El gesto No reduce el nivel de supervisión

El Gobierno seguirá vigilando las cuentas de Cataluña tras levantar el control de los pagos

Cataluña recupera la normalidad en los pagos, pero tendrá que seguir informando al Gobierno de todos sus gastos y demostrando que están sujetos a la legalidad

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa (Efe)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa (Efe)

Se trata de “un gesto de normalización política”, pero no consiste en ‘confiar a ciegas’ en la buena voluntad del nuevo Govern. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez al levantar el control de los pagos de la Generalitat de Cataluña que introdujo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para que sea comprensible: a partir de ahora, el Ministerio de Hacienda mantendrá la supervisión posterior a la realización de los pagos, pero elimina el control previo. Esta medida supone un importante avance hacia la recuperación de la autonomía financiera de Cataluña, pero manteniendo una estricta supervisión del Estado.

Lo que hizo el viernes el Consejo de Ministros es eliminar ese control previo de los pagos de la Generalitat. Una medida que ya estaba en los planes del anterior Gobierno para cuando decayera la aplicación del artículo 155. Sin embargo, Rajoy no tuvo tiempo de ponerlo en marcha y ha sido Sánchez quien se ha colgado la medalla de permitir al Govern que recupere el control de sus pagos.

Pero ¿qué es exactamente lo que cambia con esta decisión? Empecemos por el principio. En noviembre de 2015 el Ministerio de Hacienda tuvo que rescatar a Cataluña porque no tenía liquidez para pagar las facturas que tenía con las farmacias. Decidió hacerlo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), esto es, concediéndole un préstamo a la Generalitat. A cambio de este rescate, el Gobierno obligó a Cataluña a enviar todos los meses un informe de la Intervención General en el que detallara todos los gastos y justificase su legalidad.

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Esta fue la supervisión de las cuentas de Cataluña que ha estado vigente desde entonces. En julio de 2017, ante la escalada de las declaraciones de los líderes independentistas, el Ministerio reforzó la supervisión y obligó a la Generalitat a enviar este informe semanalmente. De esta forma, Hacienda no se quedaba 30 días sin conocer a qué destinaba sus fondos la comunidad.

En septiembre de 2017, el vicepresidente de Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, envió una carta al ministro Cristóbal Montoro informando de que interrumpía el envío de los informes semanales. En ese momento, el Gobierno denunció este hecho ante la Fiscalía y, además, introdujo una intervención total por la que establecía el control previo de los pagos. En otras palabras, ya no se limitaba a realizar una supervisión a posteriori, sino que también realizaba un control a priori.

En septiembre de 2017 el Gobierno estableció el control total de los pagos de la Generalitat, medida que ahora ha levantado Pedro Sánchez

A partir de ese momento, la Generalitat tenía que pedir autorización al Ministerio de Hacienda para realizar cualquier transferencia bancaria (que es como las Administraciones Públicas ejecutan su presupuesto). Para que los bancos aceptasen cualquier pago, la Generalitat tenía que presentar el visto bueno del Estado. De esta forma, el Gobierno se aseguraba que podría evitar cualquier gasto ilegal antes de realizarse (a menos que se falsificasen las facturas).

El Gobierno levanta el control financiero sobre Cataluña "como gesto de normalización"

Es esta última medida, que era un control previo de los pagos, es la que ha levantado el Gobierno en su primer Consejo de Ministros. “Se elimina el control previo que tenía el Ministerio de Hacienda a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat”, informa el ejecutivo a través de una nota de prensa. El anterior Gobierno ya anunció que levantaría este control previo cuando decayese el artículo 155, pero no llegó a tiempo de ejecutarlo.

¿Vía libre para la malversación?

Con la eliminación de esta orden ministerial, el Gobierno ha eliminado ya todos los controles previos y a posteriori reforzados que introdujo a lo largo del año 2017. Entre ellos, ha eliminado la cuenta que abrió en el Banco de España para que la Generalitat depositase el remanente de las entregas a cuenta de la financiación ordinaria (establecido en octubre), el resto del control de pagos de septiembre y el la obligación de remitir el informe semanal establecida en julio.

Pero eso no significa que se hayan retirado todos los controles. El Gobierno mantiene vigentes las medidas aprobadas en noviembre de 2015. La más importante es el certificado mensual de los gastos. La Intervención General de la Generalitat tiene que remitir antes del día 15 de cada mes “un certificado relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y total pagos efectuados”. En otras palabras, informar de cada movimiento de dinero público.

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En ese certificado, la Intervención General tiene que dejar constancia de que “la relación de actos sobre los que ha tenido conocimiento, en su calidad de centro responsable del control interno y financiero así como centro gestor de la contabilidad de la Comunidad Autónoma, no contravienen el ordenamiento jurídico vigente”. En otras palabras, una declaración de responsabilidad en la que informa que no se ha incumplido la legalidad. De este modo, si la Intervención miente en este informe, incurriría en un delito.

Se elimina el control previo que tenía Hacienda a través de las entidades financieras sobre los pagos de la Generalitat

En cuanto a la financiación a través del FLA se mantiene como estaba hasta ahora. El Estado seguirá facilitando créditos a la Generalitat para cubrir sus necesidades de liquidez, tanto para cubrir vencimientos de deuda, como para pagar sus gastos corrientes. Los pagos los ejecutará directamente el Tesoro, como venía ocurriendo hasta ahora, ya sea a los acreedores o a los proveedores. Esto significa que el dinero del FLA no pasará en ningún momento por las arcas de la Generalitat, como hasta ahora.

El establecimiento del FLA permitió al Gobierno introducir una normativa que justificara la supervisión de las cuentas de la Generalitat (y de cualquier otra comunidad autónoma), ya que este control supondría vulnerar la autonomía fiscal de las regiones. En la regulación del FLA se incorporó que el Gobierno podía establecer medidas de control a las comunidades que voluntariamente se acogiesen a la financiación del FLA. Por ese motivo se dice que estas medidas de control presupuestario están vinculadas al FLA, aunque en realidad sirven para vigilar todos los pagos de la Generalitat.

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