El Supremo responde a Bélgica y la acusa de "falta de compromiso"con la Justicia española

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que pertenece el juez Pablo Llarena, ha respondido este miércoles a la negativa de Bélgica de entregar a los 'exconsellers' Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Fuentes de la Sala Segunda han asegurado que la decisión puede interpretarse "como una ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial pedida".

Las citadas fuentes precisan que están pendientes de recibir la resolución para estudiarla. No obstante, de lo que se conoce hasta ahora por la prensa, explican que no se comparte la motivación por la que se deniega la entrega. Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en el que "se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados y por los que a esa misma fecha el instructor adoptaba la medida cautelar de prisión".

Aseguran, además, que tras la sentencia el mayor soporte del ordenamiento jurídico español es el procesamiento, que es el escrito que tiene el mayor desarrollo argumental. "Solo el desconocimiento del nuestro ordenamiento jurídico pese a la explicación dada como información suplementaria permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden", agregan.

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La sala se refiere de este modo al escrito de aclaración remitido la pasada semana por el magistrado instructor en que hacía especial referencia a que pesaba sobre los tres reclamados una orden de ingreso en prisión. Llarena decía el 17 de abril: "Le aclaro que la mención que recoge la página 69 del Auto de Procesamiento refleja la decisión de este magistrado de no modificar la orden de prisión que había sido adoptada el 3 de noviembre de 2017 por la jueza instructora de la Audiencia Nacional, respecto de Lluís Puig Gordi, Antoni Comín Oliveres y Maria Mertixell Serret Aleu".

La aclaración no ha servido, no obstante, a los belgas, que han considerado que la orden de detención en territorio español que dictó la magistrada Carmen Lamela hace meses no era válida y ha archivado el procedimiento de entrega por un defecto de forma. Según el criterio de la Fiscalía del país comunitario, que ha respaldado el tribunal encargado, Llarena debió haber emitido una nueva orden de arresto, ya que, según la jurisprudencia comunitaria, cada orden de detención europea tiene que estar respaldada por una orden de detención nacional válida.

"El Ministerio Público ha pedido al tribunal que declare irregulares las tres órdenes de detención europeas, dada la ausencia de órdenes de arresto nacionales adecuadas. El tribunal ha aceptado esta petición", ha informado la Fiscalía de Bruselas en un comunicado. La cuestión se rechaza de plano y sin entrar a valorar el fondo de la cuestión.

Con la decisión, el procedimiento queda clausurado, ya que, aunque existe posibilidad de recurso, nadie puede instarlo. La Fiscalía y las defensas, únicas partes personadas, ya que el Ministerio Público español no tiene presencia en ese procedimiento, no van a hacerlo. El Supremo puede emitir una nueva euroorden que subsane el defecto formal valorado, aclaran las fuentes consultadas.