Ábalos admite que la acusación de la Abogacía atiende "a política del Gobierno"

José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, probablemente el ministro con más poder del Gabinete de Pedro Sánchez, ha cambiado el paso sobre la polémica acusación a la baja de la Abogacía del Estado. Después de que las ministras Isabel Celaá y Dolores Delgado defendieran que todo había sido un debate jurídico, Ábalos ha admitido en La Sexta que el informe de la abogacía es "riguroso jurídicamente pero atendiendo también a la política del Gobierno". El Ejecutivo de Sánchez deja así de intentar presentar como un gesto de los abogados del Estado lo que fue una imposición de Moncloa que ha generado malestar en la Abogacía.

La Abogacía del Estado siempre fue la baza de negociación con los independentistas para conseguir sacar adelante los presupuestos. Aunque oficialmente estos hablaban de que la fiscalía no acusara por rebelión, el Ejecutivo veía contraproducente presionar a los fiscales. La fiscalía es independendiente del Ejecutivo y en los últimos años el ministerio público ha reformzado esa distancia del ministerio. Así que la oferta era que la Abogacía, dependiente jerárquicamente de Justicia, rebajase su acusación.

Cambio de versión del Ejecutivo sobre un escrito. Lo presentó como fruto de un "debate jurídico" y admite que responde a la política del Gobierno

En un primer lugar el plan era que solo acusase por malversación, que no entrara en el fondo del asunto y se atuviese al motivo que originalmente le llevó a personarse en la causa, el uso no autorizado de dinero público. Pero finalmente Moncloa optó por acusar por malversación y sedición, descartando la rebelión, como adelantó este diario que estaba estudiando. Políticamente era mucho más relevante, ya que el Gobierno daba el paso de decir que no veía rebelión. Además, la Abogacía debe defender la sentencia ante un más que probable recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de las evidencias de que ese escrito de la Abogacía era parte de una negociación política, el Gobierno lo presentó como fruto de un debate jurídico. La ministra portavoz, Isabel Celaá, negó hace diez días que el Gobienro diese instrucciones a la Abogacía del Estado. Y la de Justicia, Dolores Delgado, después de que se conociera la acusación y de que estuviera extendida la información de que había sido imposición del Gobierno, afirmó: "No ha habido imposición de criterio. La Abogada General del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos y elaborado el escrito de conclusiones que ha firmado". Delgado no fue tan lejos como Celaá y se ciñó a hablar de la abogada general, un alto cargo del ministerio. El escrito lo firmaba, significativamente, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y generó división en la Abogacía.

Ábalos dio una versión radicalmente distinta y resaltó que la Abogacía depende del Gobierno. "Mi experiencia en el ministerio con la abogacía del Estado es que nunca firmarán un informe que no sea rigurosamente legal. Ningún abogado del Estado firma algo que no sea riguroso". Preguntado sobre cómo se gestó la acusación a la baja de la Abogacía, en la que no aparece la palabra violencia ni una sola vez y que pide la mitad de penas de cárcel que la fiscalía, respondió: "Lo normal es que a la Abogacía del Estado, que es un organo dependiente de la Administración y por tanto del Gobierno, normalmente se elevan consultan se debaten los temas, se plantean los enfoques y al final el informe es una salida legal, rigurosa jurídicamente, pero atendiendo también a la política del Gobierno".

Ábalos insistió en que el Gobierno duda de que el delito de rebelión sea aplicable a los Oriol Junqueras y compañía. Ese tipo exige un alzamiento violento y no cree que sea aplicable a lo que ocurrió en Cataluña hace un año: "La política del Gobierno es que cuando hay que calificar provisionalmente los hechos, no sentenciar, es no prejuzgar, si utilizamos elementos tan definitorios, como el del uso de la violencia, para eso está el juicio". Pero tras no calificarlo así inicialmente, la Abogacía ya no puede elevar durante el juicio su acusación aunque en la vista se probase que hubo violencia. Solo puede llevar a la baja la acusación.

"Tengo mis dudas" de que haya rebelión, explicó el ministro de Fomento. "Hemos tenido dudas jurídicas sobre si los elementos del tipo penal concurren en este caso". Ábalos también se desmarcó de la vicepresidenta Carmen Calvo y no negó distinguió entre el Pedro Sánchez que en la oposición veía rebelión y el Pedro Sánchez presidente que ya dice que no lo hay. "Podría haber un intento pero no se consumó"; señaló.