Sánchez inicia el deshielo con Torra: ofrece diálogo y el control parcial de sus cuentas

En La Moncloa utilizan un término clave. Este: "Normalizar". Restablecer los canales de comunicación, recuperar la vida cotidiana de las instituciones, reponer el trato institucional habitual. Pero no se trata solo de eso. El presidente Pedro Sánchez sabe que buena parte de su mandato estará centrada en la recomposición de las relaciones con Cataluña, ahora que el 155 ha decaído y el Govern de Quim Torra tiene (casi) plenos poderes. Por eso ha activado ya el deshielo, ha comenzado a rebajar la tensión. Sin esperar más tiempo. Nada más aterrizar con su equipo en el Ejecutivo. Y para visualizarlo ya ha dado dos pasos: levantar uno de los controles financieros a la Generalitat y descolgar el teléfono para quedar con el 'president' en verse "muy pronto".

Sánchez quiere que se aprecie que el Gobierno pone de su parte y comienza la política de distensión, radicalmente opuesta a la de Mariano Rajoy, sin por ello renunciar a la firmeza en la defensa de la Constitución y la ley. De hecho, el gran anuncio de su primer Consejo de Ministras y Ministros, este viernes, no fue el impulso de una medida social de impacto, ni una cascada de nombramientos para darle la vuelta a la Administración —ni siquiera se efectuaron los previsibles con la entrada de un nuevo Gabinete, como el relevo del fiscal general del Estado o el del presidente del Consejo de Estado, que llegarán más tarde—. El protagonismo lo copó Cataluña.

Era lo previsible, porque el Ejecutivo había ido calentando motores desde la toma de posesión de los ministros, el jueves. Fuentes gubernamentales anticipaban que la estrategia con Cataluña se abordaría desde el primer Consejo, al igual que la búsqueda de un acercamiento a Torra, probablemente para antes del verano. Lo que hizo el Gabinete de Sánchez fue poner los primeros pilares, sin dejar al descubierto todo su plan. La portavoz, Isabel Celaá, anunció que el presidente comenzaría de forma inminente una ronda de contactos con "todos y cada uno" de los presidentes autonómicos y el levantamiento del control financiero de la Generalitat ligado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Seguirá vigente el control a posteriori de las finanzas de la Generalitat, como ocurría desde que se impuso la supervisión reforzada en 2015

El estreno de la ministra de Educación no fue el mejor de los posibles. Ella destapó la segunda de las medidas tras una pregunta de los periodistas, pero en las sucesivas repreguntas no aclaró con nitidez qué es lo que el Consejo había aprobado, qué cambiaba. La confusión reinante obligó al Ministerio de Hacienda a explicar en una nota que a partir de ahora se elimina el control previo que tenía el Gobierno central a través de las entidades financieras sobre "todas las órdenes de pago de la Generalitat". Este mecanismo se implantó el pasado 20 de septiembre, cuando la escalada de tensión con Cataluña iba a más y el Govern se disponía a celebrar el referéndum independentista del 1-O como fuera. Cristóbal Montoro impuso entonces que todas las ejecuciones de pago tuvieran el visto bueno de Madrid, para impedir que se destinasen fondos públicos a la preparación de la consulta independentista.

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Ya estaba en los planes del PP

Después, cuando el Senado aprobó la aplicación del 155 —justo tras la declaración unilateral de independencia del Parlament—, el Estado asumió por completo las riendas de la Generalitat. La intervención de Cataluña acabó hace una semana, cuando tomó posesión el nuevo Govern de Torra. Pero quedaba activado el procedimiento impulsado por Hacienda en septiembre, el control ex ante de los pagos ordenados por el Govern. Ahora se suprime la necesidad de ese visto bueno previo a la formalización del pago que estaba realizando Hacienda, lo que conlleva, explicó el ministerio que dirige la andaluza María Jesús Montero, el restablecimiento de la "normalidad en los pagos de la Generalitat". La medida ya estaba en los planes del Gobierno del PP, puesto que el ministro saliente, Cristóbal Montoro, cuando prorrogó la orden del 20 de septiembre en diciembre de 2017, la ligó al 155, de forma que decaería cuando se desactivase la intervención de Cataluña.

