por la consulta del 9-N

El Supremo rebaja la inhabilitación de Artur Mas a un año y un mes

La equipara así con la inhabilitación que se impuso al conseller Francesc Homs

Foto: El expresidente de la Generalitat Artur Mas. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas. (EFE)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revisado la condena de dos años de inhabilitación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta del 9 de noviembre de 2014, y ha rebajado la condena de inhabilitación impuesta a un año y un mes de los dos años iniciales. Equipara así con la inhabilitación que se impuso al conseller Francesc Homs, informan fuentes jurídicas.

La Sala Segunda anticipa el fallo y delimita la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la que recurrieron Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Educación Irene Rigau. Se les condenó como autores de un delito de desobediencia a las penas de multa e inhabilitación especial.

El Tribunal Supremo ha confirmado todos los pronunciamientos de la sentencia impugnada a excepción de la concreta duración de las penas de inhabilitación especial que ha sido reducida quedando establecida en un año y unmes para Artur Mas; 9 meses para Joana Ortega y 6 meses para Irene Rigau. El TSJ les había condenado a 2 años de inhabilitación (Mas); 1 año y 9 meses (Ortega) y 1 año y 6 meses (Rigau).

En el caso del exconseller Francesc Homs, que fue enjuiciado por los mismos hechos en el Tribunal Supremo por su condición de aforado como diputado nacional, la pena de inhabilitación se fijó en ese mismo periodo: un año y un mes.

La sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia el 13 de marzo del 2017 en la que condenó al expresidente catalán a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.500 euros. Además, impuso un año y nueve de meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a la exvicepresidenta Joana Ortega; y a un año y seis meses y una multa de 24.000 euros a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, ambas también por desobediencia, aunque en su caso como colaboradoras necesarias. El TSJC, que absolvió a los tres por prevaricación administrativa, concluyó que las exconsejeras y Artur Mas desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Tribunal Constitucional al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a la orden de suspenderla.

En su recurso presentado ante el Tribunal Supremo en mayo del pasado año Mas alega que la condena de dos años de inhabilitación vulneraba sus derechos fundamentales amparados por la Constitución como la libertad ideológica, la participación en asuntos públicos y el acceso a cargos públicos y afectaba además a los derechos de un número muy significativo de ciudadanos, "lo suficientemente grave como para incurrir en vicio de inconstitucionalidad".

Al respecto dijo que para los 2.350.000 catalanes que se involucraron en la consulta, sus actos "constituían un legítimo y masivo ejercicio de derechos fundamentales como los de libertad ideológica, de expresión, de manifestación o el derecho de participación directa en asuntos públicos".

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