España eleva un 10% las reclamaciones por los recortes en renovables a más de 8.200 M

La tensión entre España y los fondos y empresas internacionales que sufrieron recortes por sus inversiones en renovables sigue subiendo. Las reclamaciones aún pendientes de fallo han aumentado en 637 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Esto quiere decir que en tan solo seis meses la cifra global de 7.565 millones de euros se ha actualizado por encima de los 8.200 millones, lo que representa cerca de un 10% más y supone una amenaza para el equilibrio financiero del sistema eléctrico. El Confidencial ha obtenido estos datos con fecha de 21 de mayo a través de la Ley de Transparencia.

El Gobierno contabilizaba hace algo más de un mes que 16 reclamaciones eran superiores a lo que comunicó al Congreso de los Diputados en noviembre de 2017, en los arbitrajes interpuestos ante diversas instancias internacionales como el CIADI (Banco Mundial), UNCITRAL (ONU) o la Cámara de Comercio de Estocolmo. Tras cuatro laudos arbitrales en contra para España y solo dos a favor, además de las mayores reclamaciones registradas ahora aún están pendientes de cuantificar las tres últimas, entre las que se encuentra un fondo del banco ético Triodos Bank, por lo que la reclamación total seguirá aumentando. Y por si todo esto fuera poco, los fallos condenatorios están generando una espiral de costas e intereses que ya va por los 20 millones de euros.

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Los tres inversores en los que el Gobierno más ha elevado su cuantía reclamada han sido tres multinacionales eléctricas. En primer lugar, la estadounidense NextEra, que pide 393 millones de euros (186 millones más en mayo de 2018 de lo calculado en noviembre de 2017). Las otras dos mayores subidas las han protagonizado las grandes 'utilities' alemanas. RWE solicita 430 millones de euros a España, cuando hace seis meses se estimó que pedía 273 millones. E.On reclama 435 millones de euros; hace medio año su reclamación ascendía 324 millones. Esto quiere decir que solo entre estas tres empresas piden 454 millones de euros más.

El resto hasta 637 millones al alza son las reclamaciones de otros trece inversores: Infrared, Stadwerke, Steag, Ren, Cube, Baywa JGC, Operafund, Watkins Holding, Greentech, EDF, Sunflower y Freif. El resto hasta los 40 pleitos planteados se han mantenido como estaban hace unos meses o han hecho un ajuste muy ligero a la baja.

Los que más han elevado sus reclamaciones han sido la eléctrica NextEra (EEUU) y las dos grandes 'utilities' alemanas RWE y E.ON: 454M entre los tres

La Secretaría de Estado de Energía achaca estas alzas a que los "los demandantes han visto que los laudos están siendo entre el 30% y el 50% de lo demandado. Por lo tanto, han subido la cantidad demandada porque los laudos están dando cantidades intermedias. Eso está haciendo que los demandantes estén actualizando sus demandas". Los laudos de Eiser, Masdar y Antin lograron cerca de ese 50% de lo reclamado. Sin embargo, Novenergía consiguió el 90% de lo que había solicitado.

Las empresas, con mayores cuantías reclamadas según el Ejecutivo, están siendo defendidas en los arbitrajes internacionales bajo el Tratado de la Carta de la Energía por diversos despachos, entre los que destacan Allen&Overy o Cuatrecasas. Sin embargo, ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre por qué ahora sus reclamaciones son más altas que hace medio año.

No obstante, fuentes jurídicas implicadas que piden el anonimato desmienten rotundamente que se haya subido la cantidad reclamada, algo que aseguran no es posible. La única explicación coherente que encuentran al desfase de cifras dado por la Abogacía del Estado es que España no tuvo en cuenta la reclamación bruta y ahora sí. Lo que se conoce como el 'tax gross up'. Estas fuentes sostienen que la cifra que incluye este importe bruto es más ajustado a la reclamación real, ya que de admitirse toda la cuantía solicitada, esta es la cifra que debe salir de las arcas públicas. La reclamación neta afecta al inversor, que en muchos casos paga estos impuestos en donde tienen sus filiales, casi siempre en Holanda o Luxemburgo, con lo que esos hipotéticos tributos no acaban en España casi nunca. Es decir, la reclamación real a la que debe hacer frente España no es de 7.565 millones, sino de más de 8.200 millones.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a un problema que acrecienta sus dimensiones. De hecho, varios despachos y fondos especializados en la financiación de litigios están animándose y sondeando la posibilidad de elevar nuevos arbitrajes dados los últimos fallos judiciales, que están siendo muy contundentes en contra del Reino de España.

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Sin embargo, ganar estos litigios no significa que el cobro de las reclamaciones esté garantizado. De hecho, la justicia sueca ha declarado medidas cautelares para los arbitrajes que se dirimen en la Cámara de Comercio de Estocolmo. El tribunal supremo sueco estudia ahora si estos arbitrajes son válidos o exceden sus competencias por estar dentro de la Unión Europea. Esta situación se produjo después de que España recurriera en base al caso ACMEA un arbitraje dentro del territorio comunitario que se declaró nulo.

Por otro lado, España se guardaba otro as debajo de la manga y es que Bruselas declarará que estos pagos son ayudas de estado incompatibles con la Unión Europea. Sea como fuera, los inversores ya están rastreando bienes de España en el extranjero y han solicitado en Estados Unidos la ejecución de sus laudos ganadores.

Ahora queda por ver qué posición adoptará el nuevo Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera y el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, aún no se han pronunciado sobre cómo pretenden abordar este problema que amenaza con hacer saltar por los aires el superávit del sistema eléctrico, que aún carga con una deuda de más de 20.000 millones.