La 'vía alemana' para juzgar a Puigdemont, un inmenso error de cálculo de España

Ha sido un colosal error de cálculo. España estimó que Alemania, por factores políticos y jurídicos, era el país más propicio del entorno europeo para forzar la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont y solicitar su extradición por el delito de rebelión. Pero las pretensiones de la Justicia y el Gobierno españoles se han estrellado contra el muro de la independencia de la judicatura alemana. Y las consecuencias empiezan ahora tan solo a intuirse.

El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein consideró este jueves que el líder soberanista no puede ser extraditado a España por rebelión. A su juicio, no se cumple el requisito fundamental de la violencia. La sala primera de lo penal del tribunal decidió, apenas dos días después de recibir el caso, que el mayor cargo que pesaba sobre Puigdemont según la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo español, era "inadmisible". A cambio, aunque ni siquiera sirve como premio de consolación, el tribunal indicó en un comunicado que seguiría adelante con el estudio de la acusación por malversación de fondos, el segundo presunto delito que le imputa la Justicia española, ligado al empleo de dinero público para la organización del referéndum del 1 de octubre.

Tras valorar así en un primer análisis la euroorden española, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein decidió que Puigdemont podía quedar en libertad condicional. Consideró que el riesgo de fuga del político catalán persiste, pero entiende que ante solamente un potencial delito de malversación de fondos basta con imponerle una fianza de 75.000 euros. Además, le impide abandonar Alemania sin autorización de la Fiscalía y le obliga a presentarse una vez a la semana ante la policía de Neumünster, la localidad en cuya cárcel ha permanecido desde que fue detenido el 25 de marzo.

La clave, la violencia

La cuestión de la violencia era clave. Desde el primer momento lo advirtieron distintos juristas alemanes. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha explicado que el delito de rebelión por el que había procesado a Puigdemont el Tribunal Supremo español es equiparable al de alta traición que contempla el Código Penal alemán. Tienen distintos nombres, pero estructuralmente son similares.

No obstante, el tribunal alemán argumenta que no se cumple el requisito de la violencia. El artículo 81 del Código Penal alemán habla del uso de la violencia o la amenaza de su uso para "socavar la existencia" del Estado o "cambiar el orden constitucional". Pero una sentencia previa del Supremo alemán ya había determinado que "no basta con que se amenace con ella o que se use" para inducir a los órganos del Estado a actuar de un modo determinado. Es además necesario que esa violencia tenga escala, que tenga la capacidad de "doblegar la voluntad de los órganos constitucionales". En la cuestión del referéndum catalán, estima el tribunal, "este no es el caso" por la "naturaleza, extensión y efecto" de los actos de violencia registrados el 1 de octubre, que no habrían podido hacer capitular a Madrid. Con esta jurisprudencia y esta valoración, concluye el escrito del tribunal, no puede contemplarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, porque "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania".

La decisión de la Justicia alemana es un varapalo mayor a España. Por un lado, pone en duda la independencia y la credibilidad de la Justicia española, al echar por tierra el meollo argumental de una orden europea de detención y extradición (OEDE, euroorden) sin ni siquiera entrar a su análisis pormenorizado. La acusación de rebelión era directamente inadmisible. Por otro, desbarata el castillo de naipes que la Justicia y el Gobierno de España habían levantado, una narración que acababa con Puigdemont juzgado en España por rebelión y malversación de fondos tras una extradición rápida y sin complicaciones.

Código Penal e intereses políticos

Esta construcción se basaba en la idea de que Alemania era, por su duro Código Penal, uno de los países menos favorables para el líder soberanista. Porque contemplaba el tipo de alta traición y otros delitos de corte político, a diferencia de lo que sucede en otros países de su entorno, como es el ya conocido caso de Bélgica. De hecho, Llarena retiró la primera euroorden contra Puigdemont porque la Justicia belga no iba a poder extraditarlo por rebelión al no contar con un cargo equivalente en su legislación.

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Además, se subrayaba que Berlín es uno de los principales apoyos internacionales de Madrid frente al independentismo. Quizás el mayor. La canciller alemana, Angela Merkel, había manifestado en varias ocasiones —algunas delante del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy— que la cuestión catalana era un "asunto interno" de España y que cualquier disputa debía resolverse cumpliendo siempre con la Constitución y las leyes españolas. Calcaba el argumentario de Moncloa. La canciller, de esta forma, ayudaba a un aliado en el Partido Popular Europeo, pero también estaba mirando más allá. Perseguía contribuir a la estabilidad de un país clave en la eurozona y la UE de cara a la recuperación de la crisis, la superación del Brexit y la negociación de la próxima oleada de reformas. Quería que España no fuese un problema más sobre su mesa.

De hecho, si Puigdemont fue detenido poco después de cruzar la frontera danesa de Alemania no fue casualidad. La Inteligencia española estaba al tanto de los movimientos del líder soberanista desde que abandonó Finlandia dos días antes de su detención. Pero no avisó a Suecia o Dinamarca, los dos países que atravesó el político catalán en las siguientes 24 horas en su viaje en coche de regreso a Bruselas, en donde reside desde hace cinco meses. No. Las fuerzas de seguridad españolas se comunicaron directamente con sus homólogas alemanas para que la detención se produjese en su territorio.

La independencia judicial

Pero toda esta argumentación, si bien contenía perspectivas acertadas, se fundamentaba en una máxima equivocada. Que la Justicia alemana iba a seguir los intereses del Gobierno alemán. Si bien la judicatura está siempre influida por su contexto sociopolítico, la alemana es más independiente del estamento político que la española. Y en parte eso se debe a su estructura, fijada por una constitución y unas leyes que separan expresamente los poderes del Estado y consagran los controles y los equilibrios, vacunándose contra los fantasmas totalitarios de su pasado.

Toda esta argumentación se fundamentaba en una máxima equivocada. Que la Justicia alemana iba a seguir los intereses del Gobierno alemán

Sin embargo, había precedentes para rehuir el optimismo que rezumaba del Tribunal Supremo español con respecto a Alemania. El penalista Nikolaos Gazeas, de la Universidad de Colonia, dudó ya hace unos días en declaraciones a EFE de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein siguiese adelante con la extradición de Puigdemont por malversación de fondos y rebelión, tal y como pidió la Fiscalía General de ese Land este martes. "No estoy seguro de que el tribunal asuma la misma posición", apuntó. A su juicio, la euroorden española no era "suficiente" y no cumplía "con las exigencias del derecho alemán para considerar que ha habido violencia, lo que es clave en la definición del delito de alta traición".

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Otro motivo para la cautela era que las últimas acusaciones por alta traición en Alemania se produjeron en los años cincuenta del siglo pasado. Entonces se procesó a miembros del ya ilegalizado Partido Comunista Alemán (DKP) por llamar a "derrocar revolucionariamente el régimen" del entonces canciller conservador Konrad Adenauer. Fue en el contexto de la Guerra Fría, en uno de los momentos de mayor enfrentamiento entre las Alemanias occidental y oriental. Era otra época. Una reciente encuesta en Alemania apuntaba que la mayoría de sus habitantes no quería que Puigdemont fuera extraditado a España.

Y aquí el Gobierno alemán no podría enmendar la plana a la Justicia. Es cierto que el Ejecutivo alemán tiene capacidad para inmiscuirse en un proceso de extradición, pero solamente con una especie de derecho de veto. Berlín puede detener y dejar sin efecto una decisión judicial para extraditar a un detenido a un tercer país. Pero no tiene la potestad de revertir una decisión negativa de la Justicia para forzar que un preso en su territorio sea entregado a la Justicia de otro Estado. Aunque sea un país amigo.