Mas recurre la sentencia que le condena a pagar 4,9 millones de euros por el 9-N

El abogado de Artur Mas, Rafael Entrena, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Cuentas en el que pide que se revoque la sentencia que condena al expresidente catalán a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N alegando la "inexistencia de responsabilidad contable". El abogado sostiene para ello que "la consulta popular inicialmente prevista [suspendida por el TC] y el proceso participativo convocado para el 9 de noviembre" son dos procesos distintos, por lo que "no cabe afirmar que las partidas presupuestarias que dotaron los fondos para los gastos vinculados al proceso participativo estaban suspendidas [por el Tribunal Constitucional].

El abogado presenta dicho recurso en nombre de Artur Mas, así como de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exdirectora de Servicios del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Josefina Valls. Todos ellos fueron condenados el pasado noviembre por el Tribunal de Cuentas a pagar de forma solidaria junto a otros siete cargos del Govern 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

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Entrena afirma en su recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial, que "en ningún momento se vulneraron las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y contable", argumentando además que "se realizaron bajo cobertura presupuestaria que otorgaba la legalidad vigente y las partidas aprobadas" y que "fueron formalizados y comprometidos o facturados con anterioridad al 4 de noviembre de 2014, fecha en la que el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del proceso".

En la sentencia, el Tribunal de Cuentas prestaba especial atención al gasto de 2.800.735 euros por la compra de ordenadores para la consulta, subrayando en este sentido cómo la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau "firmó una solicitud de soluciones TIC dirigida al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) haciendo constar como objeto de la misma la prestación de servicios tecnológicos elementales no integrados en otras soluciones, que representan 7.000 ordenadores personales al coste de 400 euros IVA incluido".

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De todos modos, Entrena defiende en su recurso que la compra de dichos ordenadores respondía a una carencia de los mismos en las escuelas catalanas: "La necesidad de adquisición de esos 7.000 ordenadores portátiles está total y absolutamente justificada no sólo por informes elaborados por el propio Departamento de Educación, sino, también, por estudios elaborados a nivel europeo, en los que se pone de evidencia la necesidad de invertir y proporcionar a los centros docentes, de forma continuada, de herramientas e instrumentos informáticos".

En lo que se refiere al gasto de 1.979.063 euros para la campaña de publicidad institucional, el soporte informático, el envío de correos a los ciudadanos y el centro de prensa que montó el Govern para el 9-N y que se recoge en la sentencia del Tribunal de Cuentas, el abogado se centra tan solo en el último punto, sobre el que argumenta que "forman parte de las competencias y obligaciones del gobierno de la Generalitat facilitar información a la ciudadanía y los medios de comunicación sobre hechos 23 social y políticamente relevantes".