Pucherazo, oligarquía y caciques: así se manipularon las elecciones de la Restauración (y las de febrero del 36)

En las elecciones a Cortes de 1916, con el conde de Romanones presidiendo el Gobierno, y en las de 1923, las últimas de la Restauración antes de la dictadura de Primo de Rivera, más de un tercio de los diputados fueron elegidos automáticamente por ser simplemente candidatos. Era una de las consecuencias del artículo 29 de la ley electoral de 1907 aprobada por Antonio Maura, que establecía que no habría elección en caso de que hubiera tantos candidatos como puestos a cubrir en unos comicios. La norma por cierto seguía vigente el 12 de abril de 1931, que es cuando se celebraron las elecciones municipales que darían vida a la Segunda República. Después ya vino lo de febrero de 1936, el último gran fraude si descontamos las votaciones que se hicieron durante la dictadura franquista. ¿Pucherazo? No es que haya habido en España, sino que eran directamente la norma.

El anuncio del adelanto electoral de las generales por parte del presidente Pedro Sánchez ha venido ahora precedido de una sorprendente preocupación por parte de los simpatizantes de la derecha, primero por un posible pucherazo en las elecciones municipales y autonómicas, que los propios resultados invalidaban y que solo se puede explicar por el gran arraigo que tuvo en España la manipulación fraudulenta y caciquil de las elecciones, sobre todo durante el periodo de la Restauración —1874-1923—. Pero también de las inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, las de febrero de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular, saltándose las normas electorales y perjudicando al bloque de la derecha.

Opinión

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No ayudó estos días tampoco que se descubrieran en algunas localidades como Mojácar o Melilla tramas de compra de voto por correo, y que a consecuencia de ello el país comprobara después, no sin cierta sorpresa, que el DNI no se pedía en correos al ir a depositar el voto, —sí al solicitar la documentación— circunstancia que se corrigió inmediatamente por parte de la Junta Electoral Central antes de que crecieran las sospechas

Tampoco se dejaron de enviar en grupos de wasaps las sospechas —a pesar de la clara victoria del PP— de lo mismo para las próximas elecciones del 23-J, por la fecha escogida y el aumento previsible del voto por correo. ¿Pucherazo? La imposibilidad de llevar a cabo algo así ahora para fabricar la composición del Parlamento, más allá de puntuales fraudes locales en municipios —como ha sido la compra de votos—, remite inmediatamente, sin embargo, a la Historia electoral de España, caracterizada precisamente por la institucionalización del fraude y de algo más complejo y al margen de las coacciones caciquiles, las mil formas de amaños, la ruptura de las urnas y demás: las leyes electorales y sus mecanismos de representación de candidatos, que son a la postre la forma más precisa de alterar o acomodar el voto. Un adelanto; sobre la actual ley existen percepciones falsas, como que sobrerrepresenta a los independentistas.

Se cuenta que en el lecho de muerte, el general Narváez, preguntado por su confesor sobre si no que quería perdonar a sus enemigos este le contestó que no podía hacerlo porque los había fusilado a todos. La España del XIX acabó viviendo en una situación política tal que en muchas de las elecciones la ausencia de candidatos rivales por las manipulaciones, las coacciones y fraudes hacían imposible unas elecciones mínimamente limpias. Por otra parte el propio sistema de la Restauración caracterizado por el turnismo de progresistas y conservadores y el pacto de la alternancia en lo que fue el primigenio bipartidismo, garantizaban que las elecciones las ganaba siempre el partido que las convocaba, para lo cual hacía falta el consiguiente amaño por parte de los dos grandes partidos.

