compró dos plantas a ACS en Granada

El fondo Antin pide a EEUU que España le pague los daños sufridos con las renovables

El último inversor que logró vencer a España en un arbitraje por los recortes a renovables ha solicitado a un tribunal de Washington que ejecute el laudo de 112 M mientras Bruselas duda de su validez

Foto: Foto de archivo de una planta termosolar. (EFE)
Foto de archivo de una planta termosolar. (EFE)

El pulso contra el Reino de España por los recortes a las renovables no cesa. El último vencedor de un arbitraje internacional contra España, el fondo de origen francés Antin, ha solicitado a un tribunal en Washington que confirme el laudo que le reconoce 112 millones de euros por los daños sufridos tras los cambios regulatorios en el régimen específico de las renovables, según detallan fuentes jurídicas.

Tal y como adelantó El Confidencial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi) falló a favor de Antin Infraestructures y en contra de España por los recortes en las plantas termosolares de Granada Andasol I y II, que el fondo nacido en París compró a ACS en 2011.

Según reconoce el laudo de la corte arbitral del Banco Mundial, España debe pagar 112 millones de euros en concepto de indemnización por los recortes retroactivos que llevaron primero el Gobierno de Zapatero y posteriormente y de manera más intensa, en 2013, Mariano Rajoy.

Esta no es la primera vez que un inversor pide la confirmación de un laudo por los recortes renovables. El fondo Eiser, primer vencedor, también ha solicitado recientemente a Washinton que dé cumplimiento a la sentencia para cobrar. Ambos arbitrajes fueron defendidos por el despacho Allen & Overy.

Antin ha sido protagonista este 2018 en España por haber comprado la parte española de Ufinet, compañía de fibra óptica, a Cinven por 900 millones.

Con la ejecución de los laudos en tribunales de Estados Unidos, los fondos tratan de protegerse ante la negativa de España a pagar. El anterior Ejecutivo del PP trataba de apoyarse en Bruselas para evitar una causa que acumula más de 40 reclamaciones por valor de 8.200 millones de euros.

Estos inversores rastrean bienes en territorio estadounidense del Reino de España que poder ejecutar en caso de que el Estado se niege a pagar. Las normas del Ciadi aceptadas por España permiten ir a cualquier país perteneciente al Banco Mundial para confirmar el laudo, paso previo a su ejecución. Este paso se da tras pedir directamente el pago y no ser atendido, con el consiguiente devengo de intereses.

Bruselas ha mostrado suspicacias con estos arbitrajes en dos frentes. Por un lado, notificó que cualquier pago puede desembocar en la concesión de ayudas incompatibles, con lo que cree que antes de pagar España debe primero pasar por el filtro de competencia europea.

Pero, además, la propia Comision alertó este mismo mes de julio de que los conflictos entre inversores dentro de la Unión Europea se deben resolver a través de la propia Justicia europea, por lo que concluye que los arbitrajes son ilegales y amparaser en el Tratado de la Carta de la Energía no es válido. Se basa en el caso Achmea, un arbitraje que la Justicia europea tumbó.

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