La suerte de Sanjurjo: cómo el primer golpista de la II República fue indultado

A las tres de la madrugada salió de su despacho el magistrado del Tribunal Supremo Sr Abarrátegui.

-¿Hay sentencia?- le preguntaron los periodistas

-No ha recaído todavía acuerdo alguno

-¿En ninguno de los cuatro procesados?

-En ninguno de ellos.

El país entero estaba en vilo la madrugada del 25 de agosto de 1932 esperando la sentencia del Tribunal Supremo contra el general José Sanjurjo Sacanell y el resto de golpistas que ese mismo año habían protagonizado el primer intento de derrocar la II República bajo el entonces gobierno republicano de izquierdas que presidía Manuel Azaña.

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Julio Martín Alarcón

Un año antes de la insurrección anarquista y dos de la revolución de octubre en Asturias y la proclamación ilegal de la República Federal de Cataluña en 1934, que anunció desde el balcón de la Generalitat, Lluis Companys, era un general monárquico quien había protagonizado la mayor amenaza contra el estado.

Tal y como informaba el diario ‘Luz’, la calle ardía. Alrededor del Palacio de Justicia se habían congregado multitud de manifestantes que pedían justicia: en concreto, la ejecución de José Sanjurjo. La II República que presidía Niceto Alcalá Zamora no contaba con apenas un año y ya se había organizado la primera rebelión militar.

La insoportable tensión, al igual que la esperada sentencia ahora sobre los responsables del ‘Procés’, duraría algunas horas más: el fallo se comunicó al gobierno y a los procesados a las seis de la mañana, pero la opinión pública seguía en ascuas y los manifestantes dispuestos a una algarada. Hubo que esperar hasta las 12:30, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, salió del palacio y al ver a los periodistas apostados se dirigió a ellos:

-Qué, ¿ya conocen ustedes la sentencia?

Ante la negativa agregó:

-Pena de muerte a Sanjurjo, reclusión perpetua a García de Herrán, doce años y un día de reclusión temporal al Señor Esteban-Infante y absolución para el capitán Sanjurjo -hijo del general-.

Seis horas antes cuenta Joaquín Arrarás que cuando los oficiales del Supremo se presentaron para comunicar la sentencia a los procesados, Sanjurjo les ahorró la lectura y firmó inmediatamente. Al hacerlo dijo: “Acato el fallo con respeto y lo firmo sin jactancia. Espero, y así lo pido, que antes del fusilamiento se me concedan dos horas para arreglar el porvenir de mis familiares”.

Todos los actos del golpista Sanjurjo habían quedado sin efecto penal. Salió de prisión y se le reintegraron sus derechos como general

Pero Sanjurjo no estaría frente al pelotón de fusilamiento en las siguientes dos horas, ni en los siguientes dos días. Casi inmediatamente después de conocerse el fallo, el gobierno republicano de izquierdas otorgó un indulto por el cual se le conmutaba la pena de muerte.

Azaña lo defendió firmemente. Lo que no se sospechaba entonces es que no sólo se le libaría de la ejecución, sino que dos años después, en 1934, antes ni siquiera de que Lluis Companys hubiera rebelado Cataluña, el nuevo gobierno radical-Cedista de derechas que presidía Alejandro Lerroux fue más lejos aún para exonerar a Sanjurjo: directamente aprobaron una polémica ley de Amnistía en abril de 1934, que tenía como único objeto legislar para una sola persona.

El general tiene quien le escriba

Sanjurjo no sólo salió de la cárcel en virtud de la amnistía, sino que se le reintegró la paga por escalafón militar y todos los derechos que concernía su rango. Lo más grave no fue el enconado debate parlamentario que se siguió para aprobar la ley de Amnistía, sino la crisis institucional que se abrió cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se opuso vehemente y en virtud de la propia constitución de 1931, tuvo sin embargo que acabar promulgándola con su firma.

Era abril de 1934, todos los actos del golpista Sanjurjo habían quedado sin efecto penal, era libre de cruzar la frontera de Portugal, la misma donde le detuvieron cuando intentaba huir tras fracasar el golpe de 1932, y el mismo destino desde donde voló en julio de 1936 a España para hacerse cargo del alzamiento nacional del 18 de julio. El general José Sanjurjo, que había sido condenado a muerte por un delito de rebelión militar, indultado a cadena perpetua y después exonerado en virtud de la amnistía, podía tomarse la revancha de la fallida Sanjurjada, aunque le durara poco ya que falleció en una acidente de avión cuando viajaba a España.

Mientras que la argumentación para conceder el indulto que sirvió para conmutar la pena de muerte -al igual que se haría con Lluís Companys después- tenía cierto sentido, la exoneración y reintegración de todos los derechos como consecuencia de la amnistía -del mismo que ocurriría otra vez con Companys en 1936- era más endeble. Ambos reincidieron.

El reflejo catalán

La historia de la amnistías tuvo otro colofón en España dramático. La de 1977 zanjó las responsabilidades penales de los terroristas de ETA, que respondieron con la mayor campaña de asesinatos y el mayor número de muertos de su historia, 128, uno cada 60 horas, tan sólo tres años después de que los integrantes salieran a la calle.

