los pasos del estado tras la investidura de torra

El Gobierno teme unas nuevas elecciones en pleno juicio al independentismo

Rajoy propone diálogo y prefiere no volver a aplicar el 155 en Cataluña, al menos hasta que no se aprueben los Presupuestos a finales de junio

Foto: Imagen: E. Villarino.
Imagen: E. Villarino.

Casi siete meses después, se levantará automáticamente la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Al frente de la Generalitat sigue habiendo un Govern independentista, y en La Moncloa se mantiene un presidente del Gobierno que, al frente del Estado, pretende evitar la secesión.

Se mantiene también la incertidumbre y la inseguridad y, además, el Gobierno teme un escenario de nuevas elecciones en Cataluña convocadas en octubre, coincidiendo con el juicio por rebelión a los líderes independentistas, con idea de rentabilizar la posición victimista.

La Moncloa asegura que intentará construir un escenario de diálogo, aprovechando la presencia en el Govern de independentistas favorables a restablecer puentes, como Pere Aragonès. El propio Mariano Rajoy ha reiterado su voluntad de abrir la segunda parte de la operación diálogo, según pactó con el PNV en el acuerdo de Presupuestos, tras el fracaso de la primera.

El Gobierno teme unas nuevas elecciones en pleno juicio al independentismo

De hecho, el Gobierno quiere integrar Cataluña en las gestiones y negociaciones para un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque haya dudas sobre su éxito, y no tenga clarp qué hacer si Quim Torra pidiera una reunión con Rajoy. Solo si volviera a pisarse la línea de la legalidad el Ejecutivo se plantearía un nuevo 155, pero nunca antes de que el PNV vote definitivamente los Presupuestos —antes de final de junio—, para salvaguardar la legislatura.

Y el independentismo sostiene que intentará no sobrepasar la línea de la legalidad, como ha hecho Roger Torrent desde la presidencia del Parlament, con el objetivo de llegar a un 60% de votos en un futuro que le permita intentarlo de nuevo, subsanando los errores aprendidos. Su primera provisionalidad puede ser la de incluir consellers encarcelados hasta que en una semanas sean suspendidos por el juez Pablo Llarena.

En teoría, todo es igual que hace seis meses, pero desde aquel día en que en el Senado se aprobó la aplicación del temido artículo y en el Parlament se aprobó la (simbólica) declaración de independencia, muchas cosas han cambiado. La marmota ha mutado. Para bien o para mal, según la perspectiva con que se mire.

-Vuelta a la legalidad. Aquel día, debía ponerse en marcha la ley de desconexión y la república catalana. El 155 mantuvo la legalidad con la autonomía suspendida, se convocaron elecciones y ahora Cataluña vuelve a ser una comunidad autónoma con su Govern. Solo se mantiene el control limitado sobre las finanzas.

-El precinto del 155. En octubre, el artículo de la Constitución era un abismo insondable. Una especie de bomba atómica del Estado con efectos disuasorios solo por su existencia. Ahora se le ha quitado el precinto, se ha establecido un protocolo de aplicación y, a falta de la precisión del Tribunal Constitucional cuando revise los recursos de la Generalitat y Podemos, ya hay precedente y cauce para aplicarlo si fuera necesario. Casi se ha banalizado. El Estado sabe cómo hacer frente al secesionismo y el secesionismo sabe cómo reacciona el Estado.

-Presos y fugados. Hay 25 procesados por el Tribunal Supremo y más de una docena de presos preventivos, algunos durante más de siete meses, y fugados (exiliados, según los independentistas). Hay tres procesos judiciales en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y un juzgado de Barcelona por delitos como rebelión, sedición, malversación y desobediencia que, en algunos casos, pueden llegar a suponer más de 20 años de prisión. Cualquier proceso de diálogo entre Gobierno y Govern chocaría con este escollo que está en manos de los jueces, como se demostró cuando el magistrado Pablo Llarena impidió en marzo la investidura de Jordi Turull que el Ejecutivo veía como un mal menor. El procedimiento en el Supremo puede llegar a un juicio en otoño, y esa vista oral podría convertirse en la campaña electoral del independentismo para unas elecciones en noviembre o diciembre, primera fecha legalmente posible para la disolución del Parlament. El banquillo sería el cartel electoral. Antes habrá hitos como la suspensión de todos los presos para ocupar cargos públicos.

