la orden de arresto en España sigue en vigor

Anulan las órdenes internacionales contra Puigdemont para juzgarle por rebelión

Se garantiza de este modo que todos los acusados respondan por los mismos delitos

Foto: Fachada del Tribunal Supremo. (EFE)
Fachada del Tribunal Supremo. (EFE)

El juez Pablo Llarena ha acordado retirar las órdenes de detención dictadas contra Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, y ha pedido que se comunique su decisión a las autoridades belgas, a fin de que dejen sin efecto la colaboración solicitada en su día. Tras su decisión, los huidos podrán desplazarse con libertad fuera de España sin riesgo a ser arrestados, pero si pisan territorio nacional, serán inmediatamente puestos a disposición de la Justicia, ya que la orden de arresto en España sigue en vigor, según informan fuentes jurídicas a El Confidencial. El magistrado evita de esta manera el riesgo de que el 'expresident' del Govern no sea entregado por el delito de rebelión, el más grave de los que se le imputan.

En un primer auto, el juez ha desactivado las euroórdenes para después precisar, en otra providencia, que ha acordado no solo la retirada de las órdenes europeas de detención sino también las órdenes internacionales que pesaban contra todos los huidos a Bruselas.

Llarena consigue con esta jugada apagar diferencias en la respuesta judicial contra el Ejecutivo catalán cesado y la Mesa del Parlament y que sea un segundo país quien se pronuncie sobre qué irregularidades deben o no ir a juicio. Bélgica podría haber limitado la entrega a los delitos que los magistrados del país hubieran considerado pertinentes. Eso no es aceptable para el magistrado, que explica que se está investigando un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.

Anulan las órdenes internacionales contra Puigdemont para juzgarle por rebelión

En su auto, describe el nuevo escenario que se presenta en este momento. De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, señala Llarena, "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente".

El juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que, una vez emitida, el instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.

Un delito de naturaleza plurisubjetiva

Llarena explica que los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las oportunas órdenes europeas de detención y entrega se emitieron el 3 de noviembre de 2017. Ahora, el juez describe el nuevo escenario que se presenta en este momento. De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, señala Llarena, "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente".

De otro lado, Llarena recuerda que, una vez acumulada la causa, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva. "Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes", precisa.

Según el magistrado, el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso, "pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco) deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla", colocándose así en “peor derecho que quienes se encuentran fugados”.

Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, el juez entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados por ella, "pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta".

"Un ridículo"

La defensa de Puigdemont ha reaccionado ya a la decisión judicial y ha destacado que aunque esta opción no era la más probable, tampoco se trataba de algo imposible. Los abogados del 'expresident' y sus 'consellers' contemplaban entre las posibles derivadas del proceso para su extradición que el Tribunal Supremo retirara la orden contra ellos. Y así ha sido. "Puigdemont no abandonará Bélgica, después de la retirada del mandato de arresto europeo", ha adelantado Paul Bekaert, el letrado belga especializado en entorpecer extradiciones.

Pese a no descartarlo, fuentes de la defensa argumentaban este mismo lunes que sería un paso que dejaría en mala posición a la Justicia española. "Si España retira la euroorden quedaría muy mal, y si después presenta otra… peor", apuntaban. Otra fuente de la defensa señala a El Confidencial que este gesto es “un ridículo”.

Por su parte, el partido político VOX, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, ha reaccionado presentando un escrito en el Tribunal Supremo "reconociendo que la retirada de la orden europea de detención beneficia al normal desarrollo de la instrucción con el objetivo de que a los investigados puedan exigírseles todas las responsabilidades a que haya lugar, sin distinciones perversas entre aquellos que son fugados de la Justicia frente a aquellos que no se han sustraído de la misma hasta ahora, que sería claramente perjudicados por esta situación". Asimismo, los letrados de VOX han pedido al magistrado instructor que acuerde la orden inmediata de detención y prisión sin fianza contra los huidos en cuanto estos se encuentren en territorio nacional.

Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxel Serret, Toni Comín y Lluís Puig cuentan en su conjunto con 19 abogados, con los que pretendían evitar que los entregaran a la Justicia española. Tras la vista celebrada este lunes, estaban pendientes de la decisión que el juez de primera instancia anunció que haría pública el próximo 14 de diciembre. Por la complejidad del proceso y dado que estaban dispuestos a dar la batalla para evitar la extradición, la defensa estimaba que Puigdemont y sus 'exconsellers' permanecerían en Bélgica más allá de fin de año. Ahora, se abre una puerta a que decidan acudir a España a declarar ante el Supremo.

La decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar las euroórdenes dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los cinco políticos catalanes detiene este proceso. Aunque la Fiscalía belga ha informado que por el momento no le ha sido notificada esta decisión.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, también se ha pronunciado al respecto: "Allá él. Si él prefiere seguir disfrutando de la ópera y el buen tiempo de Bélgica, mejor para él", ha ironizado. También ha explicado que a su entender el juez quiere de este modo "no encontrarse atado en cuanto a los delitos por los que pueda juzgar a Puigdemont". Sobre el argumento de la defensa de que España no respeta los derechos humanos, ha explicado que estas son afirmaciones "interesadas y no tienen ningún fundamento".

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