Cómo los errores del Frente Popular en la II República dividieron el país en 1936

La primera medida que tomó el Gobierno de Azaña formado en febrero de 1936 tras la victoria de la coalición de izquierdas del Frente Popular fue la de conceder una amnistía general a los revolucionarios encarcelados como consecuencia del 34, el golpe que dio el PSOE contra la propia república en octubre de ese año. No había pasado ni una semana desde la victoria de la coalición de izquierdas, el 16 de febrero de 1936, y ya se comenzaban a revertir todas las decisiones de los gobiernos anteriores. Aún más, precisamente las del Tribunal Constitucional de la II República, como ocurriría poco después con la excarcelación de Lluís Companys, condenado por golpista por los jueces.

Como en el 31, la llegada al Gobierno del Frente Popular comenzó con problemas. Según constató Manuel Azaña: "En Alicante han quemado alguna iglesia. Esto me fastidia. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos y resulta que el Gobierno republicano nace como en el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos". Sin embargo, lo primero que se llevó a cabo, como explica en la misma entrada del diario del día 20, fue la decisión de liberar a los revolucionarios del 34: "Cuando me dirigía a la habitación donde habían instalado la radio, encontré a Maura, que llegaba. También está conforme con que se dé la amnistía ahora y si tropezamos con alguna dificultad en la Diputación permanente, que le dicte por decreto. Le contesté que de ningún modo lo haría. Si creen que la amnistía es necesaria y urgente que la voten en la Diputación. El decreto sería legal y me lo echarían en cara", Manuel Azaña, Diarios completos (Crítica). Al final salió adelante como la primera medida del Gobierno.

"El Gobierno de Azaña, como uno de sus primeros actos, había devuelto a la Generalitat los plenos poderes de autonomía"

Aunque Pedro Sánchez ha esperado más bien al final de la legislatura para aprobar una serie de leyes que en la práctica benefician a los golpistas del procés, como ha sido la modificación de la malversación, la situación recuerda en varios aspectos a las desastrosas decisiones tomadas tanto por la coalición de izquierdas como por los gobiernos de centroderecha de la II República, que pavimentaron cada vez más la polarización y el enfrentamiento entre los dos bloques. Sin llegar ni mucho menos a un clima de crispación como el ocurrido en la primavera de 1936 y en un contexto muy diferente, lo cierto es que la tensión ha crecido la semana pasada con la suspensión de la medida por parte del Tribunal Constitucional erosionando en todo el proceso la confianza en la democracia. Exactamente como hizo notar el rey Felipe VI en su discurso de Navidad.

Contra el Tribunal Constitucional

Para empezar, poco después de la resolución para sacar a los presos revolucionarios en 1936, se llegó más lejos, invalidando una decisión precisamente del Tribunal Constitucional de entonces, que había condenado a Lluís Companys y el resto de cabecillas de la Revolución de Octubre, tal y como explica el historiador Stanley G. Payne: "El Gobierno de Azaña, como uno de sus primeros actos, había devuelto a la Generalitat los plenos poderes de autonomía que habían sido notablemente reducidos tras la insurrección fallida de 1934. Companys salió de la cárcel para volver a su cargo de presidente y de paso participó en un mitin del Frente Popular en el que saludó puño en alto", Stanley G. Payne El camino hacia el 18 de julio (Debate)-.

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Lo peor es que el instrumento legal para sacar a Companys de la cárcel provenía en realidad de una maniobra legal aprobada por el Gobierno de Lerroux en abril de 1934, apenas unos meses antes de la Revolución de Octubre, en este caso para beneficiar al general José Sanjurjo, que había intentado un golpe en agosto de 1932 que fracasó estrepitosamente: la célebre Sanjurjada.

La maniobra de Sánchez para contentar a sus socios de ERC, aplicada contra el criterio de toda la oposición e incluso de algunos miembros de su propio partido, ha sido desastrosa porque se ha señalado con agudeza que esa misma ley puede servir en el futuro a sus rivales políticos. Una quiebra de las reglas de juego sin el consenso general tiene ese peligro. Es exactamente lo que pasó con la Ley de Amnistía de 1934 promulgada con cierta alevosía por parte de la coalición de centroderecha que presidía Alejandro Lerroux, que fue la que sirvió al Gobierno del Frente Popular dos años más tarde.

El Gobierno del Frente Popular sacó de la cárcel a Lluís Companys con la misma ley aprobada por Lerroux en abril de 1934

La maniobra de Lerroux enconó entonces todas las posiciones y no solo por las críticas del partido socialista —en franca minoría tras las elecciones del 33, que ganaron los católicos conservadores de la CEDA—, sino especialmente porque se produjo un pulso entre Lerroux y el presidente de la República Alcalá-Zamora. Como ningún ministro se prestó a dar el voto al presidente de la República para anularla tal y como exigía la constitución, se produjo una crisis institucional. Alcalá-Zamora entendía que el Gobierno estaba quedando por encima de la presidencia de la República, cuando su único interés era garantizar la convivencia y al propio sistema aún a costa del Ejecutivo, lo que a la larga desprestigiaría a la propia institución.

Amnistía ad hoc

El presidente de la República, que estaba en contra de promulgar esa amnistía para Sanjurjo, perdió la confianza en Alejandro Lerroux y, lo que es aún peor, sospecharía más adelante de Gil-Robles, líder de la CEDA, porque había manifestado la intención de modificar algunos aspectos de la Constitución de 1931 relativos fundamentalmente a la consideración de la Iglesia católica —un error de los ponentes de la Constitución en 1931—. Como resultado de la desconfianza se empeñaría más adelante en cerrar la presidencia el Gobierno a Gil Robles y la CEDA —que había ganado claramente las elecciones en 1933 y disponía de una mayoría parlamentaria—, creando una crisis institucional y de gobierno al negarle la presidencia debido a las prerrogativas con las que contaba el presidente de la República, más amplias de las que había tenido Alfonso XIII durante la Restauración.

¿Qué ocurrió entonces, cuando, tras la crisis de gobierno, hubo que convocar elecciones en 1936? Que llegó la victoria fraudulenta del Frente Popular dispuesto a tomar como primeras medidas revertir las condenas fruto de la Revolución de Octubre de 1934. ¿Y con qué instrumento legal? Precisamente con la modificación de esa misma Ley de Amnistía de 1934 de Lerroux: simplemente, el Gobierno de Azaña cambió una disposición sobre las fechas de aplicación —que inicialmente estaban restringidas hasta 1932— de forma que la amnistía creada ad hoc para Sanjurjo acabó beneficiando a Companys y al resto de golpistas de la Generalitat. Es lo mismo que ocurre con la modificación introducida para el Tribunal Constitucional a fin de superar el bloqueo de Sánchez: una vez introducida, servirá exactamente igual para quienes gobiernen después, provocando una quiebra de la democracia.