Los arbitrajes contra España agitan el negocio que sobrevuela los litigios renovables
Despachos de abogados, fondos dispuestos a financiar (o comprar) pleitos, peritos inmersos en los procesos o inversores afectados exploran las posibilidades de elevar sus ingresos por vía arbitral
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De manera discreta, ya que el enemigo a batir es nada más y nada menos que el Estado español, diferentes agentes involucrados en los procesos arbitrales que afectan a la Carta de la Energía están moviéndose entre bambalinas y explorando las posibilidades de maximizar su negocio. Esto podría elevar el pulso contra España, que acumula reclamaciones por más de 7.500 millones de euros.
Despachos de abogados, fondos dispuestos a financiar (o comprar) pleitos, peritos inmersos en los procesos o inversores de renovables afectados por los cambios normativos que aún no han dado el paso de interponer una demanda supranacional agitan el mercado y apuran sus opciones de lograr ingresos en vía arbitral.
Ahora cuentan con un nuevo argumento de peso: el laudo favorable a Novenergia, cuyos tres árbitros fallaron unánimemente contra España pese a tratarse de plantas fotovoltaicas que seguían ganando dinero tras el hachazo regulatorio de 2013. Es la segunda derrota de la Abogacía del Estado, que previamente ganó otros dos.
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El fondo londinense Therium acaba de levantar 300 millones de libras (unos 343 millones de euros) para financiar todo tipo de pleitos, también los que afectan a las renovables españolas. Su representante en España, Ignacio Delgado, afirma que han recibido varias muestras de interés de potenciales demandantes, sobre todo a raíz de que se hiciera público el caso de Novenergia, adelantado en exclusiva por El Confdiencial.
Therium, que ya financia algunos de los más de 30 arbitrajes pendientes de resolución, asegura seguir interesado en nuevos litigios de esta naturaleza. Para Delgado, ni la reciente anulación de un laudo por una disputa entre una empresas de Holanda y Eslovaquia, ni la posibilidad que abrió Bruselas de que España no pague por tratarse de ayudas de Estado ilegales, son razones suficientes para abandonar este negocio.
En la misma línea se muestra Antonio Wesolowski, 'general counsel' para España y Latinoamérica de Calunius, otro de los fondos inmersos en la financiación de arbitrajes afectados por las renovables. Wesolowski sigue abierto a este tipo de operaciones dado que cree que si un tribunal de Nueva York decide ejecutar un laudo, como ya hizo con Eiser, eso cuenta por sí mismo con fuerza suficiente como para no temer la acción de la Unión Europea en estos procesos. Como ya informó El Confidencial, fondos renovables rastrean bienes de España en EEUU para garantizarse el cobro de laudos.
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No solo los financiadores de los arbitrajes, entre los que no se descarta la presencia del gigante Burford, reciben interés. Según fuentes del mercado, bufetes de abogados como Cuatrecasas, presentes ya en varios arbitrajes en el CIADI, también han recibido renovadas muestras de interés tras el caso de Novenergia, algo que ya sucedió después de la victoria de Eiser, en mayo de 2017.
Después del primer fallo contra España, se han registrados dos nuevos arbitrajes en el tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial. Inversores alemanes y suizos asesorados por Freshfields y Gómez-Acebo & Pombo han decidido demandar a España.
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"Tras dos laudos contra España, hay accionistas que están apretando a los administradores de las compañías de renovables para que apuren sus opciones. Algunos ya se plantean iniciar reclamaciones al amparo de la Carta de la Energía" explican fuentes jurídicas.
Hay más actores agitando este árbol en busca de sus frutos. Algunos peritos, que reciben importantes honorarios en el proceso arbitral por sus labores de asesoría, han entrado en esta rueda. Expertos procedentes de las Big Four están moviendo sus hilos. Otra importante consultora experta en energía ha llevado a cabo varios procesos de asesoría previa al arbitraje en los últimos meses.
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La vaca aún se puede ordeñar más. El mercado de los arbitrajes también da para la compra y venta de laudos. De hecho, Eiser vendió su derecho a cobrar 128 millones de euros. Fortress, una gestora de fondos internacional, señaló en un evento sectorial a mediados de 2017 estar interesada en la compra de estos pleitos. Incluso entidades bancarias de primera línea han mostrado el deseo de comprar laudos.
El sector, aunque con diversos riesgos, cotiza al alza ante una inminente cascada de fallos arbitrales que serán determinantes para saber si el pulso contra el Estado sigue escalando.
De manera discreta, ya que el enemigo a batir es nada más y nada menos que el Estado español, diferentes agentes involucrados en los procesos arbitrales que afectan a la Carta de la Energía están moviéndose entre bambalinas y explorando las posibilidades de maximizar su negocio. Esto podría elevar el pulso contra España, que acumula reclamaciones por más de 7.500 millones de euros.
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