La Fiscalía pide a Llarena que actúe en Bélgica y ate la entrega de los exconsellers

La Fiscalía no quiere dejar pasar la oportunidad de presentar batalla ante Bélgica. Pese a coincidir con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en que no se ha cometido error alguno que justifique la negativa del tribunal de Bruselas a entregar a los exconsellers, ha remitido un informe en el que le pide al magistrado que claudique y dicte auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad respecto a los mismos y que emita una nueva orden europea de detención y entrega.

Vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por los belgas, considera que esta es la mejor manera de tratar de atar la entrega de Comín, Serret y Puig. El magistrado se resiste y, como primer paso, este jueves se ha limitado a informar por carta a Alemania de los pasos dados en la causa sobre el 'procés' para evitar un contagio del criterio de Bélgica, que este miércoles dio carpetazo a la entrega de tres exconsellers. En la misiva se reafirma en que no hubo error en su tramitación de la orden de detención contra los reclamados en España, en contra de la opinión de la Justicia belga que achaca su negativa a una falta de validez de las peticiones de arresto en territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont esgrime ante Alemania la negativa belga a la entrega de los 'exconsellers'

Beatriz Parera

Así, explica que los que recaen en un error de interpretación son las autoridades belgas y que el auto de procesamiento contra Carles Puigdemont, cuya entrega está en manos de Alemania, "es equiparable a una orden de detención y por tanto cumple los requisitos de la decisión marco relativa a la orden de detención europea". En el escrito dirigido a la fiscal jefe del tribunal alemán que debe resolver la extradición del expresidente, da cuentan de lo sucedido ayer.

Explica que un tribunal de Bruselas denegó la entrega de otros investigados en este mismo procedimiento, basándose en que la OEDE no mencionaba ninguna orden de detención nacional previa a su emisión y que no consideran que el auto de procesamiento que contempla nuestro ordenamiento jurídico fuera equiparable a esa orden de detención, pese a que el Tribunal Supremo español le informó de lo contrario.

Llarena cree que es contrario "al principio de confianza recíproca" que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen. El magistrado, en aras de "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error" -en clara referencia a la argumentación de las defensas- insiste en que el auto de procesamiento se incluiría como una de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Decisión Marco del Consejo, según el cual, la información que debe contener una OEDE es "la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2".

El juez cree que los que recaen en un error son los belgas y que el procesamiento contra Puigdemont "es equiparable a una orden de detención"

Recuerda que el auto de procesamiento que sustenta su petición recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma. A partir de ese momento, en España, añade Llarena, "dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont". En virtud de esa resolución, Puigdemont sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega.

La decisión de Bélgica ha provocado una nueva crisis en el Tribunal Supremo. Ante la decisión belga de cerrar la puerta a la entrega de Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell el alto tribunal se plantea tirar la toalla en la vía internacional en Bélgica y no aplicar la única solución posible e infalible para continuar peleando por la entrega de los tres 'exconsellers', informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

Pablo Llarena sopesa no solventar el supuesto error que esgrimen los belgas a través de la única vía para soslayarlo: emitir un nuevo auto de prisión contra los 'exconsellers' y dictar una euroorden desde cero, dejando atrás los baches, idas y venidas que ha ido experimentando la OEDE desde que arrancó a manos de la jueza Carmen Lamela hace ya meses. Esta renuncia conlleva un riesgo de un contagio del caso al resto de países que tienen bajo su tutela a los huidos. Su carta de este jueves se dirige precisamente a evitar el peligro de un efecto dominó en Alemania, que debe pronunciarse en próximas fechas sobre la entrega de Carles Puigdemont, y lo hará con el completo convencimiento de que no se ha incurrido en fallo alguno y, por tanto, no hay nada que enmendar.

Todo gira sobre la validez o la falta de ella en la orden de detención vigente en el territorio nacional, o sea, en España, a la hora de reclamar la entrega a un país de la UE. Los letrados de los 'exconsellers' han esgrimido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso del camionero rumano Aurel Bob-Dogi, que fue objeto de una cuestión prejudicial.

En aquella ocasión, el TJUE determinó que sin detención efectiva en curso en el país de origen del reclamado, no hay entrega posible. La Fiscalía de Bruselas piensa que el precedente encaja absolutamente en la situación de Comín, Puig y Serret, y por ello ha defendido ante la Audiencia que debía decidir sobre la entrega que no existen "órdenes de arresto nacionales conformes" y por tanto las OEDE cursadas son "irregulares". 'In voce', en la propia vista fijada ayer, el tribunal les dio la razón. Carpetazo definitivo sin entrar al fondo del asunto. No habrá recurso porque no hay nadie para defenderlo.

El Supremo reaccionó en un primer momento con evidente malestar y a continuación con decepción. No ven claro el camino para continuar presentando batalla. Las fuentes consultadas dudan de que pueda obtenerse un resultado distinto ante una nueva reclamación. Apuntan, por ejemplo, que una nueva euroorden puede ser rechazada en este punto por el tiempo transcurrido desde que se emitió la primera, con el peligro de evidenciar un nuevo fracaso en el terreno europeo.

Así, la idea de dictar de nuevo autos de prisión para todos los huidos, remitirlos como información complementaria a los países donde aún se encuentra en liza la entrega y emplearlos de base para dictar una nueva OEDE en Bruselas, no atrae al alto tribunal, que sí puede optar por aclarar la validez de lo realizado ante la judicatura germana y la escocesa, que debe pronunciarse aún sobre Clara Ponsatí.

Repercusiones sobre el Parlament

En el caso de que la vía escogida sea la de renunciar a reiterar la euroorden previa emisión de ese nuevo auto de prisión, Comín y el resto quedarán en un limbo legal y frente a una difícil decisión. En territorio belga, estarán a salvo del procedimiento. Hasta ellos no llegará el brazo de la Justicia española. Pero si regresan a España por decisión propia, se enfrentan a una inminente detención y a su paso a disposición judicial. Su voto delegado, del que hasta ahora disfrutaban en el Parlament, y que sirve de salvavidas en la estrecha mayoría de las fuerzas independentistas, también está en cuestión, puesto que ya no están a disposición judicial.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Las repercusiones de los jueces alemanes

Joan Tapia

La situación que se plantea reproduciría la que vivió Puigdemont en su etapa belga tras la retirada de la euroorden de Lamela. Las defensas achacan a esta maniobra de renuncia todos los problemas posteriores para lograr una aceptación de la petición de entrega. "Se vendió como una jugada maestra, pero ahora se evidencia que fue una chapuza. De aquellos polvos, estos lodos", dice una de las fuentes consultadas.

Algunas voces, incluso procedentes de la Fiscalía, se inclinan por arreglar el entuerto por la vía rápida y reclaman en privado que se solvente de urgencia la cuestión y se enmiende el supuesto defecto formal. Pese a ello, el Ministerio Público no se ha decidido por la posibilidad de instar al instructor a que dicte enseguida nueva orden de prisión o justifique por escrito la razón por la que con la ratificación de la anterior es suficiente.