Los expertos esperan más arbitrajes

Los 'hedge funds' para pleitos elevan el pulso contra España por el caso de las renovables

El laudo condenatorio contra España en el CIADI publicado en mayo ha espoleado a inversores, despachos y 'litigation funders', fondos que respaldan financieramente los arbitrajes

Foto: Un parque de energía fotovoltaica. (Reuters)
Un parque de energía fotovoltaica. (Reuters)

La guerra arbitral que libra España contra inversores extranjeros de energía renovable suma adversarios. Varios 'hedge funds' extranjeros especializados en la financiación de pleitos, como Burford Capital, Therium y Calunius, están cerrando acuerdos y sondeando posibilidades para llevar a instancias arbitrales internacionales más pleitos contra el Reino de España, tal y como señalan fuentes cercanas a las negociaciones.

Durante los próximos meses, continuará aumentando el número de inversores foráneos que denuncien al Estado por los sucesivos recortes retributivos que se implementaron por ley, según confirman varias fuentes conocedoras de la problemática. El agujero millonario al que se enfrenta el Gobierno aún podría ser más profundo. La contundencia del primer laudo arbitral contra España en el CIADI ha espoleado a inversores, despachos y fondos dedicados a la financiación de pleitos. Estos últimos son conocidos como 'litigation funders' y están negociando con inversores que están legitimados para acudir a arbitraje internacional contra España que aún no habían dado el paso. Aunque rechazan dar detalles de sus operaciones, confirman su interés por respaldar económicamente estas reclamaciones contra España.

España es el país que más causas arbitrales arrastra en el mundo. (Fuente: Energycharter.org)
España es el país que más causas arbitrales arrastra en el mundo. (Fuente: Energycharter.org)

Se trata de 'hedge funds', afincados en su mayoría en Londres y Estados Unidos, que asumen todos los gastos que supone un arbitraje, así como las costas del mismo en caso de perder. Si se dicta un fallo favorable, obtienen una comisión previamente pactada con el inversor que demanda. "Estos 'hedge funds' huelen la sangre, y tras ver que en mayo España perdió un arbitraje, han encontrado un filón", explica un abogado experto en estas causas. No obstante, el interés es mutuo. Un colaborador de estos fondos asegura que son los propios despachos de abogados quienes acercan a los clientes con menos recursos y más ganas de reclamar a estos fondos que pueden financiar el litigio.

Tras el primer laudo contrario a España por esta causa, solo se ha hecho público un nuevo denunciante ante el CIADI. Es la entidad financiera alemana Portigon AG, que registró su reclamación el 22 de mayo, solo 18 días después de que los inversores británicos de Eiser Infrastructures ganaran su arbitraje. El fallo fue ratificado por los tres árbitros, incluso por el elegido a propuesta de España.

Juan Cruz Peña Juan Cruz Peña

El aumento de la cotización de estos pleitos también se nota en el negocio de los principales despachos de abogados que defienden a los inversores extranjeros contra España. Varios de los grandes están recibiendo solicitudes de 'due diligence' para analizar nuevos casos que están barajando sus posibilidades. Intentan comprobar la viabilidad de sus casos particulares de cara a presentar un arbitraje. Uno de los abogados y colaborador del 'litigation funder' Callunius, sostiene que para los 'hedge funds' "la 'due diligence' es la prueba o auditoría del pleito que van a asumir, y en base al mismo suelen tomar su decisión de inversión".

En cualquier caso, cabe destacar que el fallo contra España de mayo no sienta jurisprudencia, cada caso se arbitra de manera individual.

Allen & Overy y Cuatrecasas, que son los despachos que más causas están llevando ante la corte arbitral del Banco Mundial por el asunto de los recortes a las renovables, han rechazado hacer declaraciones para este reportaje. Gómez-Acebo &Pombo Abogados o Clifford Chance, entre otros, también están asumiendo las defensas de algunos de los 27 arbitrajes pendientes en el CIADI.

Rafael MéndezRafael Méndez

Los fondos que financian causas judiciales están viviendo un 'boom' con su modelo de negocio, tal y como explica la agencia de noticias Bloomberg. "Cada caso es un mundo, por eso también es importante el momento procesal de cada uno de ellos de cara a estimar la cotización del propio litigio", sostiene un abogado experto en la materia, que añade que incluso el caso ya fallado en el CIADI tiene aún que cobrarse y cabe un pequeño nivel de riesgo, porque España podría pedir la anulación del laudo.

Todos estos factores son los que valoran los 'litigation funders' cuando proponen financiar un determinado pleito y la cantidad que se les retribuye. Ignacio Delgado, consultor de Therium en España, señala que "muchos potenciales demandantes no cuentan con los recursos suficientes para asumir un arbitraje internacional de estas características, que supone arriesgar varios millones de euros, por lo que estos fondos eliminan la incertidumbre al hacerse cargo de los gastos (abogados, peritos, árbitros, etc.) en caso de fallar en su contra". "Además, suelen cubrir las costas, aunque para ello también hay grandes aseguradoras internacionales que se hacen cargo", añade otro abogado que colabora con un de estos 'hedge funds'.

Es una buena forma de sacar fuera de su balance un activo problemático que, sin embargo, en el futuro puede darle un determinado rendimiento

Aunque no trata los casos relacionados con el Tratado de la Carta de la Energía, el acuerdo multilateral que sirve para resolver los pleitos, Delgado asegura que la financiación de un posible pleito también tiene ventajas para la consolidación de cuentas de una empresa: "Es una buena forma de sacar fuera de su balance un activo problemático que sin embargo en el futuro puede darle un determinado rendimiento".

No obstante, este ejecutivo asegura que hay grandes compañías que, aun teniendo altas posibilidad de conseguir una victoria en un arbitraje así, optan por mantenerse al margen, ya que existen múltiples intereses cruzados. De ahí que grandes empresas en España prefieran enterrar este asunto a emprender una guerra contra quien controla el BOE.

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