Lo paradójico del caso de Sanjurjo es que se imbricó prácticamente con el caso de Cataluña. Mientras aquella madrugada de agosto la prensa, la opinión pública, los manifestantes y por supuesto los acusados seguían en vilo la sentencia, el gobierno republicano de izquierdas de Azaña había considerado que el fusilamiento del general monárquico podía provocar una reacción ya que aunque no se le tenía por un brillante intelecto dentro del ejército, sí aunaba un gran respeto, especialmente entre los africanistas.

La ley estaba diseñada en realidad 'ad hoc' para sacar de la cárcel al militar y no como un mecanismo para garantizar la convivencia

Los mismos que le otorgarían el mando del alzamiento el 18 de julio de 1936. Azaña utilizó el indulto a Sanjurjo como pararrayos mientas se negociaba, precisamente, el Estatuto Catalán, que tantos dolores de cabeza produjo después al gobierno. Lo más llamativo, sin embargo, ocurrió en abril de 1934, cuando durante el bienio derechista, el gobierno de Alejandro Lerroux presentó la ley de Amnistía.

“En el fondo, la medida estaba diseñada para que la amnistía incluyese y excluyese a determinados delitos según los intereses del Gobierno, cuya principal preocupación era liberar a los implicados en la sanjurjada. De hecho, la amnistía se limitaba a los delitos cometidos con anterioridad a diciembre de 1933, dejando así de lado a los implicados en la insurrección anarcosindicalista de finales de año 33” -Juan Cristóbal Marinello Bonnefoy, 'Las izquierdas y la delincuencia político-social durante la Segunda República (1931-1936)' (Universidad Autónoma de Barcelona)-.

La oposición de Alcalá-Zamora

La cuestión se debatió encendidamente en las Cortes en abril de ese año: durante casi un mes hubo enmiendas y discusiones. El verdadero problema resultó, sin embargo, su promulgación. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que es quien tenía que ratificarla con su firma, puso objeciones y la devolvió a la cámara para que se debatiera de nuevo. No sirvió de nada.

El presidente se revolvió contra el refrendo de la ley, esto es para que entrara en vigor. Calculó que sin su firma no se podría llevar a efecto, peo el gobierno de Lerroux le contestó que si no conseguía el voto de ningún ministro, tal y como establecía el artículo 84 de la constitución de 193, no podía bloquear la iniciativa legislativa.

Las posiciones se enconaron y no sólo por las críticas del partido socialista -en franca minoría tras las elecciones del 33, que ganaron los católicos conservadores de la CEDA- sino especialmente porque se produjo un pulso entre Lerroux y Alcalá-Zamora. Como ningún ministro se prestó a dar el voto al presidente de la República que exigía la constitución se produjo una crisis institucional. Alcalá-Zamora entendía que el gobierno estaba quedando por encima de la presidencia de la República, que pretendía garantizar la convivencia y al propio sistema en beneficio del ejecutivo.

El presidente de la República se revolvió contra la ley pero como no pudo impedirla, acabó reprobando a Lerroux, que dimitió como jefe del ejecutivo

"Nos dijo que estaba verdaderamente febril (...) recordó detalles, a veces minúsculos; subió a las cumbres de la filosofía política y descendió a recuerdos personales (...) Tuvo frases mortificantes para quienes votaron la Ley y para el Gobierno que no había sabido vigilar su redación...Acreditó, como tantas otras veces, su enemiga al Parlamento actual, al que ha calificado de peor que las Constituyentes" -Joaquín Tomas Villarroya, 'El refrendo ministerial durante la Segunda República. Dos episodios conflictivos", (Universidad de Valencia"-.

Para no agravar aún más la situación negándose a firmar la ley, el presidente acabó por promulgarla, no sin antes enviar un extenso escrito a la cámara que reprobaba la actitud del gobierno. Básicamente retiraba la confianza a Lerroux, que tuvo que dimitir como consecuencia. Abril de 1934: la solución pasó, después de muchas dudas, por elegir como nuevo presidente a Ricardo Samper, quien protagonizaría la escalada de tensión con la Generalitat que desembocaría en la rebelión: de una amnistía para exonerar a los responsables de un golpe de Estado, a otro nuevo.

Companys: la historia se repite

Samper cayó en el descrédito y tuvo que volver Lerroux para hacerse frente precisamente del desafío de ERC en la Generalitat, la revolución de octubre, instigada y secundada por el PSOE, el caos que produjo y la consiguiente represión.

Lo más increíble de todo el embrollo ocurrió tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Al igual que Sanjurjo, Companys y el resto de responsables de la rebelión catalana habían sido condenados a muerte, aunque ninguno fuera ejecutado. Los políticos siguieron la misma senda que los militares al ser exonerados también de los delitos de rebelión por los que les había condenado en este caso el Tribunal Constitucional.

¿Con qué instrumento legal? Con la modificación de la ley de Amnistía de 1934: simplemente el gobierno del Frente Popular cambió una disposición sobre las fechas de aplicación -que inicialmente estaban restringidas hasta 1932- de forma que la amnistía creada 'ad hoc' para Sanjurjo acabó beneficiando a Companys y el resto de golpistas de la Generalitat.