El sistema se había impuesto para buscar la estabilidad y representaba el bipartidismo en su máxima expresión, exactamente lo que se ha reclamado de alguna forma ahora tras las elecciones del 28-M. Algunas de sus características, tal y como explicaba Miguel Martorell: "Para garantizar la estabilidad política, cuando uno de los dos partidos accediera al poder desde la oposición debería aceptar en sus trazas generales la obra de gobierno realizada por el otro, aun cuando fuera contraria a sus convicciones. El partido dinástico de la oposición, debía respaldar, o cuando menos no obstruir, la política de gobierno (Miguel Martorell, Manual de Historia política y social de España). En vez de la lista de derogaciones de leyes que existen ahora en la campaña, pasaba lo contrario. ¿Se imaginan a la posible coalición PP-Vox asumiendo la obra del PSOE y Unidas Podemos más las aportaciones de ERC y Bildu?

El propio sistema electoral de la Restauración garantizaba que las elecciones las ganase siempre el partido que las convocaba

Por supuesto, para completar el escenario todo se basaba en la negociación entre los dos partidos, la manipulación y el fraude sobre la red clientelar del caciquismo, que se asentó en esa época. Los caciques, el término que provenía de América, con el que se designaba a los jefes locales indígena, que ocupaban los diferentes distritos unipersonales que se elegían eran la cima del sistema. El célebre encasillado, que confeccionaba el ministro de gobernación, ya que se iban rellenando las casillas de cada distrito unipersonal según el resultado que se tenía conseguir. Para ello, era muy importante la ley electoral y la significativa del periodo fue la de Maura de 1907.

Según el historiador y experto en la materia electoral, Carmelo Romero Salvador, era más fácil el encasillado con los distritos unipersonales: "Los progresistas eran partidarios de las provincias recién creadas, en 1833, con las delimitaciones que aún se mantienen—como circunscripciones plurinominales, con un número de diputados a elegir proporcional a la población de cada una de ellas; los moderados, por el contrario, lo eran de la división de cada provincia, a efectos electorales, en distritos uninominales, es decir, un solo diputado". El predominio de los distritos uninominales perduró hasta las últimas elecciones de la Restauración en 1923.

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Así, el sistema propiciaba el fraude puesto que era lo que se buscaba además, aunque con el tiempo fue cada vez más difícil colocar a las aves de paso —los candidatos escogidos para un distrito concreto que iban cambiando— frente a los cangrejos ermitaños, según define Romero Salvador, que eran caciques locales que se apoltronaban en un distrito hasta tal punto que paulatinamente el encasillado, la confección de los candidatos por Gobernación, se hacía más difícil. Con las crisis de Gobierno de los años veinte, como el desastre de Annual, el golpe de Estado de Primo de Rivera puso fin al sistema, que sin embargo era prácticamente el mismo a nivel electoral cuando se produjeron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que darían lugar a la Segunda República.

Con las crisis de Gobierno de los años veinte, como el desastre de Annual, el golpe de Estado de Primo de Rivera puso fin al sistema

Fue distinto el caso de febrero de 1936 que había venido precedido de la sorprendente y aplastante victoria de la CEDA tres años antes y que conmocionó a republicanos y socialistas, hasta el punto de que el PSOE de Largo Caballero e Indalecio Prieto —que dio su apoyo— lo reventaran con la Huelga General de 1934, conocida como la Revolución de Octubre.

Así, la legislación de la Segunda República —que por primera vez solo tenía una cámara de representantes, la del Congreso— mantuvo el sistema mayoritario corregido que en la Restauración se había establecido para las circunscripciones plurinominales. Es decir, el método de reparto se hacía esta vez con las circunscripciones provinciales que querían los progresistas ya durante la Restauración, pero por el sistema mayoritario, en donde el que ganaba con un solo voto más conseguía el 80% de los escaños de cada circunscripción, lo que forzaba a las coaliciones electorales y a la presentación de listas conjuntas de los partidos políticos más afines, o menos distantes, entre sí antes de las elecciones.

