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Abu Dabi gana un arbitraje a España y abre un frente diplomático por las renovables
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REVÉS DE 64,5 millones contra ESPAÑA

Abu Dabi gana un arbitraje a España y abre un frente diplomático por las renovables

El Ciadi da a Masdar 64,5 millones, pese a que reclamaba 260 millones por sus inversiones en termosolares. La sentencia europea contra los laudos no salva al Ejecutivo de otro revés

Foto: En 2011, el rey Juan Carlos y el príncipe de Abu Dabi Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan inauguraron la planta Gemasolar. (Reuters)
En 2011, el rey Juan Carlos y el príncipe de Abu Dabi Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan inauguraron la planta Gemasolar. (Reuters)

El fondo de inversión Masdar, del emirato de Abu Dabi, ha ganado el arbitraje que planteó contra España en el Ciadi del Banco Mundial por el recorte a las renovables, según fuentes del sector. El laudo es el primero que llega tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalidaba este tipo de arbitrajes, pero el Ciadi ha estimado que sigue siendo de su competencia. Esto no solo supone un nuevo revés económico —Masdar reclamaba 260 millones, aunque el laudo rebaja sus pretensiones a 64,5 millones— para España sino que abre un frente diplomático, porque Masdar pertenece al 100% a Abu Dabi, un país con fuertes intereses en España (el emirato es, por ejemplo, dueño de Cepsa). España afronta 7.500 millones en reclamaciones.

En octubre de 2011, el rey Juan Carlos y el príncipe de Abu Dabi Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan inauguraron con todo el boato la planta termosolar Gemasolar, en la provincia de Sevilla. Al acto acudieron más de 300 personas. Además de la tecnología termosolar, incluía un almacenamiento de sales que le permite producir de noche. En ese momento ya habían empezado los recortes a las renovables, pero la termosolar estaba relativamente al margen. La casa real medió entonces ante Industria para mitigar el impacto del recorte.

El sector esperaba la decisión, por ser el fondo de un Estado y con fuertes intereses en España

Sin embargo, al final el hachazo llegó también a la termosolar y Masdar acudió al Ciadi, el órgano para resolver las disputas del Banco Mundial. La reclamación la puso Masdar Solar & Wind Cooperatief UA, con sede en Holanda. Masdar es una filial del fondo estatal de Abu Dabi Mubadala Development Company. Juan Carlos I, muy relacionado con estos países, visitó Abu Dabi en 2014 junto al entonces ministro de industria, José Manuel Soria, para intentar rebajar la tensión, pero el caso siguió adelante. Masdar ha estado representada por Allen Overy, el despacho que más arbitrajes ha llevado contra España.

Se trata de un fallo unánime, según fuentes del sector, que considera que el recorte de 2014 vulneró el derecho de los inversores a un "trato justo y equitativo". Rebaja la pretensión de Masdar de considerar una vida útil de la planta de 40 años y la deja en 25. Además, también considera que el impuesto del 7% a la generación no es un recorte de primas encubierto y salva esa parte de la reforma eléctrica. En total, da a Masdar 64,5 millones más un interés del 0,9% desde que en 2014 entró en vigor el recorte de primas. A partir de este miércoles, los intereses suben al 1,6%, aunque se reparten las costas entre España y el demandante.

La decisión, anunciada el miércoles por la tarde a las partes, es el quinto laudo. Los dos primeros fueron a favor de España. Pero, después, los fondos Eiser y Novaenergía ganaron su reclamación. Los fondos se escudaban en la Carta de la Energía, un tratado internacional de los años noventa para garantizar las inversiones internacionales en esta materia. Los inversores nacionales perdieron en los tribunales españoles, pero unos 40 extranjeros acudieron a estos arbitrajes, principalmente en el Ciadi pero también en la Cámara de Comercio de Estocolmo y en Uncitral.

[Consulte aquí todas las reclamaciones contra España y su cuantía]

El pasado 6 de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE tumbó este tipo de arbitrajes entre estados miembros —aunque Masdar sea de Abu Dabi, la inversión era de un fondo de Luxemburgo—, lo que supuso un respaldo para España. La Abogacía del Estado planteó entonces un recurso extraordinario invocando esa decisión, lo que ha demorado el fallo. Pero finalmente el Ciadi ha estimado que sigue siendo competente, pese al conflicto que se crea entre la Justicia europea y la Carta de la Energía.

España ya ha perdido contra los fondos de inversión Eiser, que reclamaba 128 millones, y Novenergía, 53 millones. España intenta retrasar el pago en el tribunal de EEUU, donde los fondos rastrean los bienes estatales para, llegado el caso, embargarlos. Sin embargo, con Abu Dabi el asunto escala, al ser un país con embajadas y buenas relaciones con España (es propietario de Cepsa a través de Ipic). El sector se pregunta si España pugnará para evitar el pago al tratarse de un Estado con fuertes intereses en España y gran capacidad de presión, y cómo podrá afectar al resto de arbitrajes.

La planta de Gemasolar estaba participada también por la española Sener, que no puede acudir a estos arbitrajes, por lo que no puede reclamar. Otras empresas españolas como Isolux o Abengoa lograron plantear arbitrajes internacionales alegando que las inversiones estaban hechas desde Luxemburgo, donde por su baja fiscalidad se radican la mayoría de estos vehículos de inversión. Isolux perdió los dos primeros.

El fondo de inversión Masdar, del emirato de Abu Dabi, ha ganado el arbitraje que planteó contra España en el Ciadi del Banco Mundial por el recorte a las renovables, según fuentes del sector. El laudo es el primero que llega tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalidaba este tipo de arbitrajes, pero el Ciadi ha estimado que sigue siendo de su competencia. Esto no solo supone un nuevo revés económico —Masdar reclamaba 260 millones, aunque el laudo rebaja sus pretensiones a 64,5 millones— para España sino que abre un frente diplomático, porque Masdar pertenece al 100% a Abu Dabi, un país con fuertes intereses en España (el emirato es, por ejemplo, dueño de Cepsa). España afronta 7.500 millones en reclamaciones.

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