belgas que le han citado el próximo 4 de septiembre en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus 'exconsellers', informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

Los dos dictámenes del departamento que ahora dirige Consuelo Castro se posicionan a favor de la petición de amparo efectuada por el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente reclamó al Estado hace unos días que auxiliara al juez ante lo que consideran un ataque de los procesados en el sumario sobre el 'procés' que instruía el magistrado. Consideran así que es procedente -tanto desde el punto de vista legal como de la oportunidad y necesidad- que Llarena cuente con el apoyo legal del Gobierno en este procedimiento.

Los escritos apuntan que la cuestión va mucho más allá del amparo a un juez concreto y que es necesario defender de forma activa la inmunidad de la jurisdicción española ante un tribunal extranjero. El Ejecutivo debe dar ahora otro paso más para hacer efectiva esta acción. Para que se convierta en algo real, debe adoptar un acuerdo formal para impulsar la contratación de un abogado belga y formalizar la personación en este país. La decisión es inminente ya que solo faltan 12 días para la citación, a la que no debe acudir de forma personal el juez afectado.

En caso de que se siga el criterio de la Abogacía y se impulse el acuerdo, el Gobierno iniciará la búsqueda del letrado y se ocupará del pago de sus honorarios. La contratación está a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y debe ser formalizada por el embajador español en Bruselas, como indica el Reglamento de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado. Existe aquí la opción de contratar de manera directa un despacho o la de realizar un sondeo urgente entre varios despachos antes de seleccionar uno.

Integridad económica

La cuestión está, por tanto, en manos del Gobierno, que debe responder a la solicitud del órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ pidió expresamente que se adoptaran las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica y que se impulsaran también medidas relativas "a la integridad económica". Este punto incluiría el abono de las cantidades correspondientes a una hipotética condena en costas.

El expresidente Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí interpusieron a principios de junio una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra Llarena por una supuesta "falta de imparcialidad" y por la vulneración de su presunción de inocencia. En base a esta demanda recusaron, sin éxito, al magistrado ante el Tribunal Supremo.

Reclaman el pago de una "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado" por lo que consideran una falta de imparcialidad que Llarena ha demostrado tanto en sus decisiones a lo largo de la instrucción como en declaraciones fuera de los tribunales. "El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas", explicó Comín respecto a la demanda, "sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales".

El magistrado ni siquiera ha sido notificado de la demanda y la citación ya que el que fuera juez decano de Madrid, Antonio Viejo, rechazó darle traslado al considerar que concurre el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que la solicitud versa sobre asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado español por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad.

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