-La respuesta del Estado. Si el independentismo tenía dudas sobre la respuesta del Estado, todas se han disipado. Instituciones como el Rey, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, entre otras, se han movilizado y hasta forzado para hacer frente al independentismo, aunque todas se hayan dejado heridas profundas. El poder económico y empresarial se ha sumado en términos generales, desmontando la tesis previa del soberanismo. A esa posición se ha sumado también la comunidad internacional, de la que el independentismo esperaba reconocimientos y espaldarazos, aunque en una parte de la opinión pública internacional haya calado el mensaje de la dureza excesiva del Estado.

El Gobierno teme unas nuevas elecciones en pleno juicio al independentismo

-La Justicia en Europa. En seis meses, se ha puesto a prueba el funcionamiento de los mecanismos de colaboración de la Justicia en Europa y la propia imagen de la española en el exterior. Está pendiente la resolución de euroórdenes en Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido, con posibilidad de entregas limitadas que pongan en cuestión al poder judicial español. El objetivo del Gobierno es cortar el hilo entre el nuevo 'president' y Carles Puigdemont.

-Apoyo al independentismo y al constitucionalismo. Las elecciones catalanas convocadas al amparo del 155 hicieron de Ciudadanos el partido más votado, como consecuencia de la insólita movilización del constitucionalismo en Cataluña. Pero las opciones independentistas lograron dos millones de votos y la mayoría absoluta, que podría aumentar, según las últimas encuestas oficiales. La estrategia futura del independentismo depende del crecimiento de ese apoyo. Y desde entonces, el PP ha quedado reducido en Cataluña a cuatro diputados recluidos en el Grupo Mixto del Parlament. Rajoy debe gestionar ahora en esa pésima situación la aplazada renovación del PP catalán, con opciones para Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, si hay nuevas elecciones. Las elecciones municipales de 2019 son también vitales.

-PSOE y Podemos, al margen. Cataluña ha sacado del escenario a socialistas y a Podemos, porque sus opciones fueron derrotadas en las elecciones de diciembre por la polarización entre extremos. Los catalanes rechazaron sus propuestas de soluciones, concretadas en una reforma constitucional y una consulta pactada, y en el resto de España la cuestión territorial les incomoda e impide abrir el debate sobre otros asuntos ligados al eje derecha/izquierda.

-PP y Ciudadanos. Desde que se aplicó el 155, el partido de Albert Rivera ha crecido hasta darle su primer triunfo electoral, aunque no se traduzca en poder real. Todas las encuestas ratifican este ascenso, refuerzan la insólita pugna por el centro derecha y condicionan la acción del Gobierno. A Ciudadanos le va bien mantener el eje territorial como centro de la agenda y ha intentado ir más lejos, forzando decisiones sobre educación, lengua o televisión pública. Al PP le supone medir sus decisiones, aunque fuentes populares aseguran que puede centrar a Rajoy en comparación con Rivera. El presidente del Gobierno ha estrechado relaciones con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, quien le forzó a no entrar con el 155 en el proceloso asunto de la educación catalana.

-División en el independentismo. Carles Puigdemont se ha impuesto al PdeCAT y, sobre todo, a ERC, que ha mantenido una posición más moderada. Ya en las elecciones, su condición de supuesto 'president' legítimo le valió para ganar a ERC y para lograr que el fugado lograra más votos que el encarcelado, es decir, Oriol Junqueras. La investidura de Quim Torra es la prueba evidente de la victoria del sector más radical del independentismo.

-La calle, en silencio. Desde la aplicación del 155, la movilización en la calle ha llegado al silencio, tras algunos repuntes como las acciones de los CDR (comités de defensa de la república). Incluso ha habido en algunos momentos más movilizaciones del constitucionalismo (o españolismo), que nunca había salido a la calle en Cataluña y que despertó en estos meses. La reducción de manifestantes independentistas no supone, no obstante, una reducción de potenciales votantes de estas opciones.

-Rajoy, consolidado. Desde que se puso en marcha el 155, Mariano Rajoy, debilitado en su apoyo parlamentario, ha reforzado sin embargo su continuidad hasta 2019 en un acuerdo de Presupuestos a dos bandas tan aparentemente contradictorias como Ciudadanos y PNV. Los nacionalistas vascos, intermediarios activos, condicionaron su voto definitivo al fin del 155 y ahora tienen el camino despejado para ese apoyo al Gobierno del PP. Un nuevo 155 antes de finales de junio, cuando se voten definitivamente los Presupuestos de 2018, pondría en riesgo ese acuerdo y, por tanto, la continuidad de la legislatura. Por eso, Rajoy ha llamado este martes a "la mesura" y ha desaconsejado "la ansiedad”. De nuevo le va bien que se pare el reloj y él es un especialista en dejar correr el tiempo.

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