MONCLOA DICE QUE EL EJECUTIVO NO DEFIENDE JUECEs

Los precedentes rebaten a Calvo: la Abogacía del Estado sí defiende a jueces como Llarena

Un convenio de 2010 entre el Poder Judicial y la Abogacía contempla la defensa de magistrados por ser funcionarios. La ministra afirmó que su defensa no corresponde al Ejecutivo

Foto: La vicepresidenta Carmen Calvo. (EFE)
La vicepresidenta Carmen Calvo. (EFE)

El Gobierno considera que no tiene por qué defender al juez Pablo Llarena de la demanda que ha puesto contra él políticos independentistas en Bélgica. La vicepresidenta, Carmen Calvo, justificó el viernes que tiene que ser el Poder Judicial, y no el Ejecutivo, el que tendría que ocuparse de eso. "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el amparo establecido en el ámbito su propio poder, que es el Poder Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función", defendió el viernes tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, un convenio firmado en 2010 entre la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y el Poder Judicial sí establece ese mecanismo de defensa, como el que tienen todos los funcionarios ante acusaciones que la Abogacía considera infundadas. Ha sido aplicado en varias ocasiones, en contra de lo afirmado por Calvo.

El caso sobre la defensa de Llarena nace de la demanda civil conjunta ante la justicia belga que interpusieron el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí contra Llarena por una supuesta "falta de imparcialidad" y por la vulneración de su presunción de inocencia. En base a esta demanda recusaron, sin éxito, al magistrado ante el Tribunal Supremo. Reclaman el pago de una "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado" por lo que consideran una falta de imparcialidad que Llarena ha demostrado tanto en sus decisiones a lo largo de la instrucción como en declaraciones fuera de los tribunales. La semana pasada el Poder Judicial dio amparo a Llarena y pidió que la Abogacía del Estado se hiciera cargo de su defensa.

La Abogacía del Estado tiene un doble papel. A menudo actúa como acusación, cuando considera que se han perjudicado los intereses del Estado -delitos fiscales, casos Gürtel o Nóos...-. Pero en otras ocasiones, cuando tras un análisis jurídico decide que la acusación contra un funcionario no tiene base, actúa como defensa. Siempre que esa defensa no choque con "los derechos e intereses generales del Estado". Así lo hace, por ejemplo, en la causa que se instruye desde hace años en Castellón contra los técnicos que aprobaron el almacén de gas Castor y en la que se enfrenta a la fiscalía.

Fue el socialista Caamaño el que en 2010 firmó un acuerdo para que la Abogacía pudiera asumir la defensa de los magistrados como funcionarios

Los jueces están entre esos funcionarios que pueden pedir que les defienda la Abogacía del Estado. Así figura en un acuerdo vigente desde hace más de ocho años. El documento no deja dudas sobre su alcance desde el encabezado: 'Convenio de Colaboración entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia de 13 de mayo de 2010 para la representación y defensa en juicio de los miembros de la Carrera judicial por el servicio jurídico del Estado". Sí contempla la defensa de los magistrados. Se firmó cuando era ministro de Justicia el socialista Francisco Caamaño. El Poder Judicial tenía una póliza de defensa jurídica pero la dejó caducar sin renovarla al considerar que este convenio era suficiente.

No es tan extraordinario que la Abogacía haya defendido a jueces. Así consta en los archivos del Poder Judicial. El juez Luis Acayro de Castro Urdiales (Cantabria) fue defendido en 2014 por la Abogacía del Estado de la querella de una inmobiliaria que acabó archivada. También fue defendido el juez de Marbella Manuel Jaén ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al que le acusaban de, entre otras cosas, delito fiscal.

Con esos precedentes, y tras analizar el caso, la Abogacía del Estado emitió dos informes apoyando que el Estado asumiera la defensa de Llarena en Bélgica, algo que anunció la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado. El sector contrario a que el Estado asuma la defensa del instructor del Supremo señala que está acusado por unas declaraciones en una charla, no durante la instrucción, pero la Abogacía considera que esa charla era por ser el instructor del 'procés' y que es imposible de desligar de su actividad jurisdiccional.

Por eso, el súbito cambio de opinión del jueves cuando Justicia anunció que solo representaría a España causó malestar dentro del Ministerio. Esa representación fue lo que consiguió arrancar la Abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras una tensa reunión, pero no está claro que vaya a poder ejercerse porque España no está ni notificada.

Quema de un retrato de Llarena en Barcelona. (EFE)
Quema de un retrato de Llarena en Barcelona. (EFE)

La vicepresidenta, Carmen Calvo, defendió el viernes tras el consejo de ministros que España no pague la defensa jurídica de Llarena. "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el amparo establecido en el ámbito su propio poder, que es el Poder Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función, le corresponde a su propio poder, que es distinto. Lo que sí le corresponde al Gobierno, al Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, es, llegado el caso, cuando la demanda sea admitida, defender la soberanía jurisdiccional de España. Eso sí le corresponde al Gobierno de España y sí lo va a hacer el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Nos corresponde indicarle a cualquier otra justicia de otro Estado que no se puede inmiscuir en los procedimientos de nuestro propio espacio que tiene que ser inmune desde el punto de vista de la soberanía jurisdiccional. Eso sí lo va a hacer el Ministerio de Justicia", señaló. Y añadió: "La protección de cualquier miembro del poder judicial le correponde a su poder, al poder judicial, siendo como somos poderes distintos e independientes".

Los precedentes rebaten a Calvo: la Abogacía del Estado sí defiende a jueces como Llarena

"¿Cómo que no está el Estado para defender a los jueces? Si no, ¿para qué existe un protocolo en vigor entre la Abogacía y el Poder Judicial?", replica airada una fuente jurídica al conocer la nueva versión de que la Abogacía de Estado ya no está para defender a los juece sporque antes que funcionarios son miembros de un poder independiente del Ejecutivo.

Si el caso acaba archivado, Llarena podría reclamar en vía judicial que el Estado costeara sus abogados

Que el caso sea en Bélgica no habría impedido la contratación de un bufete si el Ejecutivo hubiese querido costear la defensa de Llarena. Fuentes conocedoras de estos procedimientos aseguran que no es tan raro que el Estado contrate despachos en el extranjero. A veces, para defender sus intereses -en Nueva York en la defensa contra la ejecución de los fondos de renovables o en Tampa para defenderse de la empresa cazatesoros Odyssey-. Pero también para defender a funcionarios. Las contrataciones las debe firmar el embajador y hay hasta un listado de despachos por países. El exministro Piqué fue defendido por un bufete costeado por el Estado de una demanda en Ohio, un guardia civil ha tenido asistencia jurídica privada en Guatemala pagada por España, como las familias de los guardias civiles asesinados en Cap Breton (Francia). Esa defensa se puede coordinar con la Abogacía del Estado.

En algunos casos, cuando la Abogacía del Estado no asume la defensa y el funcionario acaba absuelto tras costearse sus abogados hay quien ha reclamado que el Estado costeara su defensa y, en algunos casos, ha ganado, una vía que queda abierta para Llarena si todo acaba archivado.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
37 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios