Junqueras afirma que su causa en los tribunales será "un juicio a la democracia"

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha alegado ante el Supremo que la causa contra el 'procés' será "un juicio a la democracia y su capacidad para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana pacífica", al tiempo que ha lamentado la "criminalización" del independentismo catalán.

Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva han recurrido ante la Sala de lo Penal del Supremo el auto en que el juez Pablo Llarena acordó procesarlos por los delitos de rebelión y malversación por impulsar la hoja de ruta unilateral a la independencia.

En su recurso, ambos acusados sostienen que el "verdadero campo de debate" en la causa por el 'procés' es "si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos".

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El escrito denuncia que Llarena está instruyendo la causa con un "sesgo a favor de las acusaciones" y "criminalizando" el independentismo catalán, pese a que éste es "pacífico y legal".

En un escrito de 20 páginas, ambos políticos encarcelados cargan contra Llarena. El recurso contiene un epígrafe con el título 'La rebelión que se evapora', donde se alega que imputar este delito es indefendible y que "es un sin sentido y causa sonrojo" que se contemple en esta causa.

Turull, Rull, Sànchez...

También han recurrido su procesamiento en otro escrito Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, todos diputados de JxCAT en el Parlament, Rechazan el delito de rebelión porque no hubo violencia en ningún momento y resaltando la "debilidad" de las acusaciones. En el escrito, la defensa de los tres diputados, Jordi Pina, considera que Llarena, "consciente de la debilidad de la anterior calificación" -tal y como considera también el tribunal de Schleswig-Holstein que debe decidir sobre la extradición de Carles Puigdemont-, ahora apunta inesperadamente a sedición o conspiración a la rebelión en su último auto.

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Descartan que los tres incurrieran en un delito de rebelión porque la violencia en el proceso soberanista "brilla por su ausencia", ya que lo único que pretendían los ciudadanos movilizados era poder emitir su voto el 1-O. "El delito de rebelión exige que la proclamación de independencia sea el propósito de quienes se alzan violentamente, lo que impide aplicar este tipo a quienes simplemente piden votar", alega Pina, puntualizando que ese día fueron a votar personas a favor y en contra de la independencia.

Asimismo, en el recurso hacen hincapié en que, después de la jornada, no se persistió en conductas supuestamente violentas: "Curiosa rebelión la que se ejerce sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada". Sobre las concentraciones en la sede de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía el 20 de septiembre, consideran que cualquier analogía con el golpe de Estado del 23F "resulta sencillamente inaceptable". "Si el propósito de las decenas de miles de personas concentradas hubiera sido realmente el de alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada", sentencian.