El gesto de "normalización política" no supone una ruptura del acuerdo que alcanzaron Sánchez y Rajoy el pasado 15 de mayo en su reunión en Moncloa

Pero este paso dado por Sánchez no implica que Torra tenga el control total de sus finanzas. La Generalitat sigue obligada a los controles a posteriori de sus gastos para "asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales". Es decir, que la supervisión reforzada que pesa sobre Cataluña desde noviembre de 2015 como receptora del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sigue operativa. El Govern tendrá que seguir remitiendo a Madrid informes mensuales de los gastos que ordene. Esta precisión es importante, porque significa que Sánchez no ha roto el pacto que contrajo con Mariano Rajoy en su reunión en La Moncloa el pasado 15 de mayo, cuando el líder del PP estaba aún en el poder. Ambos acordaron que el Ejecutivo seguiría tutelando los recursos públicos catalanes "para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos, en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015".

La Generalitat pide más

La continuidad de esa vigilancia es aquello con lo que quiere acabar Torra. El vicepresidente catalán, el republicano Pere Aragonès, señalaba este viernes en declaraciones a los periodistas que el anuncio del Gobierno es en realidad un "hecho automático" desde el lunes, porque al decaer el 155, dejó de haber intervención financiera, de modo que el Govern "ha estado haciendo ya esta semana pagos con normalidad y sin pedir permiso a nadie". No obstante, Aragonès celebró que el Ejecutivo de Sánchez "se apunte a esta línea" y ya de paso pidió que Hacienda levante los controles a posteriori del gasto que se impusieron en noviembre de 2015, informa EFE.

La visión de La Moncloa es otra. Según explicó Celaá, se trata de un gesto de "normalidad política", aprobado "con la confianza de que funcionará bien". La portavoz aseguró, intentando frenar toda imagen de cualquier posible concesión a los independentistas, que el Gobierno seguirá "informado" de los pagos de la Generalitat.

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Este primer paso hacia el deshielo se complementaba con la ronda con todos los presidentes autonómicos. Sánchez telefoneó a Torra y ambos acordaron reunirse "muy pronto". Sin precisar cuándo. El presidente charló también con todos los dirigentes regionales, para trasladarles su voluntad de verse con ellos en Madrid. Era más "una llamada de cortesía", como informaron desde el entorno del lendakari, Iñigo Urkullu. Una primera toma de contacto con todos los mandatarios autonómicos. Algunos de los contactados por Sánchez, barones del PSOE, coincidían en que la conversación fue "muy bien", pero que no se puso fecha al despacho formal en La Moncloa. "De momento, va todo como un tiro. Lo de Cataluña de este viernes era lógico y casi inevitable. Ningún problema", indicaban fuentes muy próximas a un presidente en otros tiempos nada afín a Sánchez. "Estamos superesperanzados. Las cosas van muy bien", convenía otra máxima responsable afín al líder.

En La Moncloa y en el departamento de Batet insisten en que se trata de un "primer paso hacia la normalización", un gesto de confianza limitada

El jefe del PSOE quiere lanzar el mensaje de que no desea "dar exclusividad a Cataluña", y de ahí la apertura del diálogo con todos los líderes de las CCAA, pero en el fondo se trata de evidenciar un "gesto, que falta hacía". "Empezar a hablar ya es un paso, y Rajoy no lo hizo", indicaban fuentes de su entorno. "Es un primer paso hacia la normalización, hacia el deshielo. Es verdad que es más simbólico que real, pero es un primer paso, y sin contrapartidas", abundaban por su parte desde el Ministerio de Política Territorial, que dirige la catalana Meritxell Batet. El pasado lunes, el secretario de Organización del PSOE y hoy ministro de Fomento, José Luis Ábalos, empleaba una expresión que se ajusta a la voluntad de Sánchez: ir "acompasando" las medidas a los ritmos de la "normalización". La Moncloa tiende la mano, pero no confía a ciegas. Se trata de caminar hacia la distensión, de crear mejor ambiente, de acabar con, como dijo Celaá, la "ira arrinconada" que aún pervive.

El Ejecutivo ofrece diálogo a Torra —a quien Sánchez llamó "racista" y "supremacista" por sus tuits y artículos pasados—, pero exige respeto a la ley, a la integridad territorial, a la Carta Magna. "Y de ahí no nos moveremos ni un milímetro", insistían en La Moncloa a este periódico. Las declaraciones tanto de Celaá —Sánchez llevará "la Constitución en una mano y el diálogo en la otra con la voluntad de avanzar"— como de Batet —sí a "dialogar y empatizar" con el 'president', pero siempre con unos "límites claros" y dentro del "marco constitucional y estatutario"— abundaban en esa misma tesis. Torra, en cambio, ofrece diálogo "sin condicionantes ni límites", según trasladó al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en su reunión en el Palau de la Generalitat. Celaá recalcó que la posibilidad de acoger el derecho de autodeterminación está "absolutamente fuera" de toda negociación con el Govern.

