El Supremo plantea a Alemania que entregue a Puigdemont por sedición

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado un escrito a la Justicia alemana en la que plantea la posibilidad de entregar a Carles Puigdemont por un delito de sedición y no por rebelión, según indica en un escrito. El magistrado español responde así al tribunal regional de Schleswig-Holstein​, que lleva la causa del expresidente catalán y determinó que no existió violencia suficiente en la crisis catalana para que se le acusara en Alemania de alta traición, el delito equivalente al de rebelión en dicho país.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el magistrado español destaca ante sus compañeros alemanes que no es necesario que entren a valorar el componente de violencia que sería necesario para el tipo delictivo de la rebelión ya que los hechos por los que se reclama la entrega pueden encajar también en otros ilícitos. Agrega que en este punto del procedimiento todo está aún abierto y que la Fiscalía puede optar por reclamar que se juzgue a los acusados por una sedición si no ve acreditada, de cara a la vista oral, la rebelión. Plantea este delito, y otros como la cooperación para rebelión, como alternativa.

El escrito, que ha adelantado La Vanguardia, también manifiesta que el juez instructor aceptará la entrega del expresident por estos delitos alternativos, penados con menos años y que ya ha ido introduciendo en algunos de sus autos, por ejemplo, el último en el que confirmó en reforma los procesamientos. En él ya dejaba abierta la posibilidad los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión, reafirmándose en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito. También indica que en el "caso hipotético" de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Catalunya se podría atribuir a los procesados el delito de sedición.

Las fuentes consultadas aclaran que esto no significa que el juez instructor descarte la rebelión o renuncie a reclamar a Puigdemont por ella. De hecho, confirman, acompaña su solicitud con más de 70 vídeos de los acontecimientos desarrollados en Cataluña ya desde los días previos al referéndum del 1 de octubre. Abunda en detalles sobre los indicios que le constan de que se produjo.

Además, trata de explicar los matices entre un delito y otro para mayor comprensión del tribunal de Schleswig-Holstein. La rebelion, indica, se produce como un alzamiento violento y público para forzar una suspensión de la Constitución. También para intentar que una fuerza armada -en clara referencia a los Mossos d'Esquadra, deje de obedecer las órdenes del Gobierno. Sin embargo en el caso de la sedición el citado alzamiento es "tumultuario" y destinado a evitar el cumplimiento de la ley.

En un segundo escrito, en este caso dirigido a Bélgica, el juez también hace precisiones respecto a los delitos, en este caso respecto a otros tres de los reclamados, los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig (en Bélgica), el magistrado realiza otras puntualizaciones. Apunta que considera que debe entregarse a Comín por el delito de malversación, sin exigencia de acudir a la doble incriminación e insiste, en el mismo sentido que en caso de Alemania, que también le reclama por el delito de rebelión "sin perjuicio de posteriores calificaciones". Respecto a Serret y Puig, descarta incluir la desobediencia por no estar penada con penas privativas de libertad pero avisa de que la simple entrega por la malversación que también les atribuye a ellos, permitiría juzgarles en España también por esto.

Dos juicios, dos ritmos

Por otra parte, el juez ha tomado la decisión de separar el procedimiento en lo relativo a los huidos. Su intención con esta decisión es evitar cual tipo de retraso en el juicio contra los procesados que se encuentran en España, que se prevé para el próximo otoño. Abre una pieza separada que generará dos ritmos diferentes en el enjuiciamiento y que afectará a los siete investigados que se encuentran fuera de España, que son además de Puigdemot en Alemania, los exconsejeros Comín, Serret y Puig, Clara Ponsatí (en Escocia) y también la secretaria general de ERC, Marta Rovira y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, huidas a Suiza.

Igualmente a petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el magistrado Llarena acuerda otras diligencias, como pedir a la magistrada que investiga la presunta secesión de la cúpula de los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional, Carmen Llarena, sus correos electrónicos y llamadas telefónicas entre los investigados en relación con los incidentes acaecidos el 20 de septiembre --día del asalto a la Consejería de Economía-- y el 1 de octubre de 2017. Reclama diversos documentos al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1-O, diferentes documentos, escuchas telefónicas, e informes económicos realizados por la Guardia Civil sobre posibles pagos para la consulta, dirigidos a sustentar el delito de malversación.