Sin rastro de dinero público para urnas ni para Puigdemont

"En principio y hasta la fecha, de la información de la que dispone el Ministerio de Hacienda y Función Pública, facilitada por la Generalitat, conforme a los mecanismos de control administrativo que se especificarán más adelante, no se desprende que los dos concretos conceptos por gastos a los que me refiero (relativos a las urnas y a la manutención del ex Presidente de la Generalidad), se hayan sufragado o se estén sufragando con fondos públicos, a expensas de lo que resulte de la investigación penal".

De esta forma el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admite formalmente ante el juez Pablo Llarena la dificultad para detectar la supuesta malversación de fondos por parte de los procesados como líderes del proceso independentista en Cataluña. Al menos, en lo que se refiere al mecanismo de intervención de cuentas establecido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

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El ministro detalla en su carta del 27 de abril al juez del Tribunal Supremo la forma en la que se controlan las finanzas de la Genera​litat​, dejando solo margen a que puedan detectarse esos pagos para urnas y para Carles Puigdemont como consecuencia de las investigaciones judiciales o policiales de los sumarios abiertos.

"Estos mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial llevada a cabo por los Tribunales de Justicia de aquellas acciones u omisiones con relevancia penal que se habrían producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de los pagos", asegura en su carta, en la que explica por qué aseguró al diario 'El Mundo' que no había constancia administrativa de esa malversación que investiga el juez del Tribunal Supremo.

El reconocimiento del ministro es importante porque demuestra las limitaciones de la intervención de cuentas que mantiene el Gobierno en Cataluña y que este mismo martes Rajoy acordó con el socialista Pedro Sánchez mantener más allá del 155. Supone que la intervención del Estado admite no poder detectar presuntos desvíos de fondos hacia el proceso independentista, ni impedir que, por ejemplo, se compren las urnas.

Por otra parte, dificulta los medios de prueba en el proceso penal del Tribunal Supremo para anudar el delito de malversación. Es decir, Montoro admite que, por ejemplo, no puede probarse por esa vía que se usara dinero público de la Generalitat para la compra de las urnas utilizadas en el referéndum ilegal del 1 de octubre, según explican las defensas de los independentistas y según invocan en sus recursos contra los procesamientos decretados por Llarena. Más concretamente, sostienen que no puede probarse la malversación.

Algo parecido señalan en referencia a un documento utilizado inicialmente por el Tribunal Supremo para sostener la acusación contra los líderes independentistas. Enfocats es el nombre de un documento que fue considerado como la "hoja de ruta" del proceso independentista y la prueba de cargo de la acusación de confabulación para movilizar a los catalanes y la estructura de los líderes del movimiento. Sin embargo, esa prueba mencionada en anteriores autos judiciales ya no se citaba en el auto de procesamiento emitido por el juez Pablo Llarena el pasado 21 de marzo y ha sido puesta en cuestión por las defensas de los secesionistas.

Por eso, los líderes del independentismo catalán procesados por el juez del Tribunal Supremo tienen como principal objetivo de su estrategia de defensa desvincularse de la principal prueba de cargo utilizada contra ellos y reducirla a “documento de reflexión política” y "una propuesta genérica y abstracta fruto de una reflexión intelectual". La otra línea es la de negar el delito de malversación, sobre la idea de que no hubo ni un sólo euro público dedicado al referéndum ilegal del 1 de octubre, apoyados en las palabras de y Cristóbal Montoro.

Para la defensa, el objetivo es desmontar el documento Enfocats, calificado por la Justicia como “hoja de ruta” del independentismo por contener los pasos concretos hacia la desconexión con el Estado, incluyendo la movilización en la calle y la existencia de una especie de “comité estratégico” al que, según el juez, pertenecían los procesados.

Este documento fue encontrado en la casa de Josep María Jové, exsecretario general de la consejería de Economía y Hacienda del Generalidad de Cataluña, el 20 de septiembre de 2017. Y según el juez establecía la estrategia del procés con la “manipulación social”, control de las instituciones, reconocimiento internacional y creación de estructuras de Estado.

