REVÉS PARA LA JUSTICIA ESPAÑOLA

De Atutxa a Otegi: el secesionismo celebra el 'varapalo' europeo que los juristas minimizan

Estrasburgo dictaminó este martes que Otegi no tuvo un juicio justo, sentencia que se suma a otras condenas del TEDH a España y a los problemas que se han producido en torno a las euroórdenes

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"Otra sentencia contra España por violar derechos fundamentales en una democracia. España no puede garantizar juicios justos. ¿Qué más se necesita para que Europa se dé cuenta de que hay un problema con la Justicia española?". El expresidente catalán Carles Puigdemont celebró con estas palabras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de este martes, que consideró que en el procedimiento contra Arnaldo Otegi de 2011 se vulneró el derecho de los acusados a un juicio justo por la falta de imparcialidad de una magistrada. La decisión de Estrasburgo no afecta a la situación judicial de los independentistas investigados, pero los partidarios del 'procés' no dudaron en aplaudirla como si se tratara de una victoria.

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Al repasar las sentencias del TEDH, sin embargo, queda claro que España no recibe más 'castigos' que el resto de naciones europeas, y prueba de ello son las que dictó el tribunal en 2017: nuestro país fue condenado en seis ocasiones frente a las 31 de Italia, 16 de Alemania o 305 de Rusia, que encabeza la lista. Dado que el sistema español no destaca por la cantidad de sentencias desfavorables que llegan desde Europa, El Confidencial se ha puesto en contacto con tres asociaciones distintas de juristas para valorar la importancia de las mismas. Aunque las posturas varían de unas a otras, todas ellas coinciden en el fondo del asunto, que en palabras del juez de la Audiencia Provincial de Madrid Celso Rodríguez podría resumirse de la siguiente forma: "No se puede hablar de falta de imparcialidad e independencia en el sistema judicial en base a una, dos o tres sentencias cuando a lo largo del año se resuelven alrededor de seis millones de asuntos".

Los últimos varapalos

Al margen de la última sentencia sobre Otegi, el independentismo celebró también la que dictó el TEDH en junio de 2017, cuando falló a favor del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, al considerar que se vulneró su derecho a un juicio justo porque "las cuestiones que debían ser examinadas por el Tribunal Supremo necesitaban la apreciación directa del testimonio de los demandantes". Carles Puigdemont aseguró entonces que la sentencia suponía una "nueva vergüenza internacional" porque en España "se pasaron el Estado de derecho por el forro", mientras que el exlíder del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs describió lo vivido ese día como "una mañana de emociones".

A dicha sentencia se suma otra dictada el pasado marzo en la que Estrasburgo contradijo a los tribunales españoles y falló que quemar fotos del Rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política, respondiendo así a la demanda de dos independentistas catalanes que en 2007 habían sido condenados a pagar una multa por prender fuego a una foto de los monarcas. "La vía internacional es lenta, pesada y compleja, pero es la más efectiva para hacer caer el régimen instalado en España. Paso a paso, denuncia tras denuncia, caerán todos los muros y todos los silencios impuestos", tuiteó Puigdemont al compartir la noticia.

Más allá de la opinión de los políticos, magistrados como Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y jueces para la Democracia, apuntan en este sentido que "la imagen del sistema judicial en Europa y España está dañada", pero consideran que se ha llegado a dicha situación por procedimientos como el de las hipotecas en el Tribunal Supremo y no tanto por los aquí mencionados. "Hay que tener en cuenta que el TEDH forma parte del sistema judicial español, que es garantista", argumenta. Una línea similar expone el magistrado Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quien insiste en que, por mucho que el sistema jurídico comience en determinados órganos, "los tribunales europeos también son parte de nuestro ordenamiento".

Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, afirma a su vez que la imagen de España "no se ve dañada con sentencias" como la de Otegi, pues "no puede extrapolarse como una desautorización al sistema o su funcionamiento". El magistrado argumenta que "pueden resultar impactantes por su contenido, materia o personas que abordan", pero subraya que España es uno de los países que menos sentencias desfavorables reciben del TEDH.

El desafío de las euroórdenes

Además de las decisiones del TEDH, los políticos independentistas han recibido también con los brazos abiertos los fallos de tribunales europeos que se han negado a extraditar a personas reclamadas por España. La sentencia de mayor calado se produjo el pasado abril, cuando la Audiencia territorial de Schweslig Holstein, en Alemania, ofreció extraditar a Puigdemont solo por malversación y descartó el delito de rebelión por el que le investiga el Tribunal Supremo. De todos modos, el país con el que mayores problemas está teniendo España en este sentido es Bélgica: además de rechazar la extradición de los 'exconsellers' Comín, Serret y Puig el pasado mayo por un error formal de Llarena, el Tribunal de Apelación de Gante decidió este martes no pronunciarse sobre la entrega del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como 'Valtònyc', sin antes consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


A la hora de valorar los obstáculos a los que se ha enfrentado España con las euroórdenes, el portavoz de Juezas y jueces para la Democracia subraya que "lo que ocurre en Europa es que hay una disparidad de regulaciones", por lo que en ningún caso considera que se pueda hablar de que un juzgado lo haya hecho bien y otro mal. Aunque Raimundo Prado comparte esta perspectiva, el magistrado va un paso más allá y apunta que, si la base de las euroórdenes es "el principio de confianza" entre los estados miembros, entonces conviene repasar los acuerdos judiciales que se han alcanzado a nivel europeo porque "están dejando lagunas". Una argumentación similar a la expuesta por Rodríguez, quien se muestra todavía más tajante y asegura que las decisiones de Alemania y Bélgica llevan a pensar en "la ruptura" del principio de confianza: "Parecen sentencias anticipadas en las que superan sus funciones sin conocer las pruebas o haber oído a los investigados siquiera".

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