los tres arbitros contra la reforma del PP

España pierde su segundo arbitraje internacional por el recorte a las renovables

La Cámara de Comercio de Estocolmo dicta un laudo contra el Reino de España que le obliga a pagar 53 millones de euros a un inversor residenciado en Luxemburgo

Foto: Foto de recurso de una planta fotovoltaica. (EFE)
Foto de recurso de una planta fotovoltaica. (EFE)

El Reino de España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte a las renovables. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha dictado un laudo condenatorio que le obliga a pagar 53 millones de euros a Novenergía, un inversor institucional residenciado en Luxemburgo que cuenta con diversas instalaciones fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña. Esta es la segunda condena a España después de que en mayo de 2017 perdiera en el CIADI (Banco Mundial) contra Eiser, otro inversor luxemburgués. El Estado aún tiene pendientes tres decenas de litigios por la misma causa. Reclaman 7.565 millones en total.

Los tres árbitros que forman la corte arbitral nórdica han fallado en contra de España. Su principal argumento para rechazar la defensa de la Abogacía del Estado, que defiende al Gobierno, ha sido el drástico recorte sobre las renovables que supuso la reforma del sector eléctrico de 2013, firmada por el exministro de Industria José Manuel Soria y elaborada por el exsecretario de Estado de Energía Alberto Nadal.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía sostienen que el Gobierno tuvo conocimiento de este laudo el pasado viernes y aún está explorando qué posibilidades de recurso hay sobre la condena. Explican que además de España otros países de la UE que están inmersos en este tipo de litigios.

La victoria de Novenergia ha contado con el asesoramiento de Antonio Morales y Fernando Mantilla, socios del despacho Latham and Watkins, y es la primera vez que la Cámara de Comercio de Estocolmo condena a España por esta causa. Las dos reclamaciones anteriores que llegaron a esta corte arbitral, lanzadas por Isolux a través de su filial holandesa, se desestimaron a favor del Gobierno.

Según explican fuentes jurídicas, la principal diferencia es que en este caso se ha tenido en cuenta el fuerte recorte de la reforma del PP, algo que no se contempló en los dos laudos anteriores. De hecho, la demanda de Novenergía estima casi el 100% de lo reclamado. De los 60.430.000 solicitados, se ha conseguido que se condene al Estado por 53 millones de euros. El único punto que ha desestimado la Stochholm Chamber of Commerce (SCC) ha sido el relativo al impuesto del 7% a la generación que rige desde 2012.

[Consulte aquí el listado completo de reclamaciones contra España publicado por el Gobierno]

El propio laudo condena a España a pagar con un 1,5% de interés desde que se demandó y hasta el momento en que se abone el pago. De hecho, Novenergia baraja acudir al tribunal federal de Nueva York para hacer valer su laudo si el Estado no hace el abono en tiempo y forma. Este movimiento ya lo realizó Eiser en julio de 2017. No obstante, el Gobierno señaló recientemente que no ha pagado los 128 millones que estimó el CIADI. La victoria de Latham and Watkins, despacho en el que recientemente ha recalado el expresidente del Gobierno José María Aznar, aportó el laudo de Eiser contra España como parte de su estrategia judicial.

El pago de estas reclamaciones aún está en el aire. Tal y como adelantó El Confidencial en diciembre, la Comisión Europea advirtió a España que el Gobierno debe notificar a Bruselas tales pagos para que evalúe si se trata de una ayuda de Estado no notificada e incompatible con el derecho comunitario. Además, el área de Competencia advertía entonces que la jurisdicción para resolver estos casos está dentro del ámbito europeo y se debe dirimir en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en lugar de en otras instancias. Algo que no comparten las propias resoluciones arbitrales, ya que se trata de reclamaciones en el ámbito del acuerdo bilateral firmado entre España y los inversores internacionales que proporciona la Carta de la Energía.

Esta segundo dictamen contra España en menos de un año complica el equilibrio del sistema eléctrico. Ahora mismo hay 7.565 millones de euros en juego por los más de 30 litigios abiertos tras el recorte a las renovables. Si continúan las condenas y España finalmente se ve obligada a pagar saltará por los aires el superávit logrado con la reforma del sistema eléctrico, lo que aboca a volver a endeudarse, subir la factura a los usuarios o tirar de otras partidas como los Presupuestos Generales del Estado, una opción que se valoró tras perder contra Eiser y que está en el limbo por el bloqueo político presupuestario actual.

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