Los líderes independentistas tienen como objetivo de su estrategia de defensa que no se les vincule con la principal prueba de cargo contra ellos

Sin embargo, los responsables de la coordinación de las defensas se centran en documentos internos en intentar demostrar que no es posible vincularles con ese escrito. Por ejemplo, explican que “es un documento desconocido por los investigados”, porque no fue "objeto de discusión" como si fuera un plan estratégico y político.

Siempre según su versión, en ninguna de las conversaciones o documentos incorporados a las actuaciones en los tres sumarios que se instruyen sobre este asunto en el Supremo, la Audiencia Nacional y el juzgado número 13 de Barcelona hay referencias a "Enfocats" como tal hoja de ruta del proceso independentista. Los independentistas han establecido equipos de abogados coordinados, diferenciados entre los que proceden de ERC y PDeCAT, con dirección política y objetivos comunes, en los que este documento es clave porque se supone que es la prueba que establece el "órgano" desde el que se tomaban las decisiones.

En el documento se habla de un horizonte de actuación política con fin en la independencia muy diferente al de los acontecimientos de 2017 lo que, según las defensas, demuestra que está muy alejado de los hechos y las decisiones que, efectivamente, se adoptaron. De hecho, recoge expresamente la referencia de 2022 para una proclamación de independencia.

El escrito incautado por la Justicia se inicia cronológicamente con "un Govern que tiene como misión incrementar el apoyo social a la independencia para conseguir una mayoría clara e indiscutible". Y asegura que esa legislatura que arrancó en 2015 "tenía que terminar con unas elecciones autonómicas en el Parlament en septiembre de 2018". Es decir, según los abogados de los independentistas, esa supuesta hora de ruta establecía que la legislatura acababa sin declaración de independencia, a diferencia de lo que ocurrió directamente, por lo no puede considerarse como un guion de sus actuaciones, incluidas las llamadas a las movilizaciones en la calle que son la base de la acusación de violencia, necesaria para que se les impute el delito de rebeldía.

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El documento establecía una segunda fase en la que "sólo con haber conseguido en las elecciones de septiembre de 2018 una mayoría clara a favor de la independencia de Cataluña y suficiente complicidad de la comunidad internacional se plantea en diciembre de 2022 una proclamación de independencia". Esa supuesta planificación no se corresponde con la realidad y con los hechos que se investigan.

Habla de un "comité ejecutivo" o "comité estratégico" al que, según el juez, pertenecían los procesados, pero la defensa asegura que ese diseño no pasó de ese diseño teórico, porque nunca se aplicó su contenido. Esa organización formal es fundamental para asegurar la existencia de una acción concertada y, por eso, los independentistas afirman que no es real.

Obviamente, su estrategia no se basará en cuestionar el delito de desobediencia, porque es evidente de desoyeron resoluciones judiciales, pero sí la rebelión por esa ausencia de concertación y de violencia planeada, según explican.

El escrito se inicia cronológicamente con "un Govern que tiene como misión aumentar el apoyo social para lograr una mayoría clara e indiscutible"

El documento clave no está fechado, ni tiene firma y, por ejemplo, no hace referencia a otro de los acontecimientos clave en el procés: el referéndum ilegal del 1 de octubre, lo que le sirve a la defensa para sostener que es texto "abstracto".

Tampoco habla de vía unilateral y, según la defensa de los encarcelados, ha servido para que la Guardia Civil haga una interpretación sesgada de su contenido, para usarlo como referencia de un plan perfectamente trazado. Y explican que "en los autos del Supremo y la Audiencia Nacional que decretan prisión incondicional y otras medidas cautelares se cita el documento Enfocats como "la hoja de ruta del procés", sin más análisis. Sorprendentemente, después de haberse utilizado como una de las principales pruebas de cargo para incriminar y encarcelar a los investigados, en el auto de procesamiento de 23 de marzo de 2018 el juez Llarena no hace referencia a Enfocats.