Los dos pasos dados por el Ejecutivo fueron interpretados como concesiones al separatismo por parte del PP y Ciudadanos. Los conservadores registraron este viernes su petición de comparecencia urgente de Sánchez en el pleno para que informe de sus supuestos pactos con partidos "radicales, independentistas y proetarras" que le permitieron ganar la moción de censura a Rajoy. También los naranjas pedirán que el presidente explique en el Congreso "cuáles son sus hipotecas" con los secesionistas después de que el Consejo de Ministros haya decidido "dar vía libre" a Torra para que pueda "seguir gastando" los recursos de la Generalitat en las "ilegalidades del 'procés".

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Hoja de instrucciones a los ministros

En un Gobierno que se nutrirá sobre todo de gestos, también gozaba de importancia simbólica la carta que Sánchez entregó a sus ministras y ministros antes de comenzar el Consejo. El presidente les demanda "propuestas adecuadas, ágiles y certeras" a las que todos deberán dedicarse "con humildad, ejemplaridad y determinación". Y por ese motivo, les instaba a proponer medidas que se ajusten a estos criterios y prioridades y que asuman "el respeto a la estabilidad económica y presupuestaria" derivada de la condición de España como Estado miembro de la UE. "Debemos hacer del consenso, la negociación y el pacto un mecanismo esencial de funcionamiento. Tanto en nuestra relación con los grupos políticos como con las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos. Nuestra voluntad de diálogo debe estar dirigida al conjunto de la Cámara sin exclusiones".

Sánchez sigue mandando señales de que intentará aguantar al máximo. Celaá dice que el Gobierno tiene "toda la legitimidad" para acabar la legislatura

Sánchez recuerda a los miembros de su Gabinete que arranca su andadura cuando ya ha transcurrido la mitad de la legislatura, y por tanto tiene el mandato de trabajar "con la urgencia debida y la prudencia exigible". Las dos consideraciones "obligan a actuar priorizando objetivos de forma ambiciosa pero realista", teniendo siempre en mente la "vocación de servicio público", escribió. De nuevo, hay más síntomas de que el PSOE intentará aguantar en el poder. La propia Celaá señaló en la rueda de prensa que el Gobierno se siente con "toda la legitimidad" constitucional para agotar la legislatura, allá por 2020.

Las medidas de calado social en las que el PSOE quiere emplearse a fondo para demostrar que hay otra forma de gobernar y para que sirva de músculo electoral podrían empezar a verse a partir de la próxima semana. En el Ejecutivo sostienen que aún están aterrizando, que la estructura de los ministerios está aún a medio hacer y que por tanto hace falta un cierto margen. "Sean bondadosos", pedía con cortesía Celaá a los informadores. Era su estreno como portavoz tras un Consejo con poco contenido dispositivo, pero sí de importante carga simbólica para intentar reconducir la relación con Cataluña.

Un Consejo de nombramientos

El Consejo de Ministras y Ministros de este viernes no impulsó ninguna medida de impacto, pero sí para empezar a armar los ministerios, procediendo a los primeros nombramientos. 

Así, el Gobierno designó al director de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo; al secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. 

Emoción, honor y responsabilidad en la primera reunión del Consejo de Ministras y Ministros del nuevo Gobierno. Un equipo preparado, consciente del reto que afrontamos, dispuesto a trabajar por el diálogo y al servicio de la sociedad española. pic.twitter.com/mvv9ZtBbYc

 

También el Consejo nombró a los primeros secretarios de Estado de esta nueva era: José Antonio Montilla (Relaciones con las Cortes), Ángel Olivares (Defensa), Inés Bardón (Hacienda), María José Gualda (Presupuestos y Gastos), Pilar Díaz (Servicios Sociales) y Soledad Murillo (Igualdad). Esta es la cara más conocida, puesto que fue secretaria general de Igualdad entre 2004 y 2008, en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Además, el Gobierno designó a varios directores de Gabinete de los ministros y algunos subsecretarios. Los nombramientos irán en varias tandas.