Es lo que ocurrió en 1933, en donde había una candidatura unitaria potente de la derecha frente a la multiplicidad de las candidaturas de la izquierda y no por el efecto del voto femenino favorable a las derechas —el sufragio femenino se usó por primera vez en esas elecciones— basado en que los maridos, obispos, etc. decidían el voto de las mujeres en un nuevo giro caciquil. La izquierda aprendió la lección para las del 36, con su coalición del Frente Popular, en un contexto de violencia y confrontación de polarización total, que sin embargo no empañó tanto las elecciones como se suele pensar. A pesar de que hubo 43 muertos y múltiples incidentes, las elecciones fueron generalmente limpias, y con bastante garantías según explican Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa en 1936: fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular.

Además se siguió con la ley Maura de 1907, a la que se le habían hecho algunas modificaciones: "Lo que había variado el decreto de 1931, modificado posteriormente por la ley de 1933, era la cuestión primordial de cómo traducir los votos en escaños, además de la edad de voto, rebajada a los 23 años. Para el Congreso de los Diputados, la Cámara única de la República, la legislación tomaba la provincia como marco sobre el que establecer las circunscripciones electorales. A cada provincia se le atribuía un número de diputados según su población, a razón de un escaño por cada 50.000 habitantes. Si tras el reparto, quedaban provincias con restos superiores a 30.000 habitantes, se les otorgaba un escaño adicional" (M. Álvarez Tardío y R. Villa, 1936: Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular)

¿Qué pasó entonces para que unas elecciones que en un marco de amenazas y violencia fueran increíblemente limpias para que luego resultaran fraudulentas? Pues según los mismos autores el caso del 36 fue radicalmente distinto ya que no se basó en el sistema clientelar, ni en la manipulación previa de los candidatos sino en la posterior, al falsear los resultados, además de impedirse la segunda vuelta en algunos municipios:

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"Las alteraciones de la Comisión de Actas harían engordar la mayoría del Frente Popular con 23 nuevos escaños, incluyendo en el cómputo los obtenidos en Granada y Cuenca ya en mayo. Siendo esto grave, lo fue todavía más que esa cifra se añadiera a los entre 29 y 33 escaños que las izquierdas sumaron gracias a las alteraciones ocurridas en la primera vuelta electoral. De este modo, ha quedado demostrado que algo más del 10% del total de los escaños en las nuevas Cortes, más de medio centenar, no fue fruto de una competencia electoral en libertad".

Hoy es ridículo casi pensar en una forma de alterar las elecciones con un ‘pucherazo’, porque no tendría efectividad

Ahora resulta un tanto descabellado, ridículo casi, pensar en una forma de alterar las elecciones con un pucherazo, no por una cuestión de ética si no porque como señala Carmelo Romero no tendría efectividad una compra de votos con el sistema proporcional, dado el elevado número de electores y de candidatos en cada circunscripción. Todo esto sin citar el resto de las garantías de unos procesos electorales desde la democracia que son cero sospechosos de ser fraudulentos. ¿Y en cuanto a la ley actual electoral? Lo cierto es que a pesar de que durante años se haya esgrimido la teórica sobrerrepresentación de los nacionalistas en Cataluña y País Vasco, por ejemplo. Donde hay una mayor sobrerrepresentación es en las provincias pequeñas, no en las grandes, porque el mínimo son dos escaños según explica Romero: "A diferencia de cualquiera otra de las leyes que han existido, el número de diputados no es estrictamente proporcional a la población de cada provincia, sino que, de partida, a cada una se le asignan dos diputados, añadiéndoseles a estos los que en proporción a su población le correspondan. De este modo, el voto de los electores de las provincias con menor número de habitantes está claramente sobrerrepresentado respecto al de aquellos de las más pobladas”.

La ley —además con la proporcionalidad D’Hont— beneficia a los dos partidos más grandes partidos, lo que en una circunscripción provincial ha venido perjudicando a partidos como IU, Ciudadanos, Vox y Podemos frente a PP y PSOE en diferentes momentos